El hundimiento de la reforma laboral no es una victoria ni una derrota, es simplemente la confirmación de que en Colombia seguimos legislando sin construir verdaderos acuerdos. Desde hace meses, el debate se centró en una dicotomía desgastante: o estás con los trabajadores o estás con los empresarios.
Como si el crecimiento económico y la protección laboral fueran fuerzas opuestas, como si mejorar las condiciones de los empleados implicara, necesariamente, poner contra las cuerdas a quienes generan empleo.
La reforma tenía elementos valiosos. Regular el trabajo en plataformas digitales, mejorar la estabilidad de los contratos y garantizar mejores condiciones en jornadas nocturnas y dominicales son puntos que cualquier sociedad moderna debería discutir con seriedad. Pero la pregunta nunca fue si esas medidas eran justas, sino si eran viables. No es lo mismo querer mejorar la vida de los trabajadores que diseñar una política que realmente lo haga sin destruir el empleo en el proceso.
En Colombia, más del 56% de la población laboral está en la informalidad. Es decir, más de la mitad de los trabajadores no tienen contratos formales, ni acceso a seguridad social, ni estabilidad alguna. El problema no es solo cómo mejorar las condiciones de quienes ya tienen empleo, sino cómo logramos que quienes están por fuera del sistema entren en él.
La reforma, en vez de enfocarse en la formalización, elevaba los costos laborales en un país donde la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Fedesarrollo estimó que los cambios habrían generado la pérdida de hasta 451.000 empleos formales. La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas advirtió que habría sido imposible sostener ciertos aumentos sin reducir personal. Pero en vez de analizar esos datos con seriedad, se asumió que toda crítica era un ataque a los trabajadores.
En territorios como San Andrés, donde el turismo es el principal motor económico y más del 80% del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas, los efectos habrían sido aún más graves. Aunque la isla tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país —6,5% según el DANE en 2022—, también enfrenta una creciente informalidad y escasez de mano de obra formal. Subir los costos laborales sin un plan de transición habría significado menos contratos formales, más cierre de negocios familiares y, con ello, más personas dependiendo de la economía informal.
Y es que el debate se volvió más emocional técnico. Desde el gobierno se promovió la narrativa de que quienes no apoyaban la reforma eran enemigos del pueblo, como si defender el empleo formal fuera un acto de traición. Desde el otro lado, se dijo que cualquier mejora en los derechos laborales hundiría la economía, como si la única forma de crecer fuera pagando menos.
En medio de esa polarización absurda, nadie se sentó a diseñar un modelo de transición, nadie propuso incentivos reales para que las empresas pudieran asumir los costos sin despedir empleados, nadie presentó una hoja de ruta clara que asegurara que el país avanzara en la dirección correcta.
Ahora la reforma está hundida y el país sigue igual, con una informalidad desbordada, con empresas que luchan por sobrevivir y con trabajadores que merecen más, pero que no van a obtenerlo con discursos vacíos ni con reformas mal planteadas. El reto no era imponer un modelo sobre otro, sino construir juntos una solución viable. Pero en Colombia cuesta mucho entender que legislar no es ganar un debate, sino transformar la realidad.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
