Home Opinión Columnas ¿Para quién legislan los congresistas del Archipiélago?
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

elisleño.com - El diario de San Andrés y Providencia.

JA slide show
 

101.cuarentena.jpg

¿Para quién legislan los congresistas del Archipiélago?

Correo Imprimir PDF

JOSEFINA.HUFFINGTONLa Veeduría Cívica Old Providence en cabeza de su presidente, Josefina Huffington Archbold (en la foto), rechazó este martes de manera frontal y categórica la ley que, desde el Congreso de la República, busca el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales.

En efecto, mediante la publicación de un pormenorizado documento, la activista social advierte sobre la inminente posibilidad de que restrinja aún más el derecho del pueblo raizal a sostener principios éticos que incluyan y procuren una adecuada conservación y protección de su territorio.

Lo anterior, pese a que juristas locales y el propio representante a la Cámara, Jorge Méndez Hernández, reiteraron en diversas maneras que la nueva normatividad no tendría aplicabilidad en el Departamento Archipiélago. Concepto que, a continuación, es rebatido por la líder cívica raizal.

Providencia y Santa Catalina, Islas, 24 de junio de 2020.

Sobre la reforma legislativa que abre la posibilidad de legalizar asentamientos humanos ilegales y sus efectos en el Departamento Archipiélago. ¿Para quién legislan los congresistas del Departamento Archipiélago? 

El Congreso de Colombia acaba de emitir una ley que busca el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales, reformando la cesión gratuita de terrenos de propiedad estatal, regulada en el artículo 2 de la Ley 1001 de 2005, en el sentido que otorga legalidad a la ocupación continuada de predios a manera de invasión u otras modalidades que no incluyen el derecho de dominio sobre los mismos y que a su vez, exceden la órbita de las viviendas de interés social. Ese mecanismo, a la fecha, sólo estaba contemplado para este último tipo de viviendas, puesto que la citada norma, establecía intrínsecamente, como limite al derecho colectivo del adecuado ordenamiento ambiental del territorio, la necesidad de salvaguardar el derecho a la vivienda digna de las poblaciones más vulnerables, incluso operando garantías a través de reubicaciones a estos grupos humanos, en los casos en que prevalece el respeto por los usos de suelo de protección en los diversos territorios. Para entender las dimensiones de la tensión entre ambas instituciones, puede observarse la Sentencia T 327 de 2018 de la Corte Constitucional de Colombia.

Pues bien, ahora se restringe aún más el derecho que tienen las comunidades como pueblos y sujetos colectivos, a establecer principios éticos normativos que incluyen y procuran una adecuada conservación y protección del territorio, teniendo al medio ambiente como sujeto esencial de derechos y como principio fundamental de la vida. Esto porque ahora, podrán legalizarse no solo las viviendas de los programas de interés social, sino también, otro tipo de viviendas y edificaciones, que representan usos comerciales o de viviendas que exceden la tipología del interés social, e incluso bienes que buscan tener una destinación de uso público, pero cuya tradición debe ser adscrita a una entidad estatal.

El problema que ha surgido, es que esta disposición, exacerba en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la problemática de la vulneración de los derechos territoriales del pueblo étnico raizal, en razón a que, a la luz del Convenio 169 de la OIT, y los artículos 8, 9 y 310 de la Constitución Nacional, el Departamento Archipiélago, es sujeto de derechos territoriales excepcionales, respecto tanto del ordenamiento ambiental del territorio, como del régimen de circulación y residencia, pudiendo incluso someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles.

Cabe resaltar que el derecho al territorio de los pueblos étnicos se encuentra reconocido a nivel del derecho universal de los Derechos Humanos mediante la denominada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 (A/RES/61/295) y firmada por Colombia en 2009. Por este instrumento, los Estados se comprometieron a establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios o recursos (Artículo 8) y a prohibir el desplazamiento forzado de los indígenas (Artículo 10).

En el mismo sentido, los artículos 25 y 26 de la Declaración contemplan el derecho que tienen los pueblos étnicos de profundizar y mantener su propia relación espiritual con las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado o utilizado, así como el derecho que tienen a conservar dichos elementos como ligados a su propia cosmovisión. En virtud de este segundo artículo, los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas “a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” y obliga a asegurar el reconocimiento y protección jurídica de esos bienes y recursos o de implementar procedimientos idóneos para reconocer y adjudicar los derechos de estos pueblos en relación con sus tierras ancestrales.

No obstante, es absolutamente contrario a ese ordenamiento jurídico internacional, que el legislador pretenda aplicar en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un principio de confianza legítima en los ocupantes de predios que pertenecen al territorio colectivo de la comunidad, con miras a reconocer derechos de propiedad. Más aun cuando esa ocupación se dio históricamente con una intención de despojo, como queda plasmado en disposiciones como la Ley 52 de 1912, donde el artículo 14 establece que el Gobierno colombiano, como estrategia de poblamiento para fortalecer la identidad nacional, concedió́ pasajes gratis en los buques de la nación a las familias de cuatro o más personas que desearan domiciliarse en el Archipiélago.

Pues bien, aunque en ausencia de un mecanismo que a la fecha haya logrado la titulación colectiva del territorio del pueblo raizal, lo cierto es que la Corte Constitucional retomó el tema de los derechos territoriales en el Departamento Archipiélago, a través de la Sentencia SU 097 de 2017, así:

“(…) En la sentencia C-053 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se estudió la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 47 de 1993, la Corte reconoció como territorio del pueblo raizal al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ‘El territorio propio de la comunidad nativa del archipiélago lo constituyen las islas, cayos e islotes comprendidos dentro de dicha entidad territorial. El eventual repliegue de la población raizal en ciertas zonas de las islas no es más que el síntoma de la necesidad de brindar una real protección a los derechos culturales de los raizales”. (subrayado fuera del texto original).

De hecho, el documento protocolo de consulta previa del Ministerio del Interior, denominado Protocolo de Consulta Previa. Sentencia T 576 de 2014. Propuesta de Protocolo de Consulta Previa, Libre, Informada y Vinculante para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de áreas rurales y urbanas en el marco del Congreso Nacional de estos grupos étnicos. Aprobada en el marco del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero llevado a cabo en la ciudad de Quibdó (Chocó) entre el 23 y 27 de agosto de 2013. Númeral VI. Procedimiento General para la realización de la Consulta Previa, determina que “(…) El proceso para determinar la presencia de una comunidades negras (sic), afrocolombianas, palenqueras o raizales, en el área de afectación de la medida, se regirá por el principio de autoreconocimento y corresponde al estado constituir una comisión mixta, integrada por entidades gubernamentales, organismos de organización independiente, autoridades y organizaciones de las comunidades, acompañadas por el ministerio público que adelante este proceso.

Este proceso se realizará en los territorios que afectará la medida objeto de la consulta previa, salvo a las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo territorio ancestral es la totalidad del territorio insular” .

Entiéndase pues bien, la totalidad del territorio insular, luego, una decisión legislativa como la que se tomó, respecto de la posibilidad de legalización y saneamiento de asentamientos humanos irregulares, con efectos en el Departamento Archipiélago, desconoce transversalmente nuestro derecho fundamental a la consulta previa como pueblo étnico, en la medida que se trata de seguir afectando el desarrollo socio cultural diverso del pueblo raizal asentado en las islas.

El problema de despojo de la tierra, en palabras de Juan Duchesne Winter, no es un problema de banderas, sino un problema epistemológico de fondo. Si en el marco de una situación socio política dada, son constantes y determinantes, ciertas formas de acumulación de capital, ciertos modelos de poder, y regímenes retóricos, lo que hay es una imposición de una mismidad económica, social y cultural invasiva, homogeneizadora, que desvaloriza la insularidad, convirtiéndola en segmentación rígida de los flujos corporales e imaginarios. Esto es lo que, la ciencia de estado señala en su ejercicio hermenéutico: que hay un imperio de lo mismo, es decir del invasivo poder que gobierna, y los efectos de su gobierno, que se vienen a traducir en la expedición de este tipo de leyes, a través de las que se propicia el mestizaje, como puente de asimilación a la cultura que pretende dominar.

Es por esto, que se solicita a la Corte Constitucional, revisar la Constitucionalidad de los efectos de esta norma expedida, en el territorio del Departamento Archipiélago, ya que lo que expresamente afirma el pueblo raizal, es la necesidad del respeto por unos derechos territoriales adquiridos, cuya exposición no puede pretender una naturaleza de seducción retórica, sino que es una demanda cuya legitimación solo puede ser observada y apreciada de manera posterior, porque es el derecho que nuestros antepasados ganaron como su territorio, y sólo cuando tales condiciones de respeto se cristalicen, podrá apreciarse el esplendor cultural de nuestro pueblo.

Es un hecho notorio como se ha expuesto, que la república de Colombia promovió de manera dolosa el poblamiento de las islas, por ciudadanos ajenos a nuestra cultura y nuestro territorio, logrando no solo desplazar y replegar al pueblo raizal como ha reconocido la Corte Constitucional, sino poniendo también en entre dicho la supervivencia de las condiciones ambientales del territorio, necesarias para la seguridad de las nuevas generaciones de nuestra comunidad. Cómo podría legitimarse convertir un paraíso en una suerte de infierno socio político, como al menos sucede en la isla de San Andrés, donde se desvanece la huella Caribeña, para implantar la deformidad de los fenómenos violentos que han traído las migraciones continentales y los asentamientos invasivos irregulares.

El fundamento señalado por el legislador en su exposición de motivos, que consiste en la salvaguarda del principio de igualdad, para las edificaciones y asentamientos que no se consideren de interés social, es absolutamente contrario en su efecto, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el estado lo que está llamado es a proteger la diversidad, según una clara línea jurisprudencial en ese sentido, que ha quedado recogida en la sentencia de unificación SU 097 de 2017, entre otras decisiones.

La solicitud del pueblo raizal a la Corte Constitucional, debe ser el entendimiento a propósito de que, precisamente en la tensión de derechos existentes, entre las competencias centrales del estado colombiano, y las competencias territoriales locales de Departamento Archipiélago, y especialmente del municipio de Providencia y Santa Catalina, debe prevalecer la normatividad internacional y constitucional que nos protege como pueblo ancestral titular de los derechos territoriales colectivos sobre la totalidad del territorio insular.

En ese sentido ya ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-1258 de 2001, que la autonomía de los entes territoriales se desenvuelve dentro de unos límites mínimos y máximos, y que el primero de estos se encuentra garantizado por la Carta del 91 y, “está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. ]En cuanto al límite máximo, expresó este Tribunal que “el mismo tiene una frontera en aquel extremo que al ser superado rompe con la idea del Estado unitario”. 

En la sentencia C-894 de 2003, la Corte expresó que la autonomía actúa como un principio jurídico en materia de organización competencial, lo que significa que se debe realizar en la mayor medida posible, teniendo en cuenta la importancia de los bienes jurídicos que justifiquen su limitación en cada caso concreto. Dentro de esa línea jurisprudencial, se ha fijado el criterio conforme al cual las limitaciones a la autonomía de las entidades territoriales y regionales en materias en las cuales exista concurrencia de competencias de entidades de distinto orden, (…)deben estar justificadas en la existencia de un interés superior, y que la sola invocación del carácter unitario del Estado, no justifica que se le otorgue a una autoridad nacional el conocimiento de uno de tales asuntos en ámbitos que no trasciendan el contexto local o regional, según sea el caso”. Para la Corte, ello equivale a decir que las limitaciones a la autonomía resultan constitucionalmente aceptables, cuando son razonables y proporcionadas.

Pues no es este el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde las condiciones ambientales de fragilidad que caracterizan el territorio, y donde también el imaginario ancestral de la raizalidad, incluye la puesta en escena de sujetos políticos diversos, que se alejan de las estructuras de la cultura homogeneizadora, que el estado colombiano ha querido implantar a fuerza de sangre en las islas, y que lastima el núcleo mismo de las prácticas y modos de vida tradicionales, y en condiciones reales de desarrollo para nuestro pueblo.


Ahora bien, uno de los autores de esta normatividad, el representante Jorge Méndez, de esta ha salido a sostener que la misma no tiene aplicabilidad en el Departamento Archipiélago, porque Mediante Sentencia N-1070 de 1972 la Sección 3ra. Del Consejo de Estado determinó que en el Archipiélago no existen terrenos baldíos.

Pues bien, obsérvese como, a contraluz de lo sostenido por el Representante, y de entrevista realizada al Raizal Council, hemos tenido conocimiento de la Resolución 4545 del 17 de julio de 2019, a través de la cual el entonces Gobernador del Departamento, Contraalmirante Juan Francisco Herrera, “declara la propiedad de un bien baldío urbano”, estableciendo en su consideración inicial que, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, “(…) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales”. Esto ratifica el peligro entonces que representa la normatividad que se pretende sancionar, para la comunidad raizal, puesto que como bien lo dice otra de las consideraciones de la citada resolución, el representante legal del Departamento Archipielago, “(…) procede a realizar la presente declaración de bienes baldíos urbanos”. En otras palabras, nos deja a merced de las decisiones que puedan tomar los gobernantes de turno, habiéndose podido cortar de tajo este problema, incluyendo un articulo que excluyera expresamente la aplicación de esta normatividad en la totalidad del territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De igual manera, esta ley pretende sanear los asentamientos humanos ilegales en predios fiscales, lo que genera un conflicto con el artículo 8 de la Ley 1708 de 2014, que establece en el artículo 91, que “(…) una vez decretada la extinción de dominio de los bienes localizados en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estos deberán ser entregados a la Gobernación Departamental, al igual que los rendimientos y frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción del dominio. Estos bienes serán destinados prioritariamente a programas sociales que beneficien a la población raizal”. Pues bien con la citada normatividad se abre la puerta para que este tipo de bienes puedan ser legalizados en el Departamento Archipielago también a favor de personas ajenas al pueblo raizal, que estén ocupando estos bienes.

Por último, es bien sabido que en el territorio insular del Departamento, han existido ocupaciones ilegales de ciudadanos ajenos al pueblo raizal sobre terrenos privados, en razón a que tras el incendio del Palacio Intendencial hace más de 50 años, muchos de los raizales perdieron sus títulos, dándose el caso de que algunas ocupaciones irregulares por parte de estas personas que han ido radicándose en el Archipiélago, en teoría tengan lugar en predios sin propietarios aparentes, pero que insistimos, siguen estando cobijados y afectados por el régimen jurídico de la condición colectiva del territorio ancestral: la Ley promovida por el Representante Méndez, deslegitima precisamente esa protección colectiva del territorio, ya que contempla la posibilidad de legalizar asentamientos humanos ilegales consolidados que se encuentren ubicados en predios de propiedad legitima, a favor de particulares, cuya posesión sea mayor de diez (10) años, sin que el propietario legítimo y a falta de éste sus herederos, hayan hecho uso de las instancias administrativas y judiciales para recuperarlos, o habiendo hecho uso de las mismas, hasta la fecha no tengan sentencia favorable.

Lo sostenido hasta aquí, no es otra cosa que la prueba irrefutable del proceso de invisibilización planeado por el Gobierno colombiano, para exterminar la huella cultural de Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siendo la muestra más grande esto, la exclusión y marginalización de nuestro pueblo, en el proceso jurídico internacional, que terminó con la perdida de más de 75.000 kilómetros de mar territorial, que ancestralmente han pertenecido a nuestra comunidad.



Josefina Huffington Archbold
CC 39151622
Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence

--------------------

Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen.

 

 

 

Última actualización ( Domingo, 28 de Junio de 2020 04:53 )  

Translate this page

Welcome Caribe

Elisleno171 1

Welhome189.PORTADA

RADIO.NACIONAL

WR

IDEAM

 

Indicadores Economicos

Síganos en Facebook

Descarga Firefox


CASABLANCA.CUADRADO

DOITCENTER.AIRE

DECAMERON

TRASH BUSTERS

SOPESA.5

GESA NIFF02

CHICKEN.HOUSE22