Este viernes se realizó el Encuentro Regional por la Reconciliación, organizado por el Senado de la República y el periódico El Tiempo, donde la sobrepoblación y la condición especial del archipiélago fueron algunos de los temas tratados. La condición legal de las víctimas del conflicto y el fallo de tutela que protege los derechos de un desplazado residente en la isla, caldearon el debate. Aclaración del magistrado Guerrero.

Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Congreso,  explicó en la apertura del Encuentro que este espacio busca crear un canal directo con  la ciudadanía, a fin de construir un camino de reconciliación en tiempos de posconflicto. El de San Andrés, es el segundo de los seis foros que se desarrollarán en el país.

"Sabemos que al menos hay 100 familias víctimas del conflicto viviendo en San Andrés y que aquí nos enfrentamos a dos tesis: una norma constitucional que ampara a las víctimas y su mínimo vital; y otra, la superpoblación en la isla que compite con la primera. Así que de eso se trata, de encontrar puntos de convergencia que beneficien a todos", dijo el senador Cepeda Sarabia.

Foro Raizal

En el desarrollo del evento, el editor político de El Tiempo, Edulfo Peña,  moderó un panel con los líderes raizales Ofelia Livingston de Barker, Walt Hayes Bryan y el diputado Arlington Howard Herrera.

Livingston de Barker aseguró que a San Andrés se le está tratando como a cualquier otro departamento “y esto no puede seguir así, porque este es el único de Colombia donde todo el departamento es un territorio étnico. ¿Dónde está la protección a esta etnia como manda la Ley 21 (de 1991)?. Desde 1993 la Corte dijo que estábamos en vía de extinción y no se ha hecho nada, señores congresistas”.

“Me preocupa enormemente el tema de las tierras, de seguir así la situación el Raizal quedará sin nada, entonces... ¿De qué territorio vamos a hablar?” manifestó la líder cívica.

Al respecto Hayes Bryan añadió: “Aquí pasa al contrario de lo que pasa en el continente: el Estado está restituyendo las tierras que las víctimas perdieron en medio del conflicto interno; nosotros en cambio, peleamos por las tierras que el mismo Estado nos quitó. (...) siempre fuimos catalogados de buena gente, de buenos anfitriones y eso nos tiene hoy aquí, hablando de reconciliación en un territorio originalmente pacífico”.

También este líder Raizal comentó la grave crisis hídrica que afronta la isla y que la salinización de la tierra traerá consigo inminentes cambios en la vegetación y por consiguiente en la biodiversidad. Tema complementado por Livingston de Barker denunciando la ocupación ilegal e indebida de los humedales y cuerpos de agua por foráneos que buscan techo a como dé lugar.

Ambos coincidieron en que una política de retorno voluntario, es totalmente necesaria para mitigar en parte, el fenómeno de sobrepoblación en San Andrés.

Por su parte, en una de sus intervenciones el editor Peña, comentó que minutos previos al inicio del evento formal, el magistrado Jesús Guerrero González anunció que el Tribunal Contencioso de San Andrés, había fallado positivamente a una tutela impuesta por un desplazado que reside en la isla hace algunos años, al que se le protegieron los derechos fundamentales a ayuda humanitaria y a poder trabajar en el territorito como cualquier otro residente legal.

“No estamos de acuerdo con ese fallo del Tribunal y los raizales no nos quedaremos quietos” anticipó Livingston de Barker.

“Es muy distinta la Reconciliación que se percibe en Bogotá”

Un segundo foro se realizó al cierre del Encuentro, con los representantes a la Cámara por el archipiélago, Julio Gallardo Archbold y Jack Housni Jaller,  junto al senador Cepeda Sarabia. Este panel también fue moderado por Peña.

Gallardo Archbold manifestó su preocupación con el fallo proferido por Tribunal de San Andrés y recordó cómo años atrás se obligó a otros gobernadores, a recibir a esta población desplazada “violentando el decreto de control de densidad instituido en el departamento”.

