San Andrés, Providencia y Santa Catalina, antiguamente el país de Santa Catalina, luego el Estado Independiente de Old Providence; durante el siglo XVII era refugio de piratas y base de operaciones de corsarios contra los puertos del Atlántico y el Caribe. Luego, en la década 1.780, se destacó la presencia de los colonos con sus esclavos y comerciantes que ejercían el comercio con Centro América, algunas islas del Caribe y la Costa Atlántica de la Nueva Granada.
Este panorama cambió con la toma de la isla de Old Providence, por el corsario y libertador Louis Michel Aury declarando la independencia el 4 de Julio de 1818 bajo el pabellón de Buenos Aires y Chile. Configurándose la soberanía del Archipiélago y sus mares en el Caribe Occidental dentro del derecho consuetudinario.
Ahí ejerció su poder político y militar con sus operaciones contra Centroamérica, el Caribe y la costa de la Nueva Granada (Baltimore Newspaper). Después de la muerte de Louis Michel Aury el 30 de agosto de 1821, sus oficiales Severo Curtois y Juan Bautista Faiquere gobernaban el archipiélago. Louis Perú de la Croix llegó a la isla Capital Old Providence a convencer al gobierno sobre las bondades que ofrecía la Gran Colombia para asociarse.
Después de reunirse con los gobernantes, los sectores dirigentes y propietarios de Old Providence, llegaron a un acuerdo de asociarse a la Gran Colombia para la protección de la integridad territorial y respetar el status político existente, siguiendo la Campaña Republicana de la Revolución Francesa.
Ese acto se caracterizó por el Derecho de Autodeterminación Nacional establecido en la sociedad de las naciones, hoy recogido como el Derecho de los Pueblos a la Autodeterminación, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Este acto de fe y esperanza de los habitantes del Archipiélago, se convirtió en una pesadilla por la nueva orientación política centralista y de reformas administrativa en las islas; donde el derecho de soberanía e integridad territorial y la autodeterminación de los protagonistas del acuerdo se eclipsó.
Lo que ya se ha expuesto es de unos acontecimientos históricos que nos permite revivir el tema de Estado Archipiélago, con una Reforma Constitucional urgente que reconozca al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las mismas condiciones territoriales y marítimas contenidas en la Convención del Mar de 1982, como presupuesta en el Art. 46. b) Por “Archipiélago” se entiende un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal.
El Status Jurídico-Político del Archipiélago de Estado Asociado, con plena Autonomía Interna, es fundamental para garantizar la Geografía del pueblo raizal y es el único status que protegería la integridad territorial del Archipiélago, en marco del Derecho Internacional Marítimo, catalogado por la ONU como la Constitución Universal de los océanos.
Mucho más importante que la decisión salomónica del Estado colombiano con la promulgación del Decreto 1946 de 2013 (Trazados de Límites Bases), los cuales nos dejan nuestros mares a merced de los países centroamericanos que limitan con el Archipiélago.
Los raizales consideramos que la desidia histórica del gobierno colombiano de no conceder la plena autonomía interna al Archipiélago (Territorio, su mar y su pueblo), comprometió la unidad, la integridad y también la supervivencia del pueblo Raizal.
El gobierno colombiano nos falló con los compromisos adquiridos en los acuerdos de 1822 con el pueblo raizal, por lo tanto se exige una Reforma Constitucional, dotados de un Estatuto con plena Autonomía Interna para salvaguardar la integridad territorial ancestral del Estado Asociado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a la Gran Colombia en 1822, para su protección.
Clamamos por su apoyo y solidaridad, con el pueblo Raizal en defensa de la integridad territorial del archipiélago, mediante una Reforma Constitucional; a las clases políticas del país, historiadores, líderes étnicos, ONGs de Derechos Humanos nacionales e internacionales, movimientos universitarios, universidades públicas y privadas, sindicatos, medios masivos de comunicación, población civil colombiana y otros.