La situación de la posesión de la tierra en el Archipiélago es algo que líderes raizales consideran debe ser abordada con la perspectiva de devolver tierras a dueños raizales (en forma comunal o privada) a través de diferentes canales legales dependiendo de las circunstancias. Entre los no raizales hay incertidumbre y algo de nerviosismo. El gobierno nacional se inclina a no cambiar las cosas y a bajar el tono de los argumentos raizales.
La cuestión de la tenencia de la tierra no debe ser una fuente de fricción o de distanciamiento entre las comunidades que habitan las islas. No le conviene a las islas y puede ser un elemento muy desestabilizador para la economía local, sobre todo en relación a futuras inversiones. Hay mucha inquietud e incertidumbre con respecto a los alcances de las demandas raizales y las implicaciones legales y económicas si esas demandas se materializan.
Hay alarma en sectores oficiales, sobre todo porque por ser el raizal un grupo étnico, considerado riqueza de la nación y bajo obligación de ser protegido (en teoría) por el Estado, la asociación raizal con la tierra isleña tradicional y ancestral adquiere una dinámica legal igual a la que disfrutan los indígenas en el resto el país, algo que ha generado fricciones y hasta violencia en ciertas zonas. De allí el nivel de incertidumbre y nerviosismo. De allí la renuencia del gobierno nacional a clasificar a las islas como "territorio raizal". En las islas hay muchos factores que entran en juego y que hacen que las cosas sean distintas a procesos similares en el continente y en otros países.
Problemas de asociación a la tierra de una comunidad étnica ancestral que no es dueña de su territorio tradicional no es algo exclusivo a nuestras islas. Está Canadá y los Inuits (o esquimales) y se pueden trazar paralelos entre los aborígenes australianos y su territorio histórico tradicional y los raizales con respecto a la posesión de la tierra en el Archipiélago.
Luego de muchos años de abusos y de negación de derechos por parte del gobierno y de la población blanca australiana, sólo en la segunda mitad del siglo XX Australia comenzó a devolver tierra tradicional ancestral arrebatada en el proceso de colonización blanca del país, a hacer reparación por los daños causados a la población aborigen y a pedir disculpas por las normas y políticas oficiales o acciones privadas ignoradas que les causó daños, pérdidas y sufrimientos profundos e irreparables, como lo diría en el 2008 en el Parlamento en Cánberra el entonces primer ministro Kevin Rudd.
En nuestro caso, solo en los últimos 30 años, en parte por el impulso de Simón González siendo Intendente y como telón de fondo la actuación de grupos de reivindicación raizal como el SOS, el gobierno colombiano comienza a diseñar e implementar políticas y normas orientadas a la población y el territorio raizal, siempre sin reconocer a las islas en forma oficial como "territorio raizal" per se, siempre como estrategia para calmar ánimos pero no para cumplir con aspiraciones raizales. Esta dinámica tomó forma y sustento legal con la Constitución de 1991 y recientemente logró mucho mayor impulso a raíz de la decisión de La Haya y por importantísimas sentencias de la Corte Constitucional colombiana.
El descontento generado por La Haya (el catalizador), la realización por parte de sectores nativos de que nuestro archipiélago no volverá a ser lo que era tanto en lo físico como en su perfil humano y socio-cultural, y de que los raizales cada día perdemos más espacio y poder económico y político, abrió paso a que grupos sociales (a falta de un grupo político que lo hiciera, estando estos más vinculados con la institucionalidad colombiana) comenzaran a ejercer mayor presión sobre el gobierno colombiano en busca de políticas específicas para el sector raizal y a elevar el tono del discurso autónomo.
Estos grupos han adquirido un fuerte protagonismo y hoy día hacen parte importantísima del proceso político local. Su éxito radica en que lograron concentrar los sentimientos y aspiraciones raizales alrededor de la decisión nefasta de La Haya, ayudado por el sustento religioso detrás de la reputación y el prestigio de sus líderes.
A pesar de todo ello, la dinámica y el contenido de las políticas públicas hacia los raizales son más bien tenues y muestran un nerviosismo oficial de no querer ceder mucho y por lo tanto se aplica lo mínimo. A diferencia del caso australiano, nunca se ha hablado de reparación, a pesar de una innegable política de Estado en el pasado reciente orientada a destruir a la comunidad raizal principalmente a través del proceso de integración cultural teniendo como base la inmigración. Nunca se ha hablado de pedir disculpas por los daños causados. ¿Lo exigiremos los raizales?
Tanto en el caso australiano como en el de las islas, la tenencia de la tierra ocupa una posición fundamental, la base desde la cual surgen muchas perspectivas. Los paralelos giran sólo alrededor de la lucha por recuperar tierras ancestrales tradicionales, pero la experiencia australiana nos sirve como trasfondo para abordar lo nuestro.
