La lideresa y exponente Corine Duffis Steele entregó un balance de cómo marcha la situación alrededor del Hotel Aquarium en San Andrés, luego de que varios representantes del Pueblo Raizal se hicieran presentes en el lugar para solicitar información sobre su situación jurídica, administrativa y económica.
En efecto, el pasado 14 de abril, representantes de la etnia y miembros de la Autoridad Raizal se hicieron presentes en el establecimiento para clarificar los rumores sobre una eventual venta, enajenación o disposición del inmueble.
La queja principal se centra en que, según el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, los bienes sometidos a extinción de dominio en el Archipiélago deben destinarse prioritariamente a programas sociales (por ejemplo: de vivienda o educación) en beneficio de la población raizal; lo cual no ha ocurrido hasta el momento, ni tampoco ha habido información pública suficiente sobre la destinación de los recursos emanados de su administración.
Tras aquella primera visita, los delegados exigieron la presencia de autoridades del orden nacional, así como de representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Defensoría del Pueblo y otros entes de control, con el ánimo de que se den respuestas claras sobre el futuro del hotel, así como sobre los recursos generados por su administración.
“Esto no puede continuar como va”
Una semana después de este primer acercamiento con las directivas actuales del Aquarium, la lideresa Duffis indicó que por esos mismos días tuvieron una reunión virtual con delegados de la SAE y con el representante legal de Activos por Colombia, organización a cargo de la administración del hotel.
Además, dijo que se tiene acordado para este jueves 23 de abril, en horas de la tarde (hasta el momento), realizar una mesa institucional a la cual han sido convocados delegados de la Presidencia de la República, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, del Viceministerio de Asuntos Étnicos y nuevamente de la SAE.
“La idea es llegar a acuerdos porque esto no puede continuar como va. Además, esperamos que podamos hacer cumplir una de nuestras exigencias y es que haya un tercero ajeno al Gobierno para esta negociación: ya sea una ONG internacional, o Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque necesitamos que haya un garante neutral”, destacó la lideresa.
Duffis fue enfática en señalar que desde aquella primera visita al hotel, como en la reunión virtual, han sido claros en expresar que los beneficios producto de cualquier transacción comercial del inmueble deben llegar finalmente programas o proyectos para los pobladores ancestrales del territorio.
“Saber que hay gente pasando tantas necesidades, que ni siquiera salud tienen y que se mueren por no tener unas benditas pastillas; mientras que otros, por el contrario, están despilfarrando y viviendo a costillas de los bienes que podrían beneficiar a este Pueblo, tal y como dicta la norma. Ahora inclusive se inventaron otra figura: ‘enajenación temprana’, o sea que antes de extinguirla ya están vendiendo la propiedad; y para nosotros ningún centímetro de la isla se debe vender”, concluyó.
