El Consejo de Estado desarrolló un encuentro especial este viernes en San Andrés en el que los magistrados que integran este cuerpo legislativo y el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del Departamento, junto a representantes de la Procuraduría y la Contraloría, la autoridad ambiental Coralina y algunos ciudadanos debatieron sobre medio ambiente y género.
Entre los asistentes del auditorio del Banco de la República, estuvieron la presidente del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez; los consejeros nacionales Estela Carvajal, Hernando Sánchez, Oscar Amaya y Carmelo Perdomo; los magistrados del TCA José María Mow, Noemí Carreño y Jesús Guerrero. Además, integraron la mesa principal, el alcalde providencia, Bernardo Bent y el gobernador encargado, Juan Francisco Herrera.
“La palabra sobrepoblación no se ha querido reconocer”
A propósito, el mandatario (e) se refirió durante su intervención, entre otros temas, a la problemática de la sobrepoblación.
“La palabra sobrepoblación no se ha querido reconocer –dijo– aun después de las tareas que se viene realizando desde las islas en mesas de trabajo y con el DANE; sin embargo, quiero hacer claridad porque que a veces no se lee bien: no es que en San Andrés hayan 49 mil personas como se ha dicho muchas veces; hay 49 mil potenciales votantes para las próximas elecciones que es un dato importante.
Lo que en realidad dice el DANE es que hay casi 80 mil personas en la actualidad; cifra que tampoco deja satisfecha a la ciudadanía, porque la gente cree que es superior. Motivo de ello, vamos a fortalecer ese proceso con un trabajo de reconteo, que va a ser el principio de algo muy importante para establecer un estudio de capacidad de carga, para hacer viable un modelo insular en la Reserva de Biosfera Seaflower.
También es cierto que tenemos problemas en seguridad, estamos trabajando para mejorarlo implementando estrategias diferentes; pero también necesitamos resultados en judicialización. Todos aquí tenemos una parte qué hacer”, manifestó Herrera.
Por su parte, el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, expresó su preocupación y la de este ente de control nacional, en cuanto a las circunstancias que se han presentado con proyectos y obras que están bajo la lupa de la entidad.
“Llama la atención que estos 44 kilómetros cuadrados insulares tengan tantas debilidades, en materia de cobertura y prestación de servicios públicos. Desde la Contraloría queremos evitar que algunos proyectos que hay en marcha se conviertan en ‘elefantes blancos’.
Lo que pretendemos en este tipo de espacios es trascender al punto de la sanción, buscando escenarios de soluciones. Felicito a las veedurías de ciudadanos activos y organizados, que nos han facilitado desde la región insular los insumos necesarios para poder sacar varias investigaciones adelante”, enfatizó el funcionario que repasó el nombre de algunos 'elefantes' célebres en las islas: el colegio Cemed, la planta RSU, el inconcluso Distrito IV y otros.
Una crisis anticipada hace casi 30 años
Igualmente, se pronunció el magistrado Mow recordando que desde la Constitución de 1991, se consagró un régimen especial para las islas con la creación del artículo 310 en la Carta Magna con dos objetivos principales: proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del archipiélago.
“Este artículo especial que nos diferenciaba del resto de departamentos de Colombia, se expidió porque el panorama que se reflejaba desde esa época, –hace 28 años–, que puede leerse en los informes, debates y exposición de motivos de la reforma constitucional, ya vislumbraban problemáticas de sobrepoblación, crecimiento urbanístico desordenado con el subsecuente proceso de ‘tugurización’ y destrucción del equilibrio ecológico, que ponía en condiciones difíciles a un importante número de habitantes de San Andrés”, explicó el jurista.
Para concluir la primera jornada, se desarrolló el panel ‘Efectos sociales y ambientales de las decisiones de acción popular en protección y conservación del archipiélago’, a cargo del magistrado del Consejo de Estado, Oscar Amaya; la magistrada del TCA, Noemi Carreño; la procuradora ambiental, Sara Pechthalt; Nacor Bolaños, director de Áreas Marinas Protegidas de Coralina; y el capitán de Puerto, Francisco Kekhan.