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El oscuro pasado vuelve a la Gobernación

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HAROL.BUSH2Un Gobierno Departamental que admite haber perdido la batalla contra la mayor preocupación de los isleños, la inseguridad, y el reciente espectáculo de la firma de cientos de contratos, han confirmado la sensación de que las cosas no van bien en el Coral Palace, las islas poco han mejorado y hay un retorno al manejo administrativo y político de los últimos ocho años.

Por si fuera poco, ya muchos se preguntan para qué han servido las detenciones porque la tendencia es dar casa por cárcel, porque las investigaciones se han quedado quietas y porque la contratación departamental ha vuelto a perfiles similares a lo de antes. Hay que reconocer el bajonazo en asesinatos después del excepcional operativo de la Policía que logró la captura de un ‘pez gordo’, sin embargo esto es opacado por el considerable aumento en los atracos. 

El Departamento también ha sufrido una seria erosión de su autonomía administrativa, en parte por la ineficiencia y corrupción reciente, y en consecuencia muchos asuntos, como contrataciones grandes, son manejados desde el Ministerio del Interior y la Vice Presidencia, entre otros. Pero, ¿para qué sirve una administración local y el control desde Bogotá, si se ha fracasado en aliviar a las islas de la crisis y traer agua y seguridad a los isleños?

La administración expone tanto la debilidad del gobernador encargado como del Gobierno Nacional en el manejo de las islas. El proceso actual será recordado por servir de puente de continuidad de los intereses políticos y económicos y no de las islas e isleños entre un pasado difícil y un futuro incierto.

Lo nuevo no siempre es lo mejor

Muchos aceptaron un Gobernador independiente como fórmula temporal para limpiar la administración local y darle un alivio de los políticos y de los contratistas profesionales que manejaban el Departamento como si fuera su finca. Se acepta que las cosas eran y aún son bien complejas y no había una varita mágica disponible. Pero lo que no se esperaba era que se volviera a lo mismo de antes.

El espectáculo de políticos profesionales en el Coral Palace con carpetas debajo de sus brazos antes de que entrara la ley de garantías, habla montones. Los predios de la Gobernación volvieron a ser usados por los políticos como si fueran sus fincas. Nombramientos y contratos de servicios y obras aseguran a los políticos votos en las elecciones de octubre y mantiene callados a posibles críticos.

No sorprende que nada quedó del tan anunciado debate sobre el Plan Archipiélago y la entrega del manejo de 45 mil millones de pesos al FINDETER, la misma entidad que es en parte gran responsable de que los miles de millones de dicho plan no haya mejorado la vida de los isleños. El Distrito IV es sólo un ejemplo de esto.

El rol de la metrópoli

Es claro que nada se hace para cambiar un esquema de manejo de las islas desde Bogotá; y desde las islas, que ha fracasado como prueba la misma admisión del Gobernador Herrera. Las frustraciones y la corrupción de la administración local en el pasado no pueden ya ser excusas para que Bogotá siga asumiendo el control de tantas cosas.

Sin embargo, esto quedó muy claro en relación a la entrega del manejo del FINDETER de 45 mil millones y el mayor manejo de asuntos de las islas desde Bogotá con la designación de una persona no independiente –contrario a lo que debería ser– del Ministerio del Interior como Gobernadora-ad-hoc para atender el caso legal de la ocupación del lote de la Policía.

En esta movida se observa el retorno de una política de soberanía nacional a ultranza que no permite espacios de acción para iniciativas locales. Dicho Ministerio no ha hecho sino obstaculizar o manipular las iniciativas promovidas desde las islas, desde el Estatuto Raizal hasta el estudio de capacidad de carga auspiciada por la OCCRE. No solucionan ni dejan solucionar.

La erosión de la autonomía administrativa local y los fracasos de iniciativas de los isleños para solucionar sus propios problemas, nos recuerda el esquema de manejo que existía con el extinto DAINCO: por ley había que mandar a Bogotá para que aprobara las ordenanzas, decretos y contratos locales hasta 1991 cuando las islas se convirtieron en Departamento.

A otros Departamentos el Ministerio nada les puede decir. Al nuestro lo manipulan, pero pocos políticos en los islas alzan la voz de alarma. La contratación pública se usa para neutralizar voces de oposición.

¿Y los locales qué?

El control capitalino pronostica un trabajo nada fácil para el nuevo Gobernador que será elegido el 27 de octubre porque el Gobierno Nacional podría usar el giro de dineros urgentemente necesarios para neutralizar todo intento de volver a manejar más cosas desde las islas.

El rol controlador de la capital hace enfocar la atención también en el de las entidades de control de las islas y nacionales, que ignoran lo que hacen las instituciones nacionales (como FINDETER y FONTUR), pero van lanza es ristre contra los funcionarios y contratistas locales.

Por último la Asamblea Departamental se lució con el tema de seguridad porque era fácil sobre exponer al Gobernador y no involucraba poner el peligro contratos, pero se queda callada frente a otros asuntos igual de graves como salud, por ejemplo.

 


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Última actualización ( Domingo, 14 de Julio de 2019 05:11 )  

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