La torta de Johnny Cay

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CRISTINA.BENDEKJohnny Cay no se va a cerrar, es una torta demasiado buena, a pesar de que carezca de lo mínimo para ofrecerle algo digno al turista. Ayer un bloqueo en una vía céntrica llamó la atención sobre la estructura de la economía del cayo. ¿De quién es esa torta al fin?

Sin tener que conocer muchos detalles sobre lo conversado en la negociación con el gobierno departamental –que continúa mientras escribo–, se sabe que la barricada en pleno centro se debe a que se anunció una cuota diaria, un cupo de 800 ingresos diarios, conforme al estudio de carga y para aliviar un poco la larga lista de males en el último diagnóstico, entregado en marzo del año pasado, y que es para llorar y llorar.

La decisión de la Procuraduría de ordenar el cierre –parcial, gradual o total– fue por la falta de saneamiento básico, y por la erosión costera, entre otros. Pero el cayo no se ha cerrado, y parece que no se va a cerrar. Las decisiones en materia de problemas públicos son muy difíciles, es imposible complacer a todos los intereses, y casi siempre hay externalidades negativas, daños que no se pueden prever fácilmente. Lo primero que una medida debe tener, es la coherencia con la necesidad que la creó, es decir, debe ser eficaz.

Pero si el tema es un daño es ambiental, hay que calcularle a las causas del daño, ubicar a sus responsables, y meterlos en cintura. Además, sobre los estudios disponibles, hay que ver responsabilidades de manejo, y las externalidades de las decisiones que se toman.

CORALINA maneja el cayo, y según el cálculo, recibió en 2016 unos dos mil y punta millones de pesos, para hacer lo que debe hacer: proveer personal suficiente y capacitado para vigilar y facilitar las actividades permitidas en el plan de manejo, coordinar esfuerzos interinstitucionales para respetar la carga, fortalecer la infraestructura, y por sobre todo, orientar a todos los implicados con el parque sobre el principio de preservación que debe orientar todas sus acciones.

Las críticas al manejo de CORALINA también hacen parte del diagnóstico. De su lado, el grueso de los pequeños prestadores de servicios turísticos es compuesto por raizales que siempre han estado involucradas con la economía de Johnny Cay. En un país de informalidad, y en una isla informal, esos prestadores de servicios turísticos seguramente no son la panacea.

¿Son perfectos? No. ¿Son competitivos? Pues claramente no pueden competir con las empresas más grandes, no se pueden adaptar sin acompañamiento. ¿Son más y es más difícil ponerlos de acuerdo? Seguro que sí, pero no fue precisamente a punta de las lanchas más pequeñas que se dañó la armonía en el cayo.

Toda transición es dolorosa. Si el estudio de capacidad de carga lo dice, hay que aplicarlo, pero debe pensarse en las responsabilidades. ¿De quién es el mal manejo, y quiénes son los más perjudicados? La estabilidad económica de las muchas familias que dependen del cayo es un derrame positivo en el corto y en el largo plazo. Entonces, ¿qué alternativas tiene para ellos la Gobernación Departamental, en alineación con la política pública de turismo comunitario? ¿De quién es la torta del cayo? ¿Sera que el impacto ambiental de los pequeños trabajadores del cayo es mayor que el de las grandes empresas? ¿Quién debe asumir el costo del daño del turismo masivo entonces?

Los tomadores de decisiones deben aplicar principios de justicia, de equidad, de eficacia. En la administración pública hay que pensar en todo, desde lo más evidente. ¿De qué sirve improvisar? A la larga, no es bueno para nadie. Si es que esa cifra de cupos no es de ayer, sino del 2002.4Peaceout.