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elisleño.com - El diario de San Andrés y Providencia.

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El desperdicio de una conquista

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NADINLa denominada lucha contra la corrupción en las regiones de Colombia está igual que la lucha contra las drogas: no funciona. Y eso lo sabe Raymundo y todo el mundo. Las contralorías departamentales, creadas para defender el erario a nivel regional y consolidar la descentralización, se han convertido en el fracaso más estruendoso de la Constitución Política de 1991. Según 'Transparencia por Colombia', las 32 contralorías territoriales no dieron la talla.

Se esperaba que con la descentralización del control fiscal en el país, que fue considerada en su momento como un triunfo histórico sobre el centralismo bogotano, los recursos públicos de los municipios y departamentos estuvieran mejor vigilados por los ojos de sus propias autoridades y ciudadanos de a pie, pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Ni el coronavirus ha podido poner en cuarentena a los corruptos, como al resto de la humanidad.

Por eso el modelo está en la boca del lobo y a punto de ser devorado por el 'bogocentrismo' que se resiste a soltar las riendas. Así lo demuestra el hecho de que la Contraloría General de la República haya asumido con premura y sin talanquera jurídica que la pudiera aguantar, ya que se escuda legítimamente en el Acto Legislativo 04 de 2019, artículos 1 y 2, la investigación por posibles sobrecostos de un contrato de $3.524 millones de la gobernación de San Andrés y Providencia (Resolución 0812 de abril de 2020), que debía hacer la contraloría departamental.

Probablemente esta "no es una acción en contra de la gestión del ente de control fiscal del departamento insular", como lo considera el contralor actual Justiniano Brown Bryan, pero sí tiene un tufillo de desdoro cuya motivación puede estar basada en el hecho cierto de que la opinión pública considera que las contralorías seccionales no hacen nada o son demasiado débiles para enfrentar la corrupción local que parece tener licencia para matar las esperanzas de los contribuyentes.

En particular, este suceso constituye para las islas de San Andrés y Providencia un enorme retroceso desde el punto de vista histórico ya que la descentralización de la labor fiscal hace parte del conjunto de conquistas logradas en 1991 que le permitieron avanzar hacia un modo de gobierno menos dependiente al que existía en tiempos de la Intendencia Especial. Por eso no dar la talla en materia tan importante como el control fiscal conlleva que pase lo que pasó y le ofrece al centralismo en bandeja de plata la excusa para intervenir cuando quiera en adelante.

De tal manera que se hace cada vez más necesario aprovechar bien lo que se lograra con la Carta Política del 91, de lo contrario, se corre el riesgo de volver a las épocas en la que todo era manejado directamente desde los fríos, insensibles, y muy distantes despachos bogotanos.

Y una manera de demostrar que una sociedad se puede cuidar y manejar por sí sola, sería mediante el fortalecimiento de las instituciones locales, no sólo a nivel administrativo, sino ética y moralmente, y que los gobernantes de turno diesen buen uso a los recursos públicos y que los entes de control actúen eficaz y efectivamente para castigar de forma ejemplar a los corruptos, no sólo para evitar perder el control reglamentario sino porque así debe ser.

No hacerlo y dejarse llevar por las olas de la corrupción que se presentan a diario en las orillas del sector público, principalmente, pone en riesgo, en el caso de las islas, otros logros y avances como el control poblacional, entregado a las autoridades insulares mediante el decreto 2762, basado en el artículo 310 de la Constitución Política, o el de la autoridad ambiental del archipiélago, Coralina. Sólo por mencionar dos ejemplos.

En cuanto al control fiscal en las regiones, "es viable solo si se transforma. […] vale la pena hacer un esfuerzo para emprender un verdadero cambio de paradigma, que involucre no reformar normas sino la cultura, la ética y las prácticas de control fiscal colombiano, para evitar ese gran riesgo de organismos de control al servicio de los autoritarios y la corrupción y no al servicio de la sociedad”, es la conclusión de los investigadores Federico Corredor (profesor) y Valentina Cortés (estudiante de maestría en Gobierno y Políticas Públicas), ambos de la Universidad Externado de Colombia, en un análisis que forma parte de la segunda serie de investigaciones sobre grandes temas del país contenido en la colección ‘La corrupción en Colombia’ de 2018.

Para ello hay que trabajar en el ser humano, volver a la moral y la ética pública, que está muy denostada. Escoger a la persona más apta para los cargos públicos y no a una con la sola consideración de ser militante del partido de gobierno o de la coalición política mayoritaria. Y tal como lo sugieren los mismos investigadores de la Externado, en el caso de las contralorías regionales, establecer mecanismos eficaces que permitan realizar “controles especiales o excepcionales, esto es, intervenciones no planificadas sobre supuestas irregularidades, que no deben hacer parte de las auditorías regulares y están marcados por la sorpresa, que disminuye la capacidad en encubrimiento".

Sumativo En un pasaje de la novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, su protagonista afirma lo siguiente: "El exceso o el mal uso de la prosperidad nos abre a menudo el camino del infortunio". Igual pasa con el poder.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen.

Última actualización ( Sábado, 09 de Mayo de 2020 03:42 )  

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