En los últimos tiempos, tanto el Gobierno Nacional como el Departamental han hecho esfuerzos importantes para fortalecer la seguridad alimentaria en el Archipiélago, enfocándose en la promoción de la agricultura y la siembra de alimentos básicos.
Estas iniciativas responden a la necesidad urgente de diversificar las fuentes de sustento y garantizar que los habitantes de las islas puedan contar con un acceso estable a alimentos frescos y de calidad.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos loables, la realidad que enfrentan los agricultores locales –en su gran mayoría raizales– sigue siendo desalentadora. La inseguridad, traducida en el hurto constante de sus productos de cultivo, está erosionando los avances que se han logrado, amenazando no solo la seguridad alimentaria, sino también la estabilidad económica de las familias campesinas.
Los agricultores de San Andrés están comprometidos con la producción local y el desarrollo agrícola, pero enfrentan una lucha que no pueden ganar solos. La delincuencia rural, manifestada en el robo de los productos de la tierra, ha alcanzado niveles alarmantes. No solo se trata de pequeñas sustracciones, sino de una práctica sistemática que afecta gravemente las cosechas y desincentiva la continuidad de la actividad agrícola.
El esfuerzo físico, el tiempo y los recursos que los campesinos dedican a la siembra se ven truncados por el robo impune de sus productos, lo que genera un círculo vicioso de pobreza, frustración y –a la larga– desinterés en el agro.
Este fenómeno, si no es controlado a tiempo, podría hacer fracasar las políticas de seguridad alimentaria que con tanto ahínco se han venido impulsando. Ante esta situación crítica, es fundamental hacer un llamado urgente a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas policiales. La seguridad en las zonas rurales de San Andrés debe ser una prioridad.
Es necesario que las autoridades implementen medidas de vigilancia más estrictas en las zonas rurales, garantizando la seguridad de los predios agrícolas. La presencia policial debe aumentar en estas áreas y deben desarrollarse sistemas de denuncia y respuesta más efectivos para combatir el hurto de cultivos, como en otros tiempos se logró implementar.
Además, sería pertinente explorar la posibilidad de dotar a los agricultores de tecnologías o recursos que les permitan proteger sus tierras, como cercas de seguridad, cámaras de vigilancia o incluso patrullajes comunitarios que puedan disuadir a los ladrones. El gobierno, tanto a nivel local como nacional, no puede ignorar esta problemática. Si bien los incentivos a la agricultura son un paso en la dirección correcta, deben ser complementados con acciones que aseguren que los agricultores puedan disfrutar de los frutos de su trabajo.
De lo contrario, la inversión en programas de siembra y agro será en vano, y la seguridad alimentaria que tanto se busca quedará como una promesa incumplida de los gobiernos nacional y regional. Asimismo, es importante que la comunidad también tome conciencia de esta situación. La seguridad alimentaria es una responsabilidad colectiva, y la protección de los agricultores y sus cosechas es un tema que afecta a todos.
¡Nada de comprar productos robados! El apoyo comunitario y la solidaridad son fundamentales para hacer frente a la inseguridad y garantizar que el esfuerzo de los campesinos no sea en vano. En resumen, el llamado es claro: es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y brinden a los agricultores el respaldo y la protección que necesitan.
