Paro de maestros: tiempo de reposición

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Concluido el berrinche y mientras curan sus heridas, ensayemos un balance de pérdidas y ganancias, no sin advertir que el nudo gordiano a deshacer fueron los recursos económicos, no la educación preescolar, ni las normales, ni la evaluación de docentes, ni el estatuto único, ni siquiera la salud, ni la jornada única, ni nada por el estilo. 

Ahí están las miles de familias que debieron enfrentar los peligros y la zozobra de dejar a sus hijos abandonados y a “la buena de Dios”; sufrimientos y angustias que no son tasables en dinero. También las personas que robustecen sus magros salarios con trabajos de refuerzo y orientación en la elaboración de “tareas” escolares, y que por cuenta del paro no tuvieron ese ingreso. O las vías bloqueadas impidiendo no solo la libre movilización, sino el trabajo de miles de personas, muchas de ellas padres de escolares, que obtienen su sustento gracias a las vías con libre circulación.

Agreguemos las madres cabeza de familia, de quienes dijo el presidente de Fenalco que “Ellas no pueden ir a trabajar o les toca pedir permisos con el consabido perjuicio económico para la empresa que no puede contar con toda su planta de personal. En otros casos, les toca a ellas contratar a alguien que cuide los niños, generando un gasto adicional en la familia”. Según el DANE 2005 cerca del 30% de los hogares isleños tienen a la mujer como cabeza de familia.

Registremos los infantes que asisten Jardín y Transición que no pudieron recibir su ración diaria del Programa PAE, unos 613.729 según datos del MEN; según el PDD, en el Departamento son cerca de 900 infantes.

Otro elemento a tener en cuenta y que sufrió un serio revés son las Pruebas saber 11, las cuales no solo se trasladaron de fecha sino que implican una enorme desventaja de los estudiantes de 11 grado de los colegios públicos frente a los privados por el desgaste y las carreras como serán atendidos por sus maestros en el aula.

Si los anteriores aspectos son graves, el del tiempo de “recuperación” al que se comprometieron las partes no lo es menos y podría ser más delicado aún, si cabe.

Como el paro se levantó el 16 de junio, cuando los estudiantes ya habían entrado al período de receso escolar (12 de junio) se cercenaron al primer semestre académico 21 días (el 29 de mayo fue festivo). Para completar el tiempo de ley y concluir ese semestre, las clases deberían ir hasta 9 de agosto. A partir del 10 de agosto y hasta el 4 de enero de 2018 se completarían las 20 semanas de ley y las 40 que exige la norma vigente, incluida la semana de receso escolar del 12 de octubre, que es “la semana inmediata anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América”.

La mentada Acta de Acuerdos prevé el protocolo a seguir para la elaboración y aprobación del nuevo calendario académico que es obligatorio establecer. En ella se lee que “Para este efecto, podrán consultar (las Secretarías de Educación) a los rectores y a los sindicatos filiales de FECODE”, pero no ordena hacer la consulta, para evitar el asalto, otra vez, a los derechos de los estudiantes, como lo vemos, por ejemplo, en los “nuevos calendarios” de Ibagué, Santander, Barranquilla y Cali. La Secretaría Departamental no se ha pronunciado al respecto, que se sepa; silencio al que estamos acostumbrados por estos lados nacionales.

Si la Ley prevé en el Gobierno Escolar la presencia en él de estudiantes y padres de familia, así como los consejos estudiantiles y de padres y el personero Escolar, ¿por qué no se les tiene en cuenta? Su opinión y participación debería ser buscada y acreditada en igualdad de condiciones ¿Quién tiene el poder de arrebatarles sus derechos, arrogándose una titularidad ciertamente inexistente?

No cabe duda que esta reposición de clases va a constituir lo que podríamos llamar lesión enorme para el estudiante y su familia, más grave aún si vemos el estado de indefensión en que se les coloca para “pagar” un tiempo muerto que no fue ni autorizado ni causado por ellos. Alguien debería decir algo.