El Covid-19 ha dejado efectos ruinosos innegables. La primera pandemia del siglo XXI dejará muchos muertos que lamentaremos y, además, una gran pauperización social que nos costará décadas superar. En lugares como América Latina y Colombia la pandemia agudizó la pobreza, arruinó condiciones de vida y dejará un sinnúmero de otros efectos que todavía desconocemos.
En nuestro caso, tratándose del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contribuyó al detrimento de la situación social y económica que como sabemos, ya venía agravada producto de la desigualdad estructural que desde décadas azota a nuestras comunidades. Sin embargo, aunque las condiciones son evidentemente negativas, creo que como isleños tendremos una nueva oportunidad para dar un salto cualitativo a una modernidad que ha estado quieta: ‘la modernidad económica’
Los profesores Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, nos enseñaron que los “derechos fundamentales cuestan”. Creo que tienen razón. Claro que, en efecto, el costo de los derechos debe tener una buena gestión alejada de la corrupción para que los recursos sean garantizados y presida la igualdad. Eso implica que debemos entender que la recuperación social de este desastre llamado Coronavirus generará unas inversiones que, viniendo del gobierno nacional o departamental deberán ser bien administradas. Aunque no me detendré en la gestión de los recursos, mi intención es poner sobre la mesa otra realidad que va relacionada con la generación de recursos para asumir el precio de la desigualdad agravada por el virus.
Hay tres grandes frentes que el archipiélago debe priorizar para emprender el camino de la sostenibilidad económica que permitirá cubrir los ‘costos’ de la pandemia. Pero también brindar la todavía incierta autonomía económica de nuestras comunidades.
En primer lugar, hay que apoyar el impulso a pequeñas y medianas iniciativas comerciales y económicas de origen isleño. En el archipiélago se ha creído que el turismo de sol, mar y playa (sun, sand and sea) es la única manera de hacer desarrollo económico. Esto es parcialmente cierto. Pero es hora de impulsar la innovación basada en la creatividad cultural y social y, además, las experiencias que se desarrollan en el seno de nuestras comunidades porque hay una sabiduría ancestral que no se está desarrollando a plenitud económicamente hablando.
Hay población raizal e isleña con ideas de comercio y comercialización que permitirán instalar en la isla una especie de ‘Economía Handicrafts’ (entre otras). Nunca perdamos de vista que somos una isla insertada en el Caribe y que nuestras realidades culturales y geográficas no nos distancian de una referencia como Jamaica, Puerto Rico y de todas estas islas que tienen en común sus sabidurías ancestrales las cuales han sido transformadas en una actividad económica justa: en empresas que brindan auto-sostenibilidad a las personas y coadyuvan al turismo como motor del desarrollo.
Necesitamos impulsar la generación de productos hechos en casa nuestro propio ‘Made in San Andrés’ que logren la generación de empleo y autonomía económica. Así mismo pensar en cómo esos productos se ponen en el mercado internacional que por nuestra posición geográfica no está tan lejos. Así como lo logró China con su ‘cerámica y porcelana’ hace siglos y que precisamente, no tiene la posición privilegiada de nuestro archipiélago.
En segundo lugar, es necesario potencializar al sector empresarial. Existe un conglomerado isleño que mantiene viva la oferta turística. Precisamente al sector empresarial comprometido hay que apoyarlo en el sentido de priorizarlos en las ofertas que el gobierno nacional y departamental harán para reactivar los usos y accesos turísticos que volverán.
No estoy hablando de una erogación presupuestal como el polémico “préstamo Avianca”. Sino que el gobierno regional pueda constatar que hay un empresariado que genera empleo y que para mantener a las personas de la isla que viven de este empleo, incluya a las empresas existentes en las rutas de desarrollo económico que se aprobarán próximamente.
Pero este sector debe también ser sensible con las condiciones sociales de la isla y evitar a cualquier costo más pobreza. Es decir, descartar la fórmula de despidos masivos de isleños y pensar en planes de mejoramiento que permitan innovar en la crisis como una oportunidad para que los empleados desde sus iniciativas mantengan viva la oferta turística que como sabemos, volverá.
Por último, el gobierno de la isla debe pensar en la creación de una política pública de reactivación económica con una ventana de observación al 2030. Necesitaremos al menos diez años para medir la recuperación socioeconómica-poscovid.
La política de reactivación económica debe generar: 1) apoyo con recursos locales y nacionales a las pequeñas y medianas iniciativas de innovación económica; 2) beneficios a superficies comerciales que apoyen el desarrollo económico regional y que mantengan en planta la mayor población isleña posible; 3) apoyo a proyectos de autonomía económica comunitaria y 4) apoyo a la iniciativa económica de las mujeres de la isla que se han venido marginando en los sectores productivos.
Pensar en cada uno de estos puntos y elevarlos al estatus de política departamental, es colocar en la agenda pública del archipiélago el renacimiento económico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Es entender que no habrá recuperación igualitaria si no se impulsa el derecho al desarrollo de quienes han sido golpeados por la crisis generada por el Covid-19: la ciudadanía. Nunca podremos perder el gran contexto general. Son las personas el centro de intervención para avanzar hacia el desarrollo social y económico y si ignoramos que la recuperación económica empieza por ahí, todo esfuerzo será en vano.
*Abogado. Candidato a Especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Norte (Colombia).
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen.