Indigna tremendamente la cantidad de problemas que le han puesto al abogado isleño Richard Navarro May para nombrarlo como Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y Providencia, cargo que se ganó en franca lid en un concurso público de méritos hace ya muchos meses.
Se necesita mucho descaro para despojar a un ciudadano de sus derechos adquiridos. Pero así ha sido en este caso. Nada ni nadie pudo impedir que los funcionarios que tuvieron en sus manos el asunto incumplieran un mandato legal tan claro como el agua y se pasaran la ley por la faja, como comúnmente se dice, perjudicando no sólo a una persona sino a una comunidad entera.
La Ley 47 de 1993 es muy precisa al referirse a los requisitos básicos que se requieren para fungir como magistrado en las islas. Pero los funcionarios del Consejo de Estado, no se dieron por enterados o no quisieron hacerlo y cometieron la más horrorosa violación de una norma vital para la vida pública en el archipiélago. Quienes determinaron no nombrar al doctor Navarro May, tal como correspondía legalmente, prefirieron saciar su sed burocrática personal antes que hacerle honor a la justicia que representan.
No cabe duda que en este caso la corrupción hizo de las suyas y primaron los intereses particulares frente a los de la sociedad. Y, algo peor, volvió hacerse sentir la indiferencia ciega de nuestras autoridades capitalinas hacia el carácter especial del archipiélago de San Andrés y Providencia que concibe, con justicia, la Constitución Política de 1991.
Por lo tanto, esta situación no hace más que delatar la incapacidad de aquellos que nos regentan desde lo alto de la cordillera de los Andes de entender las diferencias culturales que enriquecen a nuestra colorida nación.
Los magistrados del Consejo de Estado, quienes debían nombrar al abogado Navarro May como magistrado del Tribunal Contencioso de San Andrés, “pelaron el cobre” como se dice popularmente, al negarle un derecho adquirido. Y dejaron al descubierto cuán infestada está, también, de burocratismo la rama judicial colombiana.
Ojalá, ahora que se abre una nueva posibilidad de que su nombramiento se haga definitivamente, gracias a los últimos acontecimientos que se han generado a partir de la decisión de la Corte Suprema de anular las designaciones que hizo en su momento el Consejo de Estado afectando al doctor Navarro May, la Justicia recobre su majestad y acabe con esta sinrazón que nunca debió suceder.
COLETILLA: “Ningún acto es tan irresponsable como el silencio ante la injusticia”.