A su servicio

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SHELLY.PALMER

Mientras la vida política en la isla enfrenta un revolcón que, pese a los rumores, constantes insinuaciones de un bando u otro y obvias e históricas irregularidades; tomó por sorpresa tanto a implicados como al resto de la comunidad.

Lo anterior, más por la ‘contundencia’ de la justicia colombiana que por la novedad de los hechos. De tal manera que me han surgido algunos cuestionamientos.

En principio tienen que ver con el mutismo generalizado que ha reinado entre nosotros, relegándonos a comentarios vagos, infundados o iracundos, ignorantes o indiferentes, ciertos o falsos, entre los corredores de WhatsApp u otras redes sociales mientras en la realidad seguimos con nuestras vidas como si no nos hubiera pasado nada, como si aquello se tratara de una noticia más de alguna otra ciudad en Colombia.

¿Qué nos pasa? ¿No es esta una de esas situaciones en las que se debería reaccionar como si nos mentaran la madre? Y me parecen de ensueño esas sociedades en las que aún son capaces de movilizarse, agruparse y llamar a la unión (en vez de la separación) para protestar, para reclamar. Y por el contrario, me aterra la posible explicación, se trata acaso esta indiferencia entre la mayoría de nosotros de la evidencia de una complicidad vieja, terca y desagradable entre aquellos que ejercen el poder y el resto de la sociedad isleña que orbitamos alrededor contentos con las migajas que dignan a ofrecer aun pisoteando a los más débiles, aun pisoteándonos.

Pero, ¿quiénes son estas personas?, a los que les permitimos llegar allí. Me da la impresión que en el inicio de todo hay un aspecto que pareciera meramente romántico, cursi, cliché y como mandado a recoger en estos tiempos. Y se trata, quizá, del primero de nuestros problemas y hasta el desencadenador de la cultura imperante en nuestros entes territoriales que, por allá, en el rincón más olvidado yace; se trata del significado y el valor del servidor público.

De acuerdo con nuestra Constitución (art. 123) el servidor público se refiere a las personas naturales vinculadas a un organismo público por un procedimiento electoral, reglamentario o contractual laboral; a cargos previamente creados, para el ejercicio de funciones y deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las actividades del Estado en las diferentes ramas, órdenes, niveles y organismos autónomos.

Si se pudiera simplificar entonces hablaríamos de “personas en cargos de determinadas autoridades públicas que permiten lograr los objetivos del Estado”.

Y no hace falta entrar en tecnicismos para suponer lo que significa ser un servidor público. No hace falta escudriñar el Código Único Disciplinario para imaginar lo que un servidor público debe hacer.

El concepto quiere dejar claro que el ejercicio del poder público tiene como razón de ser el logro de los fines de la sociedad y del Estado y no el beneficio personal[1].

Pareciera que esas personas allí arriba se han olvidado del principio ordenador de sus funciones y, peor aún, se nos ha olvidado a nosotros exigirles que así lo cumplan. Por el contrario, nos volvimos cómplices por acción u omisión, transitando entre las aguas turbias del poder, escudados en una falsa moral esperando que al final del día no se nos note que también buscamos un interés particular y no el común.

Como si no se tratara de nuestra propia gente pagando las consecuencias en una sala de emergencia o en una camilla sin servicio de salud de calidad, como si no fueran nuestros propios niños los que juegan en las aguas negras que ya no saben a dónde correr, como si no fueran nuestro jóvenes corriendo ansiosos hacía caminos sin retorno, como si no fueran nuestras casas las que saquean, como si no se tratara de nuestra propia dignidad, la de raizales y residentes, la que ponemos en la línea de fuego.

Entonces para quienes en estos días se atrevan a portar la bandera de la salvación como si fueran una especie de ‘súper raizal’ o de ‘súper residente’ en la carrera por la gobernación de estas islas o por una curul en la asamblea departamental, vale la pena que recuerden bien de que se trata esto y que esa carrera los conduce hacía un puesto de servicio público, de servicio a usted, a mí, a todos.

No nos hacen ustedes un favor al escucharnos y atender nuestras necesidades, porque es esta su obligación. Y así, en el resto de nosotros no queda sino exigir ni más ni menos que sea toda la comunidad, y no unos cuantos, quienes reciban las garantías para una vida digna.

Aunque así pueda parecer, esto no va dirigido solo a aquellos que buscan la gobernación o la alcaldía; viene siendo un mensaje para todos los funcionarios públicos del archipiélago, quienes en la comodidad de su puesto piensan que están por encima del bien o del mal, y que se piensan como seres intocables, con la facultad de hacer lo que deseen en el desarrollo de sus funciones, incluso ir contra su propia comunidad, cuando realmente son servidores, una palabra que más allá del romanticismo con el que la he abordado tiene unas reglas bastante claras en el marco legal.

Quizá, los últimos hechos nos permitan reconocer en el otro la fuerza de un aliado, más que la de un enemigo para unirnos como sociedad y hacerle frente a un problema mucho mayor que nuestras propias diferencias. Un problema que nos supera porque no está solo en quienes ostentan el poder sino que se alberga y alimenta dentro de cada uno de nosotros también.

[1]MARTÍNEZ CÁRDENAS, E.E. y RAMÍREZ MORA, J.M. (2008). Régimen del Servidor Público. Programa Administración Pública Territorial. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). 1-234 p. Bogotá, Colombia.


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