“Ahora quieren seguir avanzando en sus derechos y mediante tutela dicen que tienen los mismos derechos que cualquier habitante de la isla; ahora por Derecho de Igualdad, todos los desplazados del continente podrán venir a quedarse en San Andrés porque no habrá diferencia entre unos y otros”.

“Sin demeritar el derecho de esta población a vivir mejor, el desplazado puede mejorar sus condiciones de vida en cualquier parte de Colombia; en cambio, el derecho a sobrevivir de los raizales es exclusivamente en estas islas” expresó Gallardo Archbold.

Por su parte el representante Housni Jaller explicó que en su opinión el decreto 2762 está beneficiando al parecer más a la población de afuera para que se quede en las islas, “porque todas las medidas de desarrollo contempladas en dicha norma no se estipularon solo para los Raizales; así que aquí hay que tomar una medida que a todos les asusta y es derogar la tarjeta de residencia”.

Conclusiones

Para finalizar este Encuentro por la Reconciliación, el senador Cepeda Sarabia redondeó lo expuesto durante el evento y expresó los siguientes compromisos a modo de conclusiones:

El Senado de la República instará al gobierno nacional a cumplir las leyes de protección de los raizales, las cuales ya están escritas pero por algún motivo no se han puesto en práctica.

Se priorizará el tema de la superpoblación como fundamental porque, “mientras en algunas haciendas del país hay una vaca por hectárea, aquí hay seis o siete mil habitantes en ese mismo espacio; además, no hay agua potable y la calidad de vida es supremamente deficitaria (...)”.

Se impulsará el Estatuto Raizal, con presencia de los dos Representantes a la Cámara por el departamento.  “El Congreso no ha sido invitado a estas deliberaciones así que se enviará carta al Ministerio del Interior porque hay una violación flagrante de la ley en este sentido”.

¿Cómo no van a estar sentados los congresistas de este archipiélago en este tema tan crucial?, ¿vamos a seguir cometiendo los errores como en la Corte de La Haya cuando no había ningún raizal en la discusión?” cuestionó Cepeda Sarabia.

En síntesis ¬–finalizó el presidente del Congreso¬–, “la Reconciliación con San Andrés pasa por el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, sin ello  el tema será muy complejo. Yo creo que ustedes podrían terminar diciéndole al gobierno: saquen a San Andrés del corazón y métanlo en la inversión nacional”, concluyó Cepeda Sarabia.

Aclaración del magistrado Guerrero

A raíz del anuncio dado durante el Encuentro por la Reconciliación, en que se daba cuenta de un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés que supuestamente otorgó a un desplazado por la violencia residente en la isla, “los mismos derechos de los raizales” ¬–como se comentó en el foro–, el responsable de la decisión, el magistrado Jesús Guerrero González, aclaró el tema en conversación con EL ISLEÑO:

“La decisión de esta tutela, obedeció a que se protegieron los derechos fundamentales de un desplazado a una ayuda humanitaria y a poder trabajar en este territorito, dado que pertenece a una población que dentro del marco constitucional, del Derecho Internacional Humanitario y demás tratados que a nivel mundial existen sobre protección de víctimas producto del conflicto, tienen condición de ‘sujeto vulnerable’ que los hace de especial protección.

Dado que han sido dispuestos en este territorio, sería hacerle más gravosa la situación de desplazado y no le podríamos restringir la oportunidad de ejercer  una actividad laboral, porque tiene un apoyo económico que no llega a ser lo suficiente para poder subsistir; entonces es justo que tenga la posibilidad de ejercer una tarea.

Se le está igualando los derechos con respecto a cualquier ciudadano, porque él está legalmente en el departamento por disposición de los tratados internacionales en calidad de víctima.

Pensar diferente sería ponernos en un estado de inconstitucionalidad porque la Constitución les brinda a ellos todas las garantías que el Estado debe dar a una persona en condición de vulnerabilidad.  En este territorio no se le puede restringir la posibilidad de subsistir.

Desconozco el número de personas que residen en San Andrés en esta condición, pero de presentarse más tutelas similares, habría que estudiar cada caso en particular para determinar si el individuo amerita o no ser calificado como ‘sujeto vulnerable’”.