La actualización del avalúo catastral que entró en vigencia desde el primer día del año, tiene molestos y preocupados a los isleños que lo califican, por lo menos, como desproporcionado. Este martes 26 de enero, aunque un poco tarde para los isleños, representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC), vinieron a socializar el proceso.
“Importante señalar que San Andrés, desde el año 2007, no actualizaba su catastro. ¿Qué es lo que hace el IGAC? –se preguntó Juan Nieto Escalante, director de la entidad– para ponerlo en términos coloquiales? Toma la foto actual, mira la del 2007 y las compara estableciendo como se han movido San Andrés y su mercado inmobiliario; y sobre esa base, genera el resultado del catastro”, explicó el funcionario.
Sin embargo aunque en la actualización terminen pagando justos por pecadores, un grupo de empresarios y comerciantes isleños, así como raizales herederos de tierras, sufren por las alzas que no se equiparan a la realidad, como el caso de Francesca Turconi, reconocida empresaria de San Andrés..
“Considero que esa valorización debe tener muchos errores porque expusieron que lo máximo que habían subido era el 45 por ciento y yo puedo demostrar que no es cierto porque tengo predios que me los subieron el 112, 117, 55 y 66 por ciento, entre predios rurales y centrales comerciales”, manifestó.
Revisar estatuto
Entre tanto y para aclarar un tato el panorama Nieto Escalante, sugirió a la Administración Departamental revisar el estatuto tributario y especialmente la estratificación local que –como repitieron varios actores locales– es a todas luces contradictoria e incoherente.
No obstante insistió en que el incremento no se dio de manera exabrupta como han dicho los isleños y añadió:“Es preferible para la comunidad, que se haga de acuerdo con el uso que los predios tienen. Si un predio es hotel, como hotel; si es industrial, como industria; si es vivienda, como tal. Aquí hay una deformidad en ese tema y en buena parte es lo que ha ocasionado todo el impacto que hay”, manifestó.
Según el IGAC, de más de 18 mil predios que tiene la isla, solo 14 propietarios han presentado reclamaciones ante ese instituto y prometieron venir a resolver cada caso puntualmente, pero “revocar esta normatividad es de momento imposible”, aseguró Nieto Escalante.
“Ley 47 proporciona herramientas”
En la controversia entró a terciar también el representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold, autor de la Ley (Marco del Archipiélago) 47 de 1993, quien dijo en un debate adelantado en la emisora isleña FM Good News, que el artículo 21 de dicha normatividad especial faculta al gobernador para considerar factores adicionales en la liquidación del impuesto predial.
“No es cierto que la solución sea competencia única del Presidente de la República como ha dicho la gobernadora Aury Guerrero Bowie, deslindando responsabilidades. En la ley están las herramientas para facilitar la autonomía regional y la mandataria puede, si así lo desea realmente, presentar un proyecto a Asamblea en tal sentido”, aseveró Gallardo Archbold..
También expresaron su total rechazo a la actualización catastral, el congresista Jack Housni Haller; el exdiputado Arlington Howard Herrera; el ex secretario de Hacienda Everth Hawkings Sjogreen y miembros del grupo Amen, entre otros.
La mayoría requirió la disposición de un estatuto tributario acorde a la realdad insular tan diferente al resto del país, en donde el cobro del impuesto predial sea justo, equitativo y acorde a las condiciones económicas particulares del archipiélago.