El Departamento de San Andrés y Providencia vive una situación especial a causa de la crisis provocada por el Covid 19. La razón es que casi la totalidad de su economía –alrededor de un 80%– depende del turismo, por lo que la mayoría de su población, aparato productivo y finanzas del departamento se ven perjudicadas directamente y de forma drástica.
Según estadísticas de la página datos.gov.co en el año 2019 llegaron al archipiélago un total de 920 mil visitantes producto de los cuales serecibieron aproximadamente cien mil millones de pesos por concepto de tarjeta de turismo, cifra que equivale a una sexta parte del presupuesto anual del departamento.
Se puede afirmar sin temor a equivocarse que esta situación es la más grave que ha enfrentado la isla a lo largo de su historia y pone a la población del archipiélago en una situación de vulnerabilidad sin precedentes que puede desembocar en una crisis social.
Desde el año 2012 el gobierno nacional, en respuesta a la situación derivada por el fallo de La Haya, destinó un total de seiscientos veinte y cinco mil millones de pesos, con el objetivo de ser distribuido en: subsidios para pescadores, subsidios en tarifas de energía, reducción de tarifas aéreas, inversiones turísticas, educación y cultura, estrategia que fue conocida como el Plan San Andrés o Plan Archipiélago.
A la fecha de esta publicación, las ayudas anunciadas por el Gobierno nacional para mitigar la crisis generada por la pandemia se enfocan en postergación de plazos para pagos de impuestos, aumento de ingresos del programa Familias en Acción, reconexión de servicios públicos y líneas de créditos, que por ahora no están siendo otorgadas a las empresas del sector turístico por la banca argumentando ‘falta de garantías’.
Estas ayudas no son suficientes. Ahora más que nunca, San Andrés necesita el apoyo de toda Colombia para salir adelante. Es urgente que el gobierno nacional establezca un Plan San Andrés 2.0 con recursos y estrategias superiores a las implementadas en el año 2012, incluyendo medidas como:
Subsidios para pago de nóminas hasta por dos salarios mínimos, subsidio de desempleo a trabajadores que se desempeñan de forma independiente y que hayan realizado aportes de seguridad social en el último año, créditos diferidos a cinco años con tasa de interés de 0% dando un año de periodo de gracia para que las empresas se puedan estabilizar, condonación de pago de contribución parafiscal, subsidios en tarifas de tiquetes aéreos en trayectos hacia y desde San Andrés, subsidios para pago de servicios públicos (el Archipiélago paga uno de los costos de energía más altos del país).
Es necesario que las autoridades locales, gremios y representantes del departamento ante la Cámara, establezcan una estrategia conjunta para que el gobierno nacional ponga al Archipiélago como una de sus prioridades y así se tomen las medidas necesarias antes que sea demasiado tarde.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
