Autonomía de papel

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NADIN.MARMOLEJO.NUEVA2020Ha retornado a la palestra pública el tema relacionado con la lucha de los raizales de San Andrés y Providencia por la autonomía debido al proyecto de ley del Estatuto Raizal, cuyo trámite está en curso por estos días en el Congreso de la República de Colombia. 

Con esta iniciativa, el pueblo étnico de las islas pretende obtener el derecho a decidir por sí mismo los asuntos y aspiraciones inherentes a su comunidad, en los ámbitos: material, económico, cultural, territorial, ambiental, espiritual, político, social y jurídico, de acuerdo con sus propios referentes culturales y a su cosmovisión e instituciones propias.

En días pasados el asunto fue objeto de comentarios en las redes sociales. Y aproveché la ocasión para plantear la nada novedosa pero pertinente propuesta de hacer una consulta popular, como la que se hizo para la Región Caribe en 2010, con el objeto de que el pueblo acuda a las urnas a robustecer con su respaldo tan importante proyecto y poder así llegar con más fuerza política y una mayor opinión pública favorable a las instancias nacionales.

Lo hice basado en que la iniciativa raizal ha sido tratada siempre por el gobierno colombiano como una pelota de ping pong. Y los congresistas han actuado como los jugadores del juego pues se han pasado la pelota de unos a otros con el gobierno desde que esta idea surgió. Y tal parece que otra vez está ocurriendo lo mismo con el proyecto de ley que se está debatiendo.

Al paso de estos comentarios salió el ex gobernador Ralph Newball Sotelo, un referente importante de la ‘raizalidad’, cuya autoridad en el tema es bien reconocida, quien escribió: "Me parece que si Colombia quisiera, ya existe bastante legislación para defender el derecho a una vida digna, a una autonomía, a la protección de nuestra identidad, pero no la aplican. ¿Qué nos hace pensar que aplicarán algo nuevo?, preguntaba al final el ex mandatario isleño. Y agregó: "Solo quieren cumplir un requisito y en eso han malgastado cientos de millones de pesos sin ningún producto o avance. Preferiría que apliquen lo que ya tienen", concluyó.

Y creo que le asiste la razón, pues hay un conjunto de normas especiales que le permiten a las islas regirse de manera particular, pero se aplican a medias o no se aplican. Existen el (fundamental) Artículo 310 de la Constitución de 1991, el Decreto Presidencial 2762 de 1991, la Ley Marco 47 de 1993, la Ley 915 (Estatuto Fronterizo) de 2004, la Sentencia C-053 de 1999 de la Corte Constitucional, entre otras, las cuales han de estar envidiando otras regiones del país.

El reto por delante sería entonces ¿cómo abordar colectivamente la tarea de llevar a la práctica lo que ya está hecho en papel y no quedarnos en la queja o la simple contemplación de las cosas?

Valdría la pena que las veedurías, las ONG's, las JAC y las JAL, el periodismo regional, etc., pongan sus esfuerzos en ayudar a concretar los objetivos trazados en dichas normas. Sé que se han hecho intentos por remediar la situación, pero algunos han resultado inútiles o equívocos y otros insuficientes.

Frente a esto se podría empezar ahora por determinar si el Estatuto Raizal que se tramita en el Congreso, que vendría a agregar un importante número de normas de corte parecido a las ya existentes, tiene verdaderas posibilidades de convertirse en realidad, y si contará con la financiación adecuada, la voluntad política local y nacional, y el total respaldo ciudadano para aterrizar la Autonomía pretendida.

Luego, sería necesario definir qué tipo de liderazgos se requieren para realizar el ejercicio colectivo de llevar todo del papel al terreno de la práctica. Por supuesto, combinado con un alto grado de autoridad, esa que nace de la coherencia entre el hacer y el ser, y es resultado de una práctica efectiva de valores, decisiones libres o racionales.

La actual combinación de factores y circunstancias derivadas de la pandemia y del paso de los huracanes Iota y Eta por el territorio insular, constituyen un momento histórico y propicio para encontrar el camino que conduzca hacia una verdadera Autonomía y materializar las soluciones de largo plazo que resuelvan de raíz los problemas que acusa la población raizal en todos sus aspectos.

En Colombia solemos creer que los problemas se resuelven haciendo leyes, decretos o resoluciones. Por eso en el país hay una ley para todo. De hecho, el doctor en Ciencias Políticas e investigador en de justicia, Mauricio García Villegas, al respecto afirma que "las normas no se promulgan para ser aplicadas, sino para ser promulgadas, para crear un impacto simbólico en el público".

Es lo que tiene que cambiar a fin de dar el salto sobre la enorme brecha que separa el mundo ilusorio de la actual Autonomía de papel al campo de la Autonomía real.

Sumativo.- Deseo a todos los lectores de El Isleño y de esta columna de opinión una Feliz Navidad y un Año nuevo 2021 bien cargado de prosperidad, paz, y mejores condiciones de vida. Y los invito a no dejar de usar el tapabocas contra la COVID-19 en tales celebraciones.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen