El archipiélago de San Andrés y Providencia dispondrá en breve de nuevos y modernos mecanismos administrativos que le permitirán regular efectivamente sus flujos migratorios, adoptar medidas para paliar los efectos de la superpoblación, prevenir problemas de seguridad y controlar con eficacia los recursos derivados del recaudo por concepto de la tarjeta de turismo exigible a sus visitantes.
A instancias de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el gobierno insular firmó un convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil que les dará acceso a sus autoridades al Archivo Nacional de Identificación (ANI) y a sus sistemas de información biométrica, lo que permite reconocer a las personas en cuestión de segundos, por medio de la autenticación de sus impresiones dactilares.
Se trata de un paso trascendental dentro del proceso de construcción de un modelo de gobierno abierto y transparente, asociado al ejercicio de la soberanía territorial, la autonomía administrativa y el manejo racional de los recursos públicos.
El acceso a las nuevas bases de datos, a través del camino expedito de la tecnología de punta, prevendrá el fraude por suplantación o usurpación de personas, permitirá conocer el perfil de los visitantes a la isla y controlar racionalmente la migración de personas a un territorio donde la prestación de los servicios básicos resulta insuficiente ante la permanencia irregular de visitantes sin ningún arraigo allí.
Recientemente el gobernador encargado, contralmirante Juan Francisco Herrera, nos sorprendía con una estadística según la cual por cada kilómetro cuadrado existe una población promedio de 2.000 habitantes. Según los resultados del censo del DANE, la isla alberga actualmente a 70.000 personas en espacios donde solo podrían convivir, en condiciones dignas, no más de 5.000.
Por eso los raizales piden con frecuencia a las autoridades que dispongan planes extremos para la expulsión de personas. Por lo pronto, el convenio con la Registraduría permitirá adoptar medidas de fondo, estructurales, para reordenar procesos y prevenir que el fenómeno siga creciendo.
También incidirá favorablemente en la formulación futura de los planes de desarrollo, lo mismo que en el régimen de transferencias de recursos y el fortalecimiento de la inversión social.
El instrumento será de especial utilidad para la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) que recibe los recursos de la tarjeta de turismo, cuyo costo superior a los $100.000 no ha inhibido el ingreso más de 3.000 personas que llegan allí diariamente en condición de turistas. Es común también la proliferación de indocumentados.
El convenio tendrá el necesario blindaje jurídico y se atendrá por completo a las exigencias constitucionales y legales sobre el tratamiento y protección de datos personales. También respetará los protocolos establecidos por la Registraduría para que sus operadores cuenten con la capacidad y la formación para garantizar la integralidad del modelo.
Aunque existen operadores debidamente acreditados, será abierta una invitación pública para que los interesados en prestar el apoyo y el soporte técnicos necesarios a San Andrés, participen en un proceso que emulará la selección objetiva que emule el Estatuto de la Contratación Pública.
La posibilidad de disponer de los datos del ANI y de los recursos para la identificación biométrica debe impactar favorablemente el entorno de seguridad del archipiélago y les servirá a las autoridades para evitar que se convierta en refugio o coto de caza de actores ilegales.
El nuevo proceso que inicia, el más valioso de los territorios insulares del Caribe, redundará también en beneficio de la reivindicación de su soberanía.
(*) Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
