Infidencias para una autonomía en la cotidianidad…

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SALLYTAYLORParticularmente, no soy de escribir cuestiones personales en columnas de opinión para medios de prensa, pero dadas las circunstancias y la interpelación que me causa esta situación, comparto con los amables lectores, la siguiente infidencia.

Retorné a la isla de San Andrés en a principios de julio del presente año. No había nada que me hiciera más feliz que el hecho de regresar a mi isla natal para reencontrarme con mi familia y amigos. Imagínense el cuadro: ‘Mujer raizal, Doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Antropología Social, graduada con mención honorífica en uno de los centros de investigación más importantes de México, regresa al archipiélago de San Andrés’.

Fuera de la alegría que me producía volver tenía la expectativa de que a partir de mi proceso de formación profesional podía ser agente de diferentes procesos sociales, pues creo que ésta es la labor de los académicos y activistas. Como investigadores independientes o adscritos a una institución  pública o privada, estamos llamados a  estudiar los fenómenos sociales que nos circundan, a facilitar procesos de reflexión y acción para la construcción de un conocimiento comprometido y responsable con las necesidades regionales. Grosso modo, esa es mi apuesta y aunque este es un asunto que requiere mayor elaboración de mi parte, no será objeto de reflexión ahora.

Regresar a las islas no ha sido fácil. De hecho no alcanzaba a imaginar que mi mudanza de un país a otro podría causar tantas dificultades. Desde principios de julio envié por transporte aéreo parte de mis pertenencias, pues como entenderán, el cupo para transportar equipaje por vías aéreas comerciales es limitado. Máxime cuando son cuatros años y medio de una vida hecha en otro país. Tres cajas de libros con densas lecturas de antropología, varios cuadernos de notas de campo, recortes de periódico y una maleta con ropa, eran la síntesis estrecha de una experiencia de vida en Guadalajara. La sumatoria de estos artículos era un peso aproximado de 80 kilos. El trasteo de mis “cositas” no fue tarea fácil, sin dejar de lado el alto costo que implica el pago de este servicio de país a país, pues el flujo de dinero se vuelve más restringido así una esté graduada y con considerables deudas por pagar.

Sin embargo, al intentar ver “el vaso medio lleno en esta situación”, consideré que este medio de transporte era el más seguro y al contratar la empresa de mensajería se  me garantizó que  el servicio de transporte realizaría el traslado de este menaje hacia la isla de San Andrés. –Hasta ahí, no había mayor complicación y parecía un proceso relativamente fácil y expedito.

Contrario a lo esperado, el traslado desde Guadalajara hacia San Andrés apenas era el comienzo del calvario. Ya han pasado casi tres meses y mis “cositas” siguen en la zona franca de la fría ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la razón? según me informó la agencia de servicios de logística contratada por la transportadora, el trayecto tuvo que interrumpirse porque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debía realizar la inspección de la mercancía e iniciar el proceso de nacionalización desde Bogotá.

Después de un intercambio fluido de llamadas y consultas por correo, recurrí mediante derecho de petición a la Defensoría del Contribuyente de la DIAN  a nivel nacional para que tomara acciones frente al caso. En dicha comunicación les hice conocer sobre las ventajas y exenciones que tiene el archipiélago por cuenta de la Ley 915 de 2004, “Por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

En esta ley el artículo 7 reza que“Toda mercancía con destino al Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por circunstancias de rutas de transporte tenga que tocar puertos o aeropuertos del resto del territorio aduanero nacional, solo podrá ser inspeccionada, por efectos de seguridad nacional, por las autoridades competentes. En tales eventos deberá hacerse en presencia del consignatario, de su representante o apoderado. Los propietarios de estas mercancías no están obligados a efectuar pago de tributos aduaneros, por cuanto dichas mercancías y/o bienes llegan al territorio aduanero nacional amparados bajo el régimen de tránsito y su destino final es el departamento Archipiélago, donde se surtirán todos los trámites de introducción”

Una lectura obvia de esto es que dicho procedimiento debería realizarse una vez llegue al puerto –en este caso–  el aeropuerto de San Andrés. Armada de valor y con la convicción de defender esta prerrogativa autonómica, les escribí sustentando que como natural del archipiélago y en reconocimiento a la figura de Puerto Libre vigente para el archipiélago desde 1953, tenía derecho a que la inspección y nacionalización de estos artículos se realizara en mi presencia y en la isla.

Sin embargo, las razones que expuso la DIAN para sustentar que el procedimiento debía adelantarse en Bogotá, no eran para nada tranquilizadores. Según la comunicación recibida el procedimiento debía hacerse porque el peso de los artículos en proceso de nacionalización estaba por encima de los 50 kilos y la categorización de los artículos en mención estipulaba que debía trasladarse a Zona Franca. Así las cosas y por el tiempo transcurrido, hacer los respectivos cambios no era una opción.

Después de meditar si era necesario interponer una acción de tutela o trasladarme a la ciudad de Bogotá, no tuve otro camino que el ‘sometimiento’. ¡Sí! así como lo leen. El sometimiento a tener que aceptar los servicios de una agencia logística que por imposición de la empresa transportadora era la autorizada para iniciar los trámites de nacionalización a mi nombre. Seguramente, como bien lo indicaron, yo tenía derecho a utilizar a otra agencia, pero dada la premura del tiempo acogí los servicios de la empresa sugerida. Como no, si la agencia conocía de los procesos que debían adelantarse para término a este procedimiento. Entonces, sin imaginar lo que me esperaba cuesta arriba, decidí iniciar el proceso de ‘importación’.

Al iniciar el trámite tuve que pasar por una serie de preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿usted tiene contemplado volver a radicarse en México?, ¿en dónde compró la mercancía? la impotencia me invadía al intentar explicar una y otra vez que dichos artículos fueron adquiridos durante mi estancia en México, que no eran mercancías y que era mis “cositas”…

En fin, al reflexionar sobre estos  inconvenientes  no queda más que preguntarse si este tipo de situaciones no son una afrenta o una “infidencia” cotidiana a la autonomía. Esa  que por tanto tiempo estos territorios han reclamado y a la que infortunadamente el estado con su lenta velocidad y densa burocracia no han logrado reconocer y aplicar.

Sería interesante que en pleno desarrollo de las discusiones y mesas de trabajo del estatuto  se consideraran este tipo de situaciones, pues son las que en la práctica hacen posible transmitir que hay autoridad y pleno cumplimiento de las disposiciones especiales que cobijan a este territorio y a sus habitantes.