Esta vez los isleños no solo reivindicarán –como es recurrente– más y mejores servicios públicos, o mayor conectividad aérea. Ni siquiera el tema del precario sistema de salud, prioriza sus demandas. Lo que resume los anhelos de la mayoría de sus habitantes hoy en día es recuperar la seguridad que caracterizó al archipiélago durante su historia y que se encuentra seriamente amenazada.
En efecto, las muertes selectivas a manos de sicarios, los ajustes de cuentas callejeros y las incipientes extorsiones a empresarios isleños, a pesar de los esfuerzos efectuados por las fuerzas de seguridad; han ido creciendo poco a poco hasta crear un clima de zozobra que llegó a su punto más álgido entre abril y mayo con el asesinato de ocho personas y la salida forzada de un reconocido empresario turístico por amenazas contra su vida.
Esto que nunca había sucedido en la historia de San Andrés y Providencia, comenzó hace unos seis años y se ha ido consolidando por ‘oleadas’ al punto de amenazar la estabilidad social de las islas y su principal motor de la economía, que es el turismo. Lo anterior, debido a que la delincuencia común también ha comenzado a cobrar víctimas –de atracos callejeros, por ejemplo– entre los visitantes y viajeros con relativa frecuencia.
Planes: ¿retoques o cambios?
El año pasado tras la última visita del presidente Santos se efectuaron cambios y en presencia del propio director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, se anunciaron nuevos planes de seguridad, desplazamientos de fuerzas especiales a la isla y el cambio de comandancia en la policía local. Los resultados no se hicieron esperar y las aguas volvieron a su cauce normal por un tiempo.
Sin embargo, en los últimos meses, la situación volvió a empeorar, al punto que la gobernadora del Departamento Archipiélago, Aury Guerrero Bowie, decidió exigir más rigor y resultados a la fuerza pública en un consejo de seguridad efectuado tras un domingo violento, con disturbios en los que falleció un joven raizal víctima de una ‘bala perdida’.
En esa misma ocasión la mandataria también hizo referencia al caso del empresario isleño Jimmy Gordon –propietario de la emblemática Cueva de Morgan– quien debió salir del país por no haber cedido a presuntas pretensiones extorsivas.
El 'jalón de orejas' funcionó y las autoridades apretaron, consiguiendo algunos primeros resultados esperanzadores. Sin embargo, la violencia es un monstruo de mil cabezas que se autoregenera y, desde luego, no se acaba de un día para el otro. Esta labor que debe ser asumida por todo el conjunto de la sociedad y, claro está, el liderazgo del Estado, recién comienza.
Así las cosas, fuera del consabido inventario de problemas por solucionar como la insuficiente e ineficiente salud pública; las evidentes carencias en materia de servicios públicos; la depresión costera por efectos del cambio climático y la erosión; y los problemas derivados del fallo de La Haya que le quitó una valiosa franja de mar territorial a las islas; ahora el Gobierno Nacional y su homólogo local, deben afrontar con celeridad y contundencia un (no tan) nuevo problema en San Andrés y Providencia: la violenta inseguridad.
Un nuevo ‘habitante’ de las islas que parece haber llegado, como tantos, para quedarse al amparo del quebrantamiento legal.