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Instalan primera Mesa Departamental de Víctimas

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Este jueves 27 de junio en el hotel Arena Blanca, fue instalada la primera Mesa Departamental de Participación de Víctimas, con la presencia de al menos 60 personas en condición de vulnerabilidad, que hacen parte del programa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la violencia y desplazamiento de Colombia.

En general 80 familias que viven en el archipiélago conforman este programa, pero se estima que sean más las que aún no se han acogido por desconocimiento o desconfianza por las leyes migratorias de la Oficina de Control y Circulación de Residencia (Occre) que rigen en el Departamento debido a la sobre población.

Sin embargo, la Ley es muy específica y determina dar atención y asistencia a estas personas altamente necesitadas, por medio del Ente Territorial, en articulación con instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, sistema de salud, educación, entre otros, que deberán cumplir con esta norma.

Los asistentes a este encuentro residentes en San Andrés, por espacio de uno a quince años, son provenientes de regiones en conflicto y azotadas por la violencia como: Atlántico, Antioquia, Barrancabermeja, Bolívar, Chocó, Sucre y Urabá, de la que han tenido que huir dejando atrás familias, terrenos, trabajo y viviendas.

¿Conflicto entre derechos fundamentales?

Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de victimas quien vino a socializar esta herramienta explicó: “Quisimos que fuera en San Andrés, dado que la particularidad de la isla por su problema de tierras y sobre población habría entrado en choque con los derechos de las víctimas, entonces era mucho más necesario la mesa de victimas acá para trabajar en una política donde no se le vulneren los derechos a estas personas”.

La idea de la Mesa de Participación, es colocar sobre el tapete los problemas que padecen y ver como se solucionan, como por ejemplo: cuándo y cómo iniciar una reubicación o retorno a sus regiones; empoderamiento social a través de permisos de trabajo, vivienda digna, entre otros.

Este espacio se concertó para que las víctimas conozcan sus derechos, amparados en la Ley 1448 de 2011 que busca reducir las injusticias y la desigualdad social a través de la reparación económica y moral a sus dramáticas situaciones.

Del Urabá a San Andrés

JULIA.AMINLa historia de Julia Amín Bello, (en la foto) data de hace 15 años cuando en la región de Uraba, su padre fue asesinado y ella, junto con su madre y hermanos, fueron despojados de su vivienda lo que ocasionó que cada uno emigrara a diferentes partes del país.

“A raíz de la situación en que la Farc y los paramilitares se disputaban el territorio mi papá fue víctima del conflicto y crecieron los temores y nos tuvimos que separar, sólo una hermana se quedó allá”, comentó esta desplazada por la violencia, quien tiene un año de pertenecer al esquema.

En la isla cerca de cinco familias isleñas también se han acogido a este proyecto al verse violentadas por situaciones de pérdida de sus terrenos y el caer en el conflicto cruzado por la guerra del narcotráfico y las Bacrim.

Última actualización ( Viernes, 28 de Junio de 2013 08:35 )  

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