La finalidad de la OCCRE era contener la desmesurada inmigración que amenaza la supervivencia de las islas. Pero ha terminado pareciéndose a la Registraduría. La expedición de más de 12.000 tarjetas de residencia en los últimos tres años, así lo confirma. Por lo tanto, queda claro que ha sido inferior al reto que le impuso la Constitución y la Ley.
De ahí que se haga perentorio tomar decisiones ya que conduzcan al establecimiento de una verdadera política de control a la densidad poblacional y de los derechos de circulación y residencia de los ciudadanos, contenidos en el decreto 2762 de 1991. No hay tiempo que perder. Cada día que pasa el riesgo de un colapso demográfico es mayor, si la OCCRE no cumple con claridad y rigor la misión que le encomendamos.
Para ello debe transformarse en una institución libre de la dependencia del dominio político, de la insuficiencia de recursos económicos, y de la corrupción. Las herramientas con las que cuenta para evitar la sobrecogedora posibilidad de que San Andrés y Providencia naufraguen sin remedio, han de ser mejor “afiladas” para que sean más efectivas.
Cada año hay miles de nacimientos nuevos en las islas que agrandan la población. Como no pensar en un control racional de la natalidad que sirva al propósito sensato de impedir tal infortunio. Como no pensar en aplicar medidas que purguen el territorio, basados en la interpretación propia de la realidad insular y no en consideraciones ajenas e insensatas.
Lo que ha previsto nuestra Constitución en su artículo 310, no es otra cosa que una excepción a la regla general dada la existencia de una comunidad nativa con características culturales e históricas singulares expuesta a la extinción, y un ambiente frágil que requiere de la protección del hombre antes que de su demoledora máquina del progreso indolente con la naturaleza. ¿Por qué no se hace tal cual?
San Andrés y Providencia no tienen que padecer el desastre apocalíptico de una explosión demográfica descomunal para darnos cuenta de que la OCCRE actual no es la institución que imaginamos hace cerca de 21 años. Ni siquiera un remedo de ella porque en todo este tiempo jamás ha hecho lo que tenía que hacer.
Las autoridades locales están en la obligación de exigirle al gobierno nacional, al Congreso de la República, al poder judicial, y a la sociedad colombiana, acciones concretas ante lo delicado del problema. En fin, una resolución pronta y duradera ya que el control poblacional en el archipiélago no es una aspiración quimérica sino una necesidad apremiante.
Sería imperdonable que con tanta ilustración al respecto, no se tomen las decisiones adecuadas para salvaguardar de la sobrecarga poblacional a unas islas inocentes que no han hecho más que darle grandeza a Colombia.
COLETILLA: “Los errores son el germen de los aciertos futuros”.