Tras la reciente concesión de la construcción de un canal interoceánico de Nicaragua a una empresa china, refrendada por el parlamento de ese país, una sección del Congreso colombiano manifestó ayer que el Gobierno Nacional se debe “preocupar” y debatir más a fondo el fallo de La Haya.
La aprobación de este canal se da en un momento sensible, dada la disputa entre Nicaragua y Colombia, por las aguas del archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en zona limítrofe de los dos países que el fallo del 19 de noviembre pasado –de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)– le quitó al país.
La senadora Alexandra Moreno tildó como “comprado y con intereses” el fallo y aseguró que la reciente situación le da la facultad legal a Colombia de “pedir a la Corte de la Haya revisarlo y tumbarlo”, ya que, según ella, esta concesión es “una prueba fehaciente de que habían intereses ocultos”.
La congresista aseguró que en el momento del fallo "la Corte Internacional de La Haya no conocía estos intereses y debe revisar estas nuevas situaciones, que seguramente cuenta con particularidades de los magistrados pertenecientes a esta organización".
A esta línea se suma el liberal Juan Fernando Cristo, quien calificó como "preocupante” la situación y dijo que "este nuevo hecho amerita que el Gobierno Nacional convoque con urgencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para evaluar a profundidad y con seriedad este hecho”.
"Me parece que es un tema que debe preocupar a todos los colombianos por distintas razones, debe de alguna manera ser la función del Gobierno convocar a esta comisión", dijo.
Recientemente el ex presidente Ernesto Samper Pizano declaró en San Andrés, que Colombia debería ir evolucionando prontamente en el acatamiento del fallo de La Haya, generando acuerdos comerciales y de pesca con Nicaragua. “No acatar el fallo implicaría entrar en otros escenarios, como el bélico”, advirtió el también miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
