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“Contraloría Departamental no ha sido intervenida”: Brown

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El Contralor Departamental, Justiniano Brown Bryan, aclaró que el sonado caso del Control Prevalente que ordenó el Contralor General de la República, Carlos Córdoba Larreta, no solo conocerá contratos celebrados por la Gobernación de San Andrés, sino varios contratos que se han celebrado en otros departamentos y municipios durante la declaratoria de la urgencia manifiesta. Pronunciamiento.

A continuación el comunicado a la opinión publica

Con ocasión de los diferentes comentarios que se han suscitado en las redes sociales, referente al control fiscal que ejercerá la Contraloría General de la República sobre algunos de los contratos celebrados por la Gobernación de San Andrés, los cuales son competencia de la Contraloría Departamental debido a que son recursos del departamento, el ente de Control Fiscal de los Isleños se permite informar y sobre todo aclarar a la comunidad que:

1. La Contraloría General del Departamento no ha sido intervenida por la Contraloría General de la Republica como se ha desinformado a través de las redes sociales.

2. Entre tanto, los hechos que si son veraces hacen referencia a un Control prevalente que ordenó el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larreta, no solo sobre el contrato 362 de 2020 celebrado por la gobernación de San Andrés, si no sobre varios de los contratos que han celebrado otros departamentos y municipios durante la declaratoria de la urgencia manifiesta, tal como se puede evidenciar a través de las resoluciones 0791 del 14 de abril, 0812 del 24 de abril y 0831 del 30 de abril, todas de 2020.

3. Cabe señalar que la anterior decisión de la CGR se fundamenta en el Decreto Ley 403 de 2020 en sus artículos 18, 19, 20 y 21 y las facultades que le confiere el artículo 267 de la Constitución Política, el cual fue modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019 en su artículo 1 y 2, a través de los cuales, La Contraloría General de la República puede adquirir la competencia prevalente sobre los entes de control fiscal territoriales para ejercer control sobre los recursos de un departamento o municipio.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, es válido aclarar e informar a la comunidad que la decisión tomada por la Contraloría General de la República no es una acción en contra de la gestión del ente de control fiscal del departamento, y mucho menos una acción descalificante.

5. Cabe señalar que esta medida implementada por la Contraloría General del República se ha adoptado también en otros municipios y departamentos (17) en total como se referencia en las resoluciones ya mencionadas y que hacen parte de una política que establecieron de manera conjunta la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación a fin de centralizar el control fiscal de los recursos que se han invertido en todo el país para atender la crisis del COVID-19.

6. Finalmente, la Contraloría Departamental respeta y acata la decisión tomada por la Contraloría General de la República al asumir el proceso auditor de dichos contratos, haciendo claridad que continuará ejerciendo un Control Fiscal Participativo con Resultados como lo anunció Justiniano Brown Bryan en su Plan Estratégico 2020 – 2021.

 

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