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Protesta por designación de defensor del pueblo foráneo

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Desde tempranas horas de este martes, se presenta una protesta pacífica a las afueras de la Defensoría del Pueblo por la presencia de un defensor regional proveniente de la ciudad de Bogotá. Las oficinas permanecen cerradas.

Como se recordará, la Defensoría del Pueblo quedó sin titular cuando el 12 de septiembre a Tonney Gene Salazar se le aceptó la renuncia cuando ella fue nombrada Gobernadora encargada. Desde entonces la abogada isleña Caroline Stephens Steele ha venido ocupando el cargo en calidad de directora asignada de la Defensoría.

La designación en comisión en el cargo y la tarjeta temporal de residencia (OCCRE), otorgada en un tiempo inusual –por lo veloz– de cinco días a un funcionario nacional para ocupar la dirección de la Defensoría local tienen carácter temporal, pero llamó la atención de una comunidad últimamente sorprendida cada vez con mayor frecuencia por estos casos.

La activista raizal y una de las manifestantes, Yvonne Parra (en la foto superior), manifestó que su comunidad ya está cansada de las decisiones que se toman desde el nivel central, trasgrediendo las normas especiales que rigen para San Andrés.

“Solicitamos al defensor nacional, Carlos Negret, que nos explique el porqué de la decisión y que se designe a un director raizal o por lo menos un residente bilingüe”, indicó la ciudadana. También se conoció que fue enviado un derecho de petición al director de la Occre, Abraham Forbes, para que revoque dicho permiso de ingreso así sea temporal.

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A su turno, Edmy Castañeda, el director regional provisional de la entidad, manifestó que no se trata de un nombramiento en propiedad, sino que está en la Defensoría Regional de manera temporal “con funciones asignadas”.

“Mi cargo está en Bogotá, soy funcionario grado 19 en la Dirección Nacional de la Defensoría Pública, en el grupo de Control, Vigilancia y Gestión Estadística. Tengo un permiso provisional hasta por tres meses otorgado por la Occre, mientras se hace el empalme con el nuevo defensor en propiedad que será raizal y con el lleno de todos los requisitos de ley”, explicó Castañeda.

El funcionario admitió no dominar el idioma inglés, pero aseguró haber venido en cuatro oportunidades al Departamento, para empaparse de algunos temas puntuales de defensa pública en la isla; además de visitar el centro del menor infractor, la cárcel, los juzgados, y la Fiscalía.

Casos como el del reciente gobernador militar encargado, altos funcionarios de la Dian y de la Procuraduría, además de servidores de la rama judicial, entre otros; vienen caleando los ánimos que, al decir de los raizales, a partir de la Constitución de 1991 vieron desarrollar una serie de normas de protección laboral y étnica que en el papel son ignoradas o violadas por el propio Gobierno Nacional. 

Por último, un abogado local consultado por EL ISLEÑO explicó que "Al no ser el designado defensor una persona oriunda de las islas, lo más probable es que no hable el inglés o creole, lo cual para ser Defensor del Pueblo es necesario porque muchos isleños raizales no hablan español y esto podría dificultar su trabajo. En ese caso, se incurriría en posible contravención al artículo 45 de la Ley 47 de 1993".

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Última actualización ( Jueves, 19 de Diciembre de 2019 08:26 )  

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