A propósito de la situación en materia de seguridad que vive el Archipiélago, se realizó el foro 'Violación de Derechos Humanos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: pasado, presente y retos para el futuro', con el objetivo de visibilizar la problemática y llamar la atención de las instituciones del Estado.
El evento, organizado por los Institutos de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Sede Bogotá y de Estudios Caribeños de la Sede Caribe de la Universidad Nacional, contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y del Ministerio de Justicia, encabezado por Néstor Osuna, entre otras entidades.
Retos de seguridad
Flagelos como la desaparición forzada, homicidio selectivo, violencia sexual, desplazamiento, reclutamiento y trata de migrantes, son las afectaciones más frecuentes y que requieren especial atención del país, según lo descrito por Ricardo Arias Macías, defensor delegado del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el funcionario, “las estructuras armadas del crimen organizado locales y regionales, asociadas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo, se han fortalecido y existe una tercerización de la violencia, en la que se acentúan grupos de las islas como ‘Los Pussy’ o ‘La Fortaleza’”.
Por su parte, el ministro Osuna, indicó que la desaparición forzada y la trata de personas son dos de los delitos que no dan tregua y que necesitan de la acción del Estado en distintos frentes para que haya soluciones reales y posibles.
Algunas cifras
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad señaló que entre 1985 y 2016 se presentaron en Colombia 121.000 víctimas de desaparición, que incluso podrían ser más por los subregistros y por la práctica de arrojar cuerpos al mar en lugares como el Archipiélago, precisamente.
Osuna precisó que “esta cifra es más elevada, y en islas como San Andrés se ha agudizado desde la década de 1990 por el repertorio de narcotráfico y los grupos residuales de paramilitares presentes allí”.
Entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos de trata de personas en la Isla, de los cuales el 82% son mujeres, situación que debe poner más alerta a los órganos de control. Así mismo, el paso de un elevado número de migrantes, que han optado por la ruta San Andrés-Nicaragua a la del 'tapón' del Darien. Durante el foro se señaló que, incluso, se han encontrado personas de países como Afganistán y Pakistán.
“El problema en el país no es por falta de normativas, pues tenemos bastantes, tanto nacionales como internacionales, sin las cuales tal vez todo estaría peor, pero no han sido eficaces y los delitos siguen latentes. Para disminuir esta situación se deben combinar estrategias, no solo tener un aparato punitivo robusto para bajar la impunidad, sino también más programas sociales como ‘Jóvenes en Paz’, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, y una oferta de paz contundente”, comentó el ministro.
Tasa de homicidios desbordada
Precisamente sobre el tema de la paz, la Defensoría del Pueblo indicó que en las islas, solo en los primeros ocho meses de este año, la tasa de homicidios fue de 43,4 por 100.000 habitantes, que supera la de todo 2022. Además, recordó que en la alerta temprana emitida se plantearon 26 recomendaciones para enfrentar el problema, entre ellas: el fortalecimiento tanto institucional como comunitario y organizativo, la atención humanitaria, y el acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva.
Por último, el ministro Osuna hizo un llamado a mejorar las condiciones de sus ciudadanos a la comunidad internacional para evitar el fenómeno de la migración, pues de lo contrario "será muy difícil contener el tránsito de miles de personas por el territorio insular".