A oídos del nuevo gobernador

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HAROL.BUSH2Dos aspectos urgentes, entre otros tantos, que deberá atender el nuevo Gobernador a partir del primero de enero de 2020, son la creciente y preocupante situación de violación de derechos humanos y rescatar la resquebrajada autonomía administrativa del Departamento Archipiélago. Están íntimamente conectados y se retroalimentan pero no siempre coinciden desde la perspectiva oficial.

Los derechos humanos étnicos y comunitarios en general, en especial los ambientales –acceso a salud y adecuados servicios como agua y conectividad (todos afectados por la sobrepoblación) y la libre expresión–, no siempre reciben atención o tratamiento adecuados por parte de la metrópoli.

El control administrativo y presupuestal de parte de Bogotá es selectivo en lo que atiende y podría estar por lo tanto opacando o ignorando asuntos considerados urgentes por las islas en relación a los derechos citados y otros temas de alta importancia y delicada sensibilidad.

Los hilos conductores de las cuestiones de autonomía y derechos humanos conforman una suerte de vacío, indiferencia o amnesia institucional de parte de entidades nacionales administrativas y de control, todo lo cual es aprovechado en beneficio de intereses económicos y también criminales.

Desde Bogotá se controló o por lo menos se giró selectivamente el dineral invertido en el Plan Archipiélago durante los últimos años, y también el de los controles al narcotráfico. Y hay que decirlo: los dos aspectos no alcanzaron los resultados esperados.

De allí la reciente ola de corrupción y los estragos sociales causados por el narcotráfico que se ha dejado salir fuera de control. Los isleños deben sufrir, y es hoy fuente de muchos atropellos a los derechos humanos, en especial por intimidación y amenazas, y por la zozobra social que se genera cada vez que hay crímenes por supuestos ‘ajuste de cuentas’.

El tema de derechos humanos en particular se mantiene con bajo perfil por instituciones locales y nacionales, seguramente porque las violaciones se asocian intrínsecamente a la corrupción, narcotráfico, indiferencia e ineficiencia administrativa y múltiples atropellos étnicos a lo raizal por el mismo Estado que no se desea atender de fondo, tal vez por su complejidad pero también por la incapacidad o desinterés estatal de hacerlo adecuadamente.

El tema trepa de manera alarmante en la coyuntura isleña y es visto con mucha preocupación por organismos internacionales como la ONU a través de su Comisión de Derechos Humanos en Bogotá.

Además de lo reportado a diario en relación a seguridad, muertes, medio ambiente y calidad de vida; hay varias amenazas de muerte, que incluso obligaron a una líder raizal a salir del país.

Existen también violaciones contra defensores de esos derechos humanos que persiguen hacer respetar el derecho a la verdad, al control ciudadano y a la transparencia y eficiencia pública. Estos atropellos llegan con múltiples procesos de judicialización, constantes ataques, hostigamiento, intimidación y campañas de estigmatización y de desprestigio.

Autonomía resquebrajada

El dilema que hay es que, aunque con autonomía, las islas no van a poder manejar por sí solas muchos de los problemas, como el narcotráfico y asuntos medioambientales. Esto sugiere una mayor cooperación y coordinación, pero no la imposición desde la Bogotá como ocurre con frecuencia.

La pérdida de autonomía fue sellada con el nombramiento presidencial de un Gobernador encargado-in eternum con la justificación de la sistemática corrupción local, irónicamente permitida y tolerada, cuando no originada, desde la misma capital.

La intransigencia en no tocar la terna y temas raizales e intentos desde Bogotá de manejar casi todo, como el nuevo censo, el Estatuto Raizal –en modo suspenso– y el estudio de capacidad de carga promovido por la OCCRE, indican aspiraciones de mayores controles capitalinos o simple indiferencia.

De allí que el gran reto para el que gane las elecciones será poder manejar intereses prioritarios para las islas que podrían chocar con intereses nacionales y, al mismo tiempo, con compromisos políticos o económicos adquiridos en las campañas, todo lo cual podría limitar el rango de acción del nuevo Gobernador y hacer repetir otra crisis.

Y a decir verdad, no es justo tener que aguantar un tratamiento condescendiente desde allá, si sabemos que las irregularidades tienen su raíz en programas y obras que ejecutan entidades del orden nacional, las cuales corresponden, además, a alrededor del 70% del presupuesto de la inversión pública. Esto convierte al Departamento en un simple emisor de permisos. Con el guiño de la metrópoli, claro está.


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Última actualización ( Domingo, 02 de Junio de 2019 11:59 )