Cumplidos seis meses en la presidencia de la Asamblea Departamental, el diputado Wellington Rankin Bent dialogó con EL ISLEÑO y confirmó la realización de debates candentes en torno a seguridad, infraestructura, salud, y al cuantioso contrato de 45 mil millones de pesos-–de recursos propios– firmado con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), que está programado para este 3 de julio, y al cual están citados varios secretarios de la Administración Departamental.
El diputado oriundo de Providencia, se posesionó como presidente en enero de este año y, como se recordará, lideró la negativa de la corporación de no dar –por segunda vez– posesión en el mes de marzo al gobernador encargado, Juan Francisco Herrera Leal, tras la renuncia del ex mandatario Ronald Housni Jaller, que lo separó definitivamente del cargo, enfrentando un proceso por corrupción.
“Hasta el momento las cosas marchan en forma aceptable; tengo el respaldo de mis compañeros de la Asamblea, aunque no ha sido fácil porque cada uno trae las solicitudes que les endilga la ciudadanía. Nosotros podemos incidir y quisiéramos resolver todas las problemáticas, pero la última palabra la tienen casi siempre el Gobernador y sus secretarios”, explica Rankin Bent.
Al mismo tiempo asegura que las islas han cambiado mucho en los últimos años. Ya no se percibe el carácter solidario que caracterizaba al isleño. “Aquí cada quien va buscando únicamente lo suyo. Necesitamos volver a esos tiempos, cuando se le tendía la mano al hermano caído; necesitamos rescatar ese sentido de la cooperación que nos caracterizaba…”, concluye en una nostálgica introducción.
A usted le tocó una coyuntura de inestabilidad institucional y, entre otras, no le dio posesión al gobernador (e) actual quien finalmente lo hizo ante un juez de garantías. ¿Esa situación le produjo contratiempos?
No lo he sentido así. La Asamblea siempre ha trabajado de la mano con los gobernadores, pero cuando anunciaron que se produciría una nueva posesión tomamos la decisión de no hacerlo, dado que consideramos que no estaba –y aún no lo está– habilitado. Existía y existe una terna definida como lo dispone la norma electoral, eso es claro como el agua, además de otras consideraciones.
Pero volviendo a su pregunta, en un principio, tal vez sí pudo haber molestia del gobernador (e) por la negativa, pero nuestra responsabilidad no ha cambiado a raíz de ello; hemos ido aprobando sus proyectos en la medida en que se han ido presentando. En otros casos se le han negado algunas pretensiones, por ejemplo, las de otorgar concesiones, y eso tal vez impide que la relación sea más fluida.
En cuanto a otros proyectos ¿Cómo marcha la iniciativa presentada por los diputados Oscar Bowie y Arlington Howard de crear un municipio rural para San Luis y La Loma?
Los dos diputados por separado están presentando este proyecto que es un derecho que confiere el artículo 310 de la Constitución Política de 1991. Lo han hecho en cada vigencia de la Asamblea desde 2016, cuando llegué por primera vez a la corporación; sin embargo no ha sido aprobado. El proyecto es bueno para proteger el territorio y su gente, pero yo sugiero que deben presentar esa iniciativa de forma unificada. En este momento se encuentran en estudio dentro en comisión y estamos a la espera de novedades.
Por otra parte se están ‘cocinando’ importantes debates, a los que están citados varios secretarios de despacho, entre otras, para dar claridad al contrato de 45 mil millones de pesos suscrito con Findeter. ¿Qué se espera de estos espacios?
Para nosotros es fundamental conocer los proyectos que comprende dicho contrato multimillonario, y por eso hemos citado a varios funcionarios el próximo miércoles 3 de julio a las 3:30 p.m. en el recinto de la Asamblea.
Además, requerimos una explicación del porqué se seleccionó a dicha entidad, cuyos antecedentes en las islas no son los mejores; no podemos consentir que a una organización que le quedó grande terminar las obras (estancadas) del Distrito 4, la vayan a premiar entregando más de 45 mil millones de pesos en recursos propios… Porque aclaro, éstos no son dineros de la Nación, sino recaudados en el Departamento.
Para este debate, también está citada de manera especial la nueva secretaria de Cultura, Ligia Ibarra Cabeza, para que explique qué va a pasar con la ‘Estampilla Procultura’ una vez que esos dineros se ejecuten en Bogotá y cómo van a hacer para recuperarlos.
El porcentaje de la estampilla se cobra cuando se hace una contratación dentro del Departamento, y habiendo firmado con una entidad foránea, se verán afectados los sectores de deportes de la cultura. Además que si no le dan el chance a un contratista local de concursar y ganar un contrato de este tipo, se frustra la oportunidad de irrigar recursos importantes en la misma isla.
Personalmente creo que median otros intereses en esta decisión y la quieren justificar con el hecho de que San Andrés