El archipiélago oceánico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en medio del Mar Caribe no tiene un servicio normal de salud que les garantice seguridad a los pobladores legalmente radicados en las islas, mucho menos para la enorme cantidad de turistas que día a día nos visitan y muchísimo menos para los considerados 'desplazados' por la violencia y conflicto armado en Colombia. Menos mal dice el presidente Santos que llegó el momento de la paz.
Hace poco la revista ‘The Economist’ publicó las 20 ciudades más seguras del mundo, luego de enviar durante dos años a un equipo de inteligencia a visitar 60 ciudades (más pobladas) y a las metrópolis tecnológicas para recolectar datos y así poder calificarlas. En cada ciudad se evaluaron aproximadamente 50 aspectos entre los que están: seguridad en las calles, la atención médica, calidad de vida, prestación de servicios de agua, luz, teléfono e internet y la seguridad digital que ofrece el gobierno. ¿En qué puesto quedaría San Andrés? “Pónganle cero”, diría ‘El Chavo’.
Sabemos que en el país el tema de salud es crítico pero en el archipiélago por ser oceánico ¿no debería el Estado abrir más el ojo y optimizar este servicio? Todos sabemos que existe en San Andrés una edificación diseñada para una ciudad como Tunja, que se llama ‘Clarence Lynd Memorial Hospital’. Todos sabemos que está construida sobre una mole de tierra arcillosa. Ya todos sabemos que cuando llueve se moja más adentro que afuera, y hasta más…
Todos sabemos también que la privatización del servicio médico en el archipiélago no ha funcionado. Todos sabemos que no hay contratos con los galenos. Todos sabemos que no hay insumos suficientes. Que el tomógrafo –a pesar de lo que dicen las autoridades– está dañado. La planta de energía igual. Y etcétera… ¿Cuál es el plan? ¿El exterminio de la población isleña?
El tema de la sobrepoblación se menciona cuando conviene y no se hace nada para controlarla desde sus orígenes. Eso sí, se sigue cobrando la tarjeta de turismo por más de 100 mil pesos por persona y la gente sigue entrando y se va quedando y nadie dice nada; excepto el jefe del control poblacional que denuncia, además, la entrada de venezolanos... que allí se quedan. Denuncia el regreso de indocumentados que fueron expulsados y no pasa nada. Denuncia ‘roces’ con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con el tema desplazados ¿y?.... No pasa nada.
Tuvo que venir el periódico ‘El Tiempo’ para medio destapar la olla en el ‘Encuentro Regional por la Reconciliación’ y tocar el tema de los “desplazados” radicados en la isla, versus la desplazada población Raizal en su propia tierra. Donde el senador Efraín Cepeda Sarabia participó y dijo: “Sabemos que al menos hay 100 familias víctimas del conflicto viviendo en San Andrés y que aquí nos enfrentamos a dos tesis: una norma constitucional que ampara a las víctimas y su mínimo vital; y otra, la superpoblación en la isla que compite con la primera". ¿Y?
Por último, dos de los diez ‘derechos de los desplazados’ a la letra rezan: “Recibir atención médica especializada donde lo necesiten” y “Derecho a solicitar un subsidio de vivienda donde quieran”. ¿Existe posibilidad en el archipiélago de NO violar estos derechos? ¿Qué pasa con la población Raizal y los legalmente asentados que no gozan de estos derechos? Quizás tendríamos que inscribir a toda la población como desplazada para adquirir lo mínimo vital y convertirnos en víctimas de desplazamiento forzado. En nuestra propia tierra.