Invima o la satanización del control y la vigilancia

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derrickEn nombre de Dios se hicieron las cruzadas, asesinando millones de asiáticos, persas y musulmanes, las cruzadas actuales en nuestra isla crean desempleo, corrupción, traen hambre y miseria. Todo en nombre del control y la vigilancia que ordena la ley. La pregunta que nos hacemos es: ¿Cuales son las instituciones del Estado llamadas a apoyar de manera real  el progreso y el desarrollo?

El día 8 de junio del 2012 llegaron a la naciente empresa Fruit Of LIfe embotelladora de agua de coco, dos inspectores del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quienes decidieron cerrar la línea de producción hasta tanto no se realizaran los cambios necesarios que cubrieran los estándares de calidad exigidos por dicha entidad, lo cual me pareció muy positivo.

A través de estos dos meses Fruit Of Life realizó grandes cambios en su infraestructura sin asesoría del INVIMA y con recursos propios. A su vez, la empresa  continúa cubriendo sus responsabilidades con trabajadores y costos fijos, sin poder producir el exitoso producto del agua de coco embotellada.

La inversión ha sido millonaria y todos los que aquí laboramos y muchos otras personas solidarias con nuestra visión, han puesto su granito de arena para que las cosas marchen.

Esperando…

Atendido los correctivos y al ver que todos los puntos del acta levantada por el INVIMA habían sido abordados, procedimos a enviar una carta a la entidad donde se solicitaba lo más pronto posible su visita de inspección para poder entrar nuevamente en producción. Dicha entidad nunca respondió la carta.

El día 15 de agosto llame al INVIMA y pedí hablar con la persona encargada del tema quien me comunicó que la visita se había programado para el día 29 de agosto y que no había nada que hacer, sin importar las razones de insostenibilidad  planteadas en la carta y de manera verbal.

Es decir, el INVIMA tiene la competencia de cerrar y abrir negocios, pero bajo sus tiempos, sin importarle que le sucede a las empresas de la isla y mucho menos a la  única agroindustria del archipiélago.

Lo paradójico de esta situación son los discursos políticos de los mandatarios nacionales quienes aseguran que están apoyando a la pequeña y mediana empresa en todo el país. Y lo igualmente sorprendente, es que a San Andrés no ha llegado tanta maravilla, pero si llegó el control y la vigilancia y no trajo el prometido apoyo para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa que tanto profesa el Gobierno Nacional.

 

Se supone que el Departamento Archipiélago posee un régimen especial y digo se supone, porque en la práctica todo es papel y tinta. Aquí pagamos el registro sanitario como en cualquier otra parte del país, así la ley 915 diga lo contrario y si se nos ocurre reclamar por la devolución del dinero, la respuesta es “el INVIMA no es un banco”.

¿Y la producción local?

En la actualidad resulta más fácil importar un producto de mala calidad de cualquier país extranjero y recibir el registro INVIMA sin ningún costo, cuando este sea importado por San Andrés. 

Producir artículos de calidad locales; crear empleos con mano de obra de la población más vulnerable y oportunidades a los nativos que viven de la venta del coco; recuperar el agro por medio de la siembra tecnificada; recuperar algo de la vegetación perdida por la plaga de la cochinilla (que nuestras autoridades no han logrado controlar); recuperar la cultura del coco; ser la única empresa en Colombia de dicada a embotellar agua de coco 100% natural; diversificar la economía; crear riqueza; aportar con campañas de sensibilización del  reciclaje;  tener políticas de responsabilidad social; poder demostrar cómo se hace industria a los jóvenes de la isla para que sigan el ejemplo; entre otros, para el INVIMA ni para ninguna institución departamental y nacional resulta relevante.

A San Andrés llega el INVIMA, pero no a prestar capacitaciones, ni asesorías. Vienen preferiblemente los fines de semana a cerrar, en este caso, la línea de producción de la única naciente industria del archipiélago, sin importar los puestos de trabajo que se cercenan, el daño económico y el freno al desarrollo que imponen, demostrando un profundo desconociendo de la realidad del archipiélago.

Según el Presidente Santos, este gobierno tiene como meta crear empleo y sacar de la miseria a un gran número de compatriotas, probablemente sea en el continente, porque aquí en la isla esa política no ha llegado.

Como si no tuviéramos suficiente con la inoperancia de la mayoría de funcionarios públicos de las islas que desconocen la autoridad y la ley que representan, ahora tenemos al todopoderoso INVIMA, que no contesta teléfonos, no responde correspondencia y no tiene representación en la isla, mas sin embargo, es la autoridad competente. 

¿Pero qué sucede cuando ellos no están?, quien es el encargado de ejercer un verdadero control y vigilancia a establecimientos que funcionan con bajos estándares de calidad, será que viaticar es el verdadero interés de sus visitas y acosar a los que nos sometemos a la legalidad, a las normas de higiene y salud somos el objetivo más visible y de mayor impacto ante la comunidad.

Señores del INVIMA, la soberanía que necesita San Andrés y que espera de ustedes es apoyo, no necesitamos más burocracia de esa tenemos de sobra. Necesitamos una oficina permanente en la isla que funcione todo el año, que vigile de manera durable pero ante todo que asesore a la pequeña y mediana empresa. Que podamos acudir por un registro sin tener que pasar por abogados en Bogotá que convierten todo el tedioso proceso en uno más costoso. Necesitamos tener claras las reglas de juego porque en la actualidad nada está claro.

Este es el principio de lo que nos espera con el INVIMA. Si las instituciones departamentales y representantes departamentales ante el gobierno nacional no actúan y hacen valer nuestra condición de régimen especial, esta nueva inquisición acabará con lo poco que queda de la economía de San Andrés Isla.

Dentro de muy poco empezarán los “controles”  a almacenes que venden vitaminas y otros artículos que a criterio del INVIMA, deben tener control y vigilancia. Cada almacén se verá en la obligación de tener un empleado de planta experto en temas de “drogas”. Basta ya de tanta burocracia. La empresa privada necesita apoyo y el gobierno está demostrando a través del INVIMA que San Andrés no es  claramente una prioridad en la agenda actual.