El viernes finalizó la primera ronda de argumentos orales en el litigio entre Nicaragua y Colombia en la Corte Internacional de Justicia. En este ciclo de audiencias, que termina el primero de octubre, hemos visto hechos que provocan confusión y expectativa en el archipiélago.
En particular son espinosos los hechos relativos a la contrademanda que defiende los derechos de pesca de los raizales en las zonas que fueron delimitadas por el fallo de 2012 a favor de Nicaragua.
Resulta imposible explicar en este espacio todo lo necesario para entender este encuentro en la corte. Sugiero recurrir a otras fuentes que recapitulen el caso desde 2001, cuando Nicaragua radicó la primera demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
Ahora bien, este 22 de septiembre ocurrió algo histórico: el Estado colombiano entregó a un raizal la vocería de parte de los argumentos sobre la presencia histórica en el territorio que en 2012 pasó a integrar parte de la zona económica exclusiva de Nicaragua. El señor Kent Francis James, ex gobernador y ex embajador en Belice y Jamaica, hizo una intervención memorable, destacando el uso continuado de los pescadores de los recursos en parte del maritorio disputado, y el valor simbólico, espiritual e identitario que tiene el mar para el pueblo étnico.
No es cierto, como he leído en varios formatos, que la inclusión de los raizales en el proceso sea de ayer. Esa es una afirmación mediática que politiza la participación raizal en favor del gobierno de turno. Es inevitable eso, pero en realidad han transcurrido al menos cinco años desde que se empezó a condensar el discurso de Francis James en ese tribunal. En un Estado cortoplacista, eso es un logro destacable. Es cierto, eso sí, que esa inclusión era necesaria desde hace más de treinta años, cuando Nicaragua anunció su intención de reclamar el archipiélago.
En su intervención del viernes 24 de septiembre Lawrence Martin, uno de los abogados asesores de Nicaragua, quiso destrozar –con frivolidad hipnótica– unos selectos fragmentos de los testimonios de los pescadores nativos de Providencia. Poco antes, el asesor habló sobre la incompatibilidad del régimen de la zona económica exclusiva con los derechos tradicionales de pesca. Mientras intentaba desestimar la defensa de Colombia, Martin se refirió a una actitud de inteligente omisión de parte del Estado colombiano: a studied silence.
La elección de los apartes de la contramemoria y de las entrevistas a los pescadores, la afirmación de que los raizales son minoría y de que no ejercen históricamente presencia sobre el territorio de la ahora zona económica exclusiva de Nicaragua, la desatención de la integridad de la Mosquitia nicaragüense con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el olvido de la nación creole, kriol, misquita. En efecto, su excelencia Lawrence Martin, hay muchos silencios estudiados en este encuentro entre Estados. Los Estados son monstruos juiciosos en servirse a sí mismos, ¿qué lugar tienen los pueblos dentro de sus fauces?
Los argumentos expuestos en la vocería del señor Kent Francis James son precisos. No son improvisados ni son novedad y no son inadecuados, tampoco, para representar a un pueblo que se sabe colonizado. Dirán ustedes ¿y los silencios del equipo raizal? ¿Por qué Francis James no recitó en La Haya nuestros traumas, nuestra sobrexplotación, nuestro siempre válido somos-desplazados-en-nuestro-propio-territorio?
En el archipiélago se observa con agrado la intervención del equipo raizal en La Haya, aunque nada pueda tapar la histórica torpeza del Estado colombiano, menos aún en un año en el que siguen abiertas y supurantes las heridas de la fracasada reconstrucción post-huracanes y de la ocupación ilegal de predios nativos, como el de Carpenter Yard en San Andrés, o el de Bowden en Providencia.
En este litigio hay unos márgenes claros, la CIJ solo conoce controversias entre Estados, no entre Estados y sus pueblos étnicos. Silencios estudiados, esas son diligencias para otras instancias, para lo cual ya se han airado argumentos que comprometen como nunca antes a Colombia con unas garantías especialmente exigibles para los raizales.
Meditemos. Premeditemos. En los procesos de larga duración hay ambivalencias, hay que negociar y, sobre todo, hay que estar presentes. Hay que ganar agencia. ¿Es esta una instrumentalización de los pueblos étnicos a conveniencia de la soberanía estatal? No hay duda. Participar en los procesos históricos que nos afectan no implica desconocer la obligación de la resistencia.
Las audiencias seguirán la próxima semana y el fallo de la CIJ llegará en 2022 con nuevos elementos para exigir coherencia, y, seguramente, con la obligación de negociar un tratado con Nicaragua. Para terminar, una pregunta política fundamental, quizá para otra columna: ¿quién va a negociar un tratado con una dictadura? Peace out.