Aún no queda claro cuántas personas que se han declarado víctimas del conflicto armado han llegado a las islas, aunque fuentes de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre) estiman que son alrededor de 800, una cifra muy superior a la que maneja la Defensoría del Pueblo que reconoce sólo 344.

Detrás de esta discrepancia hay muchas cosas: entidades y políticas nacionales ignoran las particularidades sociales y legales del archipiélago; fallas de los funcionarios e instituciones locales –entre ellas la Occre– que no actuó de manera oportuna para evitar un problema mayor que puede terminar en una avalancha de desplazados llegando a las islas.

Está también la potencial apertura de un gran boquete para que más personas se establezcan legal y fácilmente en una isla muy más que sobrepoblada y con crónicos problemas de todo tipo. Es que al parecer, tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) con solo declarar que se es ‘desplazado’, alguien ahora puede establecerse en las islas y la Occre no podría hacer nada.

Algunas autoridades no han querido hablar del tema pero nos deben muchas explicaciones porque esto se volvió un asunto mayor por el total rechazo de todos los sectores (algo poco visto en las islas) porque las mismas no tienen la capacidad para recibir más gente, se ignoraron los controles existentes, se otorga prioridad a los derechos de un individuo por encima de los de una comunidad otorgada por la Constitución y se abre la posibilidad de que llegue muchos más desplazados.

La reciente decisión del Tribunal legaliza la residencia en el archipiélago de todo desplazado, ignorando las normas de control poblacional que la Constitución expresamente nos otorgó y subestima los controles de la Occre para los supuestos desplazados que aplican a todas las demás personas. Vulnera la autonomía la oficina y burla las medidas de control poblacional por las que tanto hemos peleado. Y ahora hasta llegan venezolanos.

La decisión no es sólo una clara violación del artículo 310 de la Constitución y de las normas de control poblacional del Decreto-Ley 2762 de 1991, sino que no sigue la lógica de políticas gubernamentales nacionales y locales respaldadas por ellas para controlar la alta densidad poblacional que está afectando la calidad de vida local por la escasez de óptimos servicios públicos, el deterioro ambiental y presión sobre los recursos naturales en un ecosistema supremamente frágil, y por problemas asociados como inseguridad, desempleo y hacinamiento.

Autoridades locales ¿también culpables?

Sin embargo, hay que señalar que en este caso la Occre es en parte responsable porque no presentó argumentos legales contra la tutela. El TCA la exhorta o advierte de no exigir permiso laboral con relación al desplazado que demandó –un señor de Bolívar y su familia, que se ‘reubicaron’ en el Departamento.

Con su decisión el Tribunal vuelve crítico un problema que ya se estaba dando con la anuencia de las autoridades. Antes de la decisión había una política nacional de puertas abiertas para desplazados que incluye establecerse en cualquier parte del país donde quisieran. Las autoridades locales al parecer no le prestaron la atención adecuada, estaban al tanto pero no la cuestionaron o la aceptaron y no esperaban que llegaran muchos.

La decisión del Tribunal cambió todo al dejar las puertas abiertas a muchos.

Ahora se insinúa que el Gobierno Nacional usa a los desplazados como parte de su política de poblamiento y soberanía en las islas. Aunque no hay prueba de esto, uno no puede descartar contradicciones en la actuación del Estado. Por eso se teme que el Estatuto Raizal y la inversión pública en las islas están siendo condicionados a que se acepten a los desplazados.

Tal vez por eso las autoridades locales hicieron caso omiso a la política nacional de puertas abiertas a los desplazados. Algunos llegan con una carta de la Unidad de Víctimas, el DPS o de la Defensoría del Pueblo que los acredita como tal.

Si bien no se puede dudar de que los que hayan llegado –y probablemente seguirán llegando– son víctimas del conflicto armado y necesitan amparo y protección estatal, las islas no están en condiciones de otorgarlas y no se explica por qué el Gobierno Nacional no lo ha impedido si hay muchas más oportunidades –y sobre todo espacio– en otra partes del continente.

Declararse desplazado genera una acción legal y humanitaria, pero puede permitir una débil caracterización que a su vez abre la posibilidad de que lleguen tanto desplazados como reinsertados y otras personas. Amparados en la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, cualquiera que desee vivir en el archipiélago y se declare desplazado lo podría conseguir. Así de fácil.

El censo oficial (voluntario) efectuado apenas el mes pasado por la Defensoría del Pueblo en San Andrés indica que hay 109 familias y 344 personas que se han declarado víctimas del conflicto armado o desplazados.

Se hizo el censo a raíz del incremento de llegadas. Se considera por lo tanto que muchas llegaron aprovechando la política de puertas abiertas y luego desaparecieron. Algunos han acudido a la Defensoría local declarando ser desplazados tras terminar sus vacaciones y no querer volver a su sitio de origen.

Las islas aún claman por soluciones a sus problemas y se siente que con la nueva realidad de los desplazados se generarán más. Esto es como si pidiéramos agua y el gobierno nos mandara fuego, porque se contribuye a exacerbar crónicos problemas locales. Por fin cuando nos prestan algo de atención, recibimos una estocada donde más duele y hace más crítico nuestro mayor problema, la sobrepoblación.