Este 19 de noviembre se cumplen dos años del perturbador fallo de La Haya y parece que el tiempo hubiera pasado en vano. Sin embargo, en los últimos meses se han visto acciones en varios frentes que hacen reverdecer anhelos de un mejor destino para los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El renombrado Plan Archipiélago, herramienta diseñada por el Gobierno Nacional en compañía de las administraciones locales y demás agencias del Estado, que a mediados de este año parecía naufragar sin remedio por cuenta de la Corte Constitucional –pero sobre todo, por obra y gracia de su poca claridad operativa– pareciera resurgir como el Ave Fénix de sus propias cenizas.
En efecto, durante un sencillo y esperanzador acto, esta semana se presentó el 'Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento', apalancado en un crédito por 70 millones de dólares contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y a pesar de que nada está garantizado de antemano, la trayectoria y el respaldo de la entidad financiera otorgan un sello de resguardo a la iniciativa.
Seguidamente, el presidente Santos, ratificó en su visita a San Andrés el impulso al citado Plan y en un acto que despertó variadas interpretaciones, anunció que instruyó a la Canciller Olguín para que explore la posibilidad de buscar un tratado con Nicaragua para proteger los derechos de los raizales. “Creo que es el camino correcto y creo que ya es hora de dar los primeros pasos en esa dirección”, puntualizó el Jefe de Estado
Todo esto, sumado a los esfuerzos que en materia de emprendimientos, formación empresarial y desarrollo de oportunidades se están formulando, hace confiar en que nos estamos enrumbando de una vez por todas. De manera que –sea quien sea– el heredero de la actual administración local, abrazará la causa del Plan Archipiélago que, como la luz del faro, tendrá que iluminar para todos.
Capítulo aparte merece la Armada Nacional que en el archipiélago ha tenido un claro comportamiento patriótico y profesional, salvaguardando la vida de nuestros pescadores y marineros, la integridad del medio ambiente y la seguridad en la línea de las comunicaciones, haciendo una presencia permanente y vigilante, también en la lucha contra el crimen organizado.
Esto es soberanía, como también lo es que el pueblo isleño nativo se organice –como en el reciente II Congreso Raizal– y con paciencia y sabiduría, vaya edificando su propia historia ligada a legítimas reivindicaciones sociales y culturales, sin que esto sea necesariamente vinculante a conflictos institucionales.
Al contrario, si la Corte Internacional de Justicia de La Haya hubiera tenido amplio testimonio de la etnia raizal aquí asentada hace 400 años, otro gallo –muy seguramente– hubiese cantado.