¿Capacidad de carga o de recarga?

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HAROL.BUSH2Después de varios años de intentos fallidos, por fin el archipiélago podría tener una nueva política poblacional basada en su capacidad de carga que puede conducir a reajustes en manejo poblacional, ambiental y urbano. La Gobernación Departamental y la Oficina de Control de Circulación Residencia (Occre) lo impulsan a través de la UNESCO y una universidad del exterior.

Se espera que justifique y otorgue impulso a políticas específicas de manejo poblacional y en consonancia mejoramientos económicos, socio-ambientales, culturales y de servicios públicos domiciliarios, y así atender necesidades insatisfechas de los isleños, el 43% de los cuales están por debajo de dicho umbral.

Sin embargo, ya hay presiones de control por parte del oficialismo nacional, similar a las que enfrentó el Estatuto Raizal, posiblemente por temor a tener que ceder mayor autonomía a las islas en manejo poblacional de lo cedido a través de la Occre o verse presionados a invertir más en las islas que, de hacerse, debe venir con más controles fiscales y ciudadanos que en los últimos ocho años.

El estudio podría dejar al descubierto deficiencias y fracasos de planes de inversión nacional y al mismo tiempo apuntar a soluciones que requerirán decisiones impopulares e inversiones millonarias.

El problema poblacional requiere soluciones nacionales y locales pero, ante su falta de atención desde Bogotá, se ha venido abordando desde las islas, como ocurrió con la creación de la Occre. El control y manejo poblacional es ordenado por la Constitución y debería tener mucho más respaldo nacional.

Una tarea de todos

Es importante por lo tanto que se dejen a un lado diferencias y se abandonen celos y desconfianzas institucionales y territoriales. El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), por ejemplo, debería pasar información poblacional a las islas para cotejar con la base de datos local para tener un panorama más detallado de cosas tan sencillas como cuántas personas habitan en las islas, algo donde se presume que la entidad falla y por eso se hará un nuevo censo como base del estudio.

Es importante también una mayor participación y consulta ciudadana y de los gremios económicos que deben proveer insumos en relación al modelo de desarrollo insultar que, aunque genera rendimientos económicos, causa serios daños ecológicos y sociales y no ha entregado el bienestar socio-económico deseado.

Lo que recomienda el estudio podría chocar en parte con realidades económicas, jurídicas y político-institucionales. De allí que un gran dilema es qué población controlar, de ser necesario, porque el modelo económico predominante de las islas se basa en la llegada de más turistas y por otra parte, la salida de residentes legales debe ser voluntaria y no forzada.

Es además difícil interferir, so pena de afectar el desarrollo económico, con un aumento poblacional temporal predecible para atender la demanda de mano de obra para trabajar en los hoteles, atractivos turísticos y edificios que no paran de construir.

Reducir la población residente enfrentaría muchos retos legales y logísticos por cuanto requiere de mucho dinero y no se puede afectar derechos fundamentales, aunque interfieren con los de la comunidad étnica nativa o raizal que deben ser protegidos como ordena la Construcción y las leyes.

Un control poblacional en relación a la limitada capacidad de carga solo se podría hacer de manera fácil en relación a los turistas con, por ejemplo, el aumento de la tarjeta de turismo. Pero el sector hotelero en general, el motor de la economía, tiene otras ideas: las islas tienen aún un enorme potencial turístico pero hay que mejorar la infraestructura protegiendo el medio ambiente.

Por lo anterior, dependerá de todos la utilidad del estudio que podría terminar como el de Providencia, archivado. Otro gran riesgo, como ocurrió en buena parte con el Estatuto Raizal, es que sirva de sofisma de distracción y genere expectativas que luego no se cumplen.

Podría no ser la sobrepoblación

La relación de la capacidad de carga con una población alta se vuelve un problema cuando se generan daños ambientales y culturales y no hay provisión adecuada de servicios públicos como agua. Hay islas y ciudades con densidades poblacionales más altas que San Andrés pero sus habitantes tienen agua y viven mucho mejor.

La sobrepoblación podría ser más síntoma de la falta de planeación y mejor inversión estatal en servicios públicos, que la fuente de problemas.

Hay muchos más conceptos erróneos. Con frecuencia se dice que es la causante de la inseguridad, pero se ignora el hecho de que los perpetradores son residentes legales y el factor de seguridad es una consecuencia de fracasos de las instituciones y no de la presencia de muchas personas.

Más un asunto de manejo de crisis

Desde la perspectiva ambiental la capacidad de carga ya ha sido saturada y por ello San Andrés deberá ser abordada desde una perspectiva tanto ambiental como desde la más compleja de tipo urbano con sus múltiples aspectos.

Así las cosas, el estudio y el diseño de nuevas políticas (si se implementan) servirán más para el manejo del proceso de toma de decisiones para atender la crisis urbana y ambiental y no necesariamente constituirán medios para la protección ambiental de las islas.

La capacidad de carga no es un concepto científico o una fórmula para obtener un número después del cual el desarrollo adecuado se le niega o se le asegura a las islas. Por ello no se puede asumir una situación estable y predecible, sino dinámica que se modifica en el tiempo en relación a factores como un-boom económico o el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

Es un proceso donde los límites son considerados como guías y el monitoreo constante es fundamental para tomar acciones preventivas y de mitigación.

El estudio llevará seguramente a fricciones interinstitucionales y sociales porque las demandas poblacionales siguen excediendo los límites de la oferta de servicios públicos. Un ejemplo controvertido: a pesar de la nueva planta desalinizadora las casas isleños aún sufren por la ausencia del líquido pero a los hoteles se les surte bien.

Lo más seguro es que se recomiende que la infraestructura urbana de servicios públicos se actualice de conformidad con la demanda poblacional, pero llevamos más 60 de años desde la apertura del Puerto Libre tratando de lograrlo.

También podría servir para intentar repotenciar a las islas como destino turístico y ello podría traer más problemas de no atender adecuadamente las necesidades requeridas en servicios públicos y protección socio-ambiental. Lo único cierto es que el estudio abrirá un debate muy necesario, tanto que es ineludible e impostergable para el futuro inmediato de las islas.


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