El 13 de agosto el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprovechó la celebración del 45 aniversario de la Fuerza Naval de su país para reafirmar que los diálogos y negociaciones marítimas con Colombia –recomendadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya– siguen paralizadas advirtiendo, además que su gobierno continúa a la espera.
Estas expresiones resultan ser especialmente inquietantes pues revelan que no hay diálogos en curso y nuestros vecinos descargan el peso de la inercia en Bogotá. Desde luego, esta noticia pasó desapercibida en el escenario propio, debido a las consabidas cuestiones de ‘coyuntura nacional’, las cuales siempre nos apartan de las prioridades del centralismo.
Sin embargo, la noche del viernes 15 de agosto el presidente Gustavo Petro, en marco de un Consejo de Ministros, reafirmó que Colombia mantiene los vínculos diplomáticos con Nicaragua recordando además la sentencia de la CIJ, que exhortó a ambos países a llegar a un acuerdo sobre el tema de la pesca en las aguas objeto del diferendo entre ambas naciones.
“Ministra –dijo a su canciller– hay que dar el paso que dispuso la CIJ y llegar a un acuerdo sobre la pesca…”. A renglón seguido anunció la designación de la reconocida periodista sanandresana Vilma Jay como embajadora en Nicaragua. Una decisión histórica que –como es habitual en estos casos– debe aguardar el beneplácito del país anfitrión.
De esta manera, a menos de un año que concluya el mandato de Petro, se abre una oportunidad diplomática imprescindible. No es momento de posponer decisiones: es ahora cuando Colombia debe demostrar que lleva la iniciativa, pero sobre todo la responsabilidad, en uno de los capítulos más decisivos de la historia del Pueblo Raizal del Archipiélago.
Los fallos de 2022 y 2023 de La Haya no son simples hitos jurídicos: constituyen la hoja de ruta de una negociación indispensable que aún espera ser implementada y perfeccionada. Los fallos de la CIJ dejaron varios temas pendientes: la preservación de la Reserva de Biosfera Seaflower, el territorio y los derechos del pueblo Raizal.
Están en juego, nada más y nada menos: Aguas Marinas Protegidas (AMPs), prácticas ancestrales de pesca, biodiversidad, seguridad alimentaria, comercio e integración étnica y cultural entre los pueblos del Caribe occidental, además de la configuración de la ansiada y necesaria ‘Gran Reserva de Biosfera del Caribe Occidental’.
Sin embajador en firme, sin agente y equipo negociador designados y sin una ruta clara para las mesas de diálogo —prometidas tras las reuniones en La Haya, entre el entonces Canciller Leyva y el Agente de Nicaragua, Carlos Arguello, el 5 de diciembre de 2023— los fallos corren el riesgo de convertirse en letra muerta.
Está claro: cada día que pasa sin reanudar los diálogos es un día más de incertidumbre para quienes dependen del maritorio para sobrevivir. La pesca, la Reserva de Biosfera Seaflower y sus áreas marinas protegidas y las tradiciones de las islas permanecerán en un limbo diplomático hasta que no se concrete una acción urgente y sensata.
En este contexto, la designación de Vilma Jay como embajadora en Managua constituye un saludable hecho histórico: por primera vez una persona y además mujer raizal del Archipiélago ha sido nombrada para ese cargo. Este gesto es bienvenido en las islas y abre paso a una moderada convicción esperanzadora.
Pero atención, el llamado de Ortega puede leerse como una invitación, o como una exigencia velada. La respuesta de Colombia debe ser inequívoca: no solo retomar los diálogos, sino culminarlos con acuerdos concretos de implementación de los fallos, proteger la Reserva de Biosfera Seaflower y garantizar los derechos del pueblo Raizal.
El tiempo no da espera: los isleños no merecen que su voz naufrague en el fondo del mar.