Las diferencias son considerables. Para comenzar, en Australia a los aborígenes se les arrebató en forma sistemática y general su tierra comunal ancestral. En nuestras islas muchos raizales vendieron o alquilaron sus tierras. A otros les fue arrebatada por gente inescrupulosa, aprovechando que el raizal desconocía los procesos legales colombianos que se aplicaban o simplemente porque no entendía el español y por ende los términos de un contrato u obligación pactada que tuvo como garantía su tierra. Muchos raizales no asimilaron los rápidos y grandes cambios que se dieron a partir de los 1960s y 1970s y quedaron expuestos a abusos.
También se habla de expropiación. No hay muchos detalles al respecto, aparte del aparente caso de la fábrica de coco para montar las instalaciones militares. Muchos terrenos quedaron en un limbo jurídico con la quema de los archivos de la antigua Intendencia y seguramente de las cenizas surgieron con nuevos dueños. También en el traspaso de tierras luego de la muerte de los padres, muchas tierras terminaron en manos de personas que no tenían derecho a ellas.
Los paralelos son fuertes cuando uno observa que en ambos casos se quiere recuperar la tierra no solo como forma de acentuar o rescatar una identidad, sino como una vía para poder entregar bienestar a la comunidad. Un artículo en la Ley que aprueba el Plan de Desarrollo 2014-2018, el 109, aporta un elemento muy positivo a los raizales en la medida en que ordena que los bienes tomados por el Estado de actividades ilegales en las islas y los rendimientos económicos que estos generan deben ser destinados para programas sociales de la comunidad raizal.
Son muchos estos bienes, todos los cuales están bajo administración de terceros pero que eventualmente debería una organización local raizal, o por lo menos la Gobernación, cobijada por esta nueva norma, entrar a tener una mayor injerencia en su producción económica y manejo. Al fin y al cabo, por ser beneficiarios los raizales, somos los más interesados en que esos bienes se manejen correctamente y en que las ganancias reales nos lleguen y no vayan a esfumarse en forma total o parcial. Un líder raizal me ha manifestado de que hasta el día de hoy el gobierno colombiano no ha entregado a las autoridades locales una lista de estos bienes ni el estado en que se encuentran. Ahora sí no hay excusa para negarnos conocimiento y transparencia. Ahora sí debemos saber cuáles son, qué producen y cómo se manejan estos bienes.
Otro ejemplo de distanciamiento en el manejo de asuntos de las islas entre lo local y lo nacional, algo que genera más desconfianza en lo nacional. Tampoco es saludable ni justo para el destino final de lo que generan los bienes: el mejoramiento de la situación (en muchos casos bien dramática) de miembros de la comunidad raizal. Ojalá ahora sí llegue esa lista, con autorización para manejo a nivel local.
¿Estarán dispuestos a entregar esos bienes para manejo directo por parte de la comunidad raizal? De llegar a suceder, debemos asegurarnos de que sean exitosos. El éxito atraería mas devolución de responsabilidades. Aquí no se pueden cometer errores o permitir actos de corrupción o abusos. El traslado de responsabilidades desde Bogotá a las islas implica mucha responsabilidad y rectitud de parte nuestra, como ha sido el caso de la OCCRE, aunque con éxito relativo, en el manejo departamental al control poblacional. Aquí no hay error que valga.
El caso de Australia
En Australia, muchísima tierra fue devuelva y titulada a los aborígenes en la figura de tierra comunal y todo el dividendo económico que se genera se destina a diferentes programas de esa comunidad. Uno de los sitios emblemáticos de dicho país, la gigante y sagrada piedra roja de Úluru (antes llamada Ayers Rock), alrededor de la cual hay un enorme y muy exitoso complejo turístico, está a nombre de y es manejado por los aborígenes. Las ganancias se destinan a la comunidad. En Colombia existe un esquema parecido que se aplica en forma relativamente exitosa para ciertos grupos indígenas, que en principio podría aplicarse a nuestras islas.
En Australia la devolución de tierras fue posible dentro del marco de una ley federal de 1976, que permitió que las comunidades aborígenes probaran la posesión histórica a través de una asociación cultural, religiosa o de otro tipo a una tierra específica que estaba bajo explotación o posesión de otros pero que fueron considerabas baja la nueva normatividad como territorio aborigen. Esta asociación con la tierra era relativamente fácil de probar y por ende muchas bienes en manos privadas fueron devueltas sin mayor problema, previo cumplimiento de algún tipo de compensación.
La asociación aborigen con la tierra claramente ancestral estaba por encima de cualquier tenencia posterior, lo cual facilitó la "devolución".
