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Cuando la mentira es la verdad

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Durante la última década en las islas han sucedido tantas calamidades en el campo social, ambiental, disciplinario, fiscal y penal, que pareciera que se hubiera perdido toda la cordura posible. Sin embargo, lo ocurrido con los insólitos e inadmisibles resultados ofrecidos por el Censo Nacional del DANE 2018, según los cuales el Archipiélago cuenta en la actualidad con 48.299 personas, supera todas las expectativas quiméricas de la imaginación.

¿Cómo podrían ser ciertos dichos guarismos si tan solo –de acuerdo al Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil actualizado al 26 de junio del corriente– el potencial electoral del Archipiélago es de 49.398 personas?  O sea, que en las islas, según el DANE, existen 1099 personas menos de las que ya se encuentran legítimamente habilitadas para votar, que habitantes comunes y corrientes: de todas las edades, origen, nacionalidad, sexo y edad.

Entonces preguntamos: ¿dónde se ubican, en que segmento social, todas aquellas personas menores de 18 años que no califican para sufragar? ¿Y los miles de residentes que, según la Oficina de control de Circulación y Residencia (OCCRE), se encuentran asentados de manera irregular? Esto es ciertamente inaceptable. Con estas cifras arrojadas, el DANE está reconociendo su incapacidad para adelantar un conteo serio y ponderado o, simplemente, se está burlando de los isleños.

Es con solo revisar el Censo de Población 2005, verificaríamos que la misma entidad tabuló a nuestra población en 59.573 habitantes, con una proyección estimada para el año 2018 cercana a los 80 mil residentes. Tan es así que, según datos de la Secretaría de Salud, en la actualidad hay unas 55 mil personas afiliadas al sistema en el Departamento: 40 mil al régimen contributivo y 15 mil usuarios del subsidiado.

Estos datos arrojados tras una rápida y sencilla valoración de las bases de datos de distintas entidades públicas, descalificarían rotundamente el censo de 2018. Sin embargo, el problema es mucho más serio que un simple inventario de cifras estadísticas porque a partir de esta instancia, es que se elaboran los presupuestos y se asignan los recursos nacionales para la región.

En síntesis, el peligro es que estas cifras se podrían convertir en nuestra marca oficial. Por ejemplo, el sistema general de participaciones que asigna los recursos para inversión en salud y en educación, los fundamenta en el número de habitantes; es decir, a mayor población, mayores recursos. Así las cosas, ¿se puede imaginar nuestra economía calculada presupuestalmente para una población de 48 mil personas?

La respuesta, sin contar el-handicap de la sobrepoblación –siempre subestimada– que amerita una urgente política pública, es única y pavorosa. Solo imaginable en una sociedad descuadernada, deprimente y atormentada por la inseguridad. Una sociedad en donde el credo de la mentira se impone sobre la verdad.


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Última actualización ( Sábado, 20 de Julio de 2019 12:48 )  

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