El gobierno del presidente Santos tiene en marcha una estrategia jurídica y política para enfrentar las pretensiones expansionistas de Nicaragua, que el propio Jefe de Estado divulgará en cuestión de semanas.
Entre tanto, con estrategias de largo aliento, que en muchos momentos no fueron tomadas en serio por Colombia, Nicaragua ha logrado expandir sus intereses en el mar Caribe y ahora va por más.
El anuncio de esta semana de ofertar bloques para la exploración de petróleo al oriente del meridiano 82, muy cerca del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no es el primero. Según el excanciller Julio Londoño, también hizo propuestas similares en 1967, 1970 y 2001, sin que por supuesto hubieran prosperado.
Esta vez la “provocación” nicaragüense mereció una respuesta contundente de Colombia: “No se permitirán labores de exploración o instalación de infraestructuras para la explotación de hidrocarburos” en “áreas que corresponden a Colombia”.
Aunque algunos expertos consideran que la oferta exploratoria nicaragüense en aguas colombianas no representa una amenaza real para el país por diversas razones (la clara soberanía colombiana y los altos costos de la operación, entre otras), la protesta de la Cancillería no daba más espera.
A los intereses puramente colombianos se sumó el rechazo a la pretensión del país centroamericano de afectar el área de reserva de biosfera Seaflower, protegida por Naciones Unidas.
Tanto el presidente Juan Manuel Santos como su canciller, María Ángela Holguín, no dudaron en calificar la movida nicaragüense de una pretensión “expansionista”.
De hecho, el Jefe de Estado aseguró que el Gobierno no está quieto, y pidió no confundir “discreción” con “inacción”. Y advirtió: “Sabemos dónde estamos parados y qué debemos hacer”.
Tanto Colombia como otros países de la región son conscientes de las ambiciones expansionistas de Nicaragua. Hace apenas una semana, Costa Rica también protestó contra Managua porque zonas suyas fueron ofertadas.
Hace poco más de un mes, Nicaragua le pidió a la Convención del Mar de Naciones Unidas que le reconozca su plataforma continental extendida en más de 200 millas, lo que le permitiría reclamar más derechos marítimos sobre aguas y subsuelo en el Caribe.
Esta semana, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se limitó a decir que no responderá la nota de protesta que le envió Colombia.
No obstante, reiteró su invitación al gobierno de Santos para dialogar sobre los límites marítimos entre los dos países, luego del fallo adverso para Colombia emitido por la Corte Internacional de La Haya, el 19 de noviembre del 2012.
Algunas opciones
Enrique Gaviria Liévano, exembajador colombiano ante La Haya y asesor del Gobierno colombiano en temas internacionales, ve una oportunidad en la oferta de diálogo de Ortega: “Puede ser provechosa porque aún no se han establecido las líneas limítrofes”
Para Vicente Torrijos, internacionalista de la Universidad del Rosario,Nicaragua siempre ha tenido en el imaginario político “la idea de que somos una potencia imperialista en el Caribe y han querido invertir esa lógica histórica para apropiarse de San Andrés debido a que la distancia es para ellos una categoría suficiente como para sentirse soberanos en esa aguas”.
Torrijos agregó que Colombia “debe declarar” que “irá hasta las últimas consecuencias políticas frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que no cederemos ante los apetitos de Managua”.
El internacionalista de la Universidad Nacional Carlos Patiño dijo que si bien no hay que “desconocer” el orden jurídico internacional, “sí hay que dejar muy claro cuáles son los intereses colombianos y cuáles las áreas marinas y submarinas que han pertenecido históricamente a Colombia”.
Otras voces insisten en que el camino en este tema es continuar buscando nuevos argumentos para pedir una revisión del fallo de La Haya, con el fin de demostrar que la decisión que adoptó ese tribunal en noviembre afectó derechos históricos de los colombianos.
Con información de El Tiempo