No hay ley que establezca que los raizales somos dueños ancestrales de las islas ni alguna que ordene que por la asociación raizal/islas la tierra nos debe ser devuelta. Tampoco hay una ley que declare que el archipiélago es "territorio raizal" (aunque la Corte Constitucional, en sus sentencias C-053 de 1999 y T-800 del 2014, claramente sí establece la relación raizal/territorio y valdría la pena que las mentes legales de las islas estudiaran bien esto para ver sus alcances, que a mi modo de ver son bien profundas e importantes para lo raizal).
En el Archipiélago es algo distinto y más complejo porque en gran parte el traspaso raizal-no raizal se hizo en forma legal donde el raizal obtuvo un beneficio en dinero o de otro tipo a cambio de hacer el traspaso.
Aparte de las tierras y bienes que el Estado ha adquirido y puede seguir adquiriendo tras un proceso de extinción de dominio por actividad ilegal, parece que son pocas o ninguna tierra o bien que sería tomada para ser destinada a beneficio raizal. Existen tierras que en teoría deberían pertenecer a la nación pero que están en manos particulares, algo que para rectificar sería costoso y tomaría mucho tiempo, si es que hay voluntad oficial de recuperarlas.
A primera vista habría pocos casos de tierras que hayan sido arrebatadas en forma ilegal a un raizal. Lo que sí parece existir, sobre todo en San Andrés, es una muy alta concentración de tierras en pocos dueños, en diferentes sectores pero sobre todo en los de mayor relevancia económica. No es una concentración natural derivada del hecho de que muchos raizales hemos heredado tierras y más bien sugiere la compra o la adquisición vía diferentes operaciones.
En muchos casos la tierra se subdivide siguiendo la tradición y las normas colombianas, pero en muchos otros casos la tierra sigue concentrada en una familia o en una persona porque se siguió la tradición inglesa y pre-colombiana basada en el "common law" (donde la jurisprudencia no emana de un código sino de precedentes legales creados por sentencias judiciales, donde la tradición juega un importante papel) donde hay flexibilidad en la distribución de bienes por lo que no se ciñe a la figura legal de herederos forzosos. La tierra familiar puede por ende terminar en manos de una sola persona o distribuida entre varios personas. Esto último se aplica mucho en Providencia.
Hay cierto escepticismo en sectores gremiales locales sobre la situación de la tierra y la presión raizal de volver a tener dominio sobre tierras que ahora están en poder tanto del sector público como del privado. Lo cierto es que no debe haber alarma porque tierras adquiridas legalmente, valga la redundancia, son legales, y no hay un ambiente propicio para la expropiación, ni hay presión social o política para ello. De otro lado, lo que se busca con la declaratoria de "territorio raizal" es más que todo simbólico con proyección más bien hacia el futuro y con aras de facilitar el manejo de bienes en beneficio de la comunidad raizal.
La presión de líderes raizales sobre la cuestión de la tierra ha causado cierta alarma en instancias nacionales lo cual, junto con otras circunstancias, ha llevado a que desde Bogotá se haya calmado mucho en el discurso oficial el énfasis en lo raizal y no hay intención de abordar con fuerza, si acaso, el asunto de la tierra. De allí que el censo agropecuario, anunciado con bombos y platillos por el gobierno, haya sido abandonado por Bogotá misma ante la renuencia oficial a aceptar la exigencia local de incluir la opción de que un raizal pueda decir que vive o labora en un terreno raizal.
Pero una cosa es lo que dice o hace el gobierno y otra muy distinta lo que preceptúan las normas y obligan a hacer las sentencias de la Corte Constitucional, que parecen estar a años luz de lo que hace el gobierno en cuanto a asegurar y hacer respetar el derecho de los raizales, no solo en relación a su territorio ancestral sino con respecto a aspectos de supervivencia y recuperación cultural y lingüística como esencial en el marco de la obligación estatal de preservar lo raizal..
Los líderes de la comunidad raizal han abordado el asunto de la tierra con mucha fuerza sobre todo en su interacción vis-á-vis Bogotá. De hecho, esto ha sido una gran piedra en el zapato en esa relación siempre complicada. Por el momento sólo se quiere que se reconozcan a las islas como "territorio raizal". De llegar a ocurrir puede tener enormes implicaciones, las cuales aún son difíciles de vaticinar. Ello es territorio desconocido e incierto, pero no desastroso.
La situación de la tierra puede no necesariamente llegar a ser un elemento importante en el proceso político local o en las consideraciones de inversión privada en los próximos años. Sin embargo, dependiendo de muchas cosas, puede llegar a ser muy desestabilizador y generar incertidumbre en la inversión tanto pública como privada. Incluso, de llegar a ser relevante, el énfasis puede centrarse más bien en la posesión de la tierra en manos de pocos dueños, o en el uso, abuso y usufructo comunal de tierras y bienes en manos del Estado, el grado de control que ejercerían los raizales sobre lo destinado a su usufructo colectivo, y no necesariamente en la posesión de la tierra por parte de raizales o de no raizales.