Para la consulta anticorrupción debemos votar donde siempre, sí donde votamos las presidenciales. Debemos votar Sí a cada una las siete casillas y preguntas de la consulta. Votaremos Sí por propuestas, distinto a las tradicionales caras, logos o partidos.

Así, votaremos para salvar nuestros recursos, con los que pudiéramos tener hospitales siquiera bien dotados de insumos, o para disminuir la desnutrición en un país que paradójicamente ahora es miembro de la OCDE. Y solo votaremos los que teníamos las cédulas inscritas para presidenciales.

La consulta costará menos de $300.000 millones de pesos, similar a lo invertido en la reciente segunda vuelta presidencial. Y será una inversión que luego generará un ahorro al año por la misma cifra en sueldos de congresistas y otros altos funcionarios. Inclusive esta es una inversión menor al 1% de lo que se pierde por corrupción al año en nuestro país.

La consulta se promueve con el esfuerzo ciudadano, en un ejercicio transparente y honesto. Además, la consulta es diferente a otras votaciones porque será la demostración de que los ciudadanos podemos salir a votar motivados sólo por el poder de la democracia y nuestra voluntad política. La consulta nos llena de esperanza, y reduce los miedos. Solo la conciencia limpia nos llevará a los puestos de votación.

El 26 de agosto de 2018, votaremos más de 12 millones de ciudadanos para respaldar la consulta anticorrupción, y cada una de sus siete preguntas obtendrá 6 millones de votos por el sí. Confío en que los colombianos y en especial los isleños derrotaremos a los corruptos. Votando sí  en la consulta obligaremos al congreso a legislar los siete mandamientos populares, y de acuerdo al artículo 42 de la Ley 1757 de 2015, los legisladores deberán adoptar en menos de un año la decisión del pueblo, y si desisten de hacerlo el presidente de la república deberá hacerlo cumplir mediante decreto ley.

Los siete puntos a votar sí  en la consulta anticorrupción implican:

• Reducir de 40 a 25 salarios mínimos el salario de altos funcionarios del estado. Podrán vivir al mes con 19.5 millones de pesos, mientras el 80% de los colombianos vivimos con menos de 1.5 millones de pesos.

• Evitar que los corruptos condenados obtengan reclusión especial y continúen contratos con el estado.

• Obligar a todos los niveles del estado a utilizar pliegos tipo antes de celebrar todo tipo de contratos (incluso en temas de salud). En el archipiélago será clave para evitar convocatorias amañadas para la contratación de corruptos y personal sin residencia en las islas.

• Obligar al estado a incluir a la ciudadanía en la decisión del desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.

• Congresistas y demás corporados deberán rendir cuentas anuales

• Obligar a todos los funcionarios electos a hacer pública sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Así se evitará el enriquecimiento ilícito de los funcionarios.

• Establecer un límite de máximo tres periodos dentro de una misma corporación de elección popular. Así veremos siempre nuevos congresistas o diputados o concejales, y nuevas ideas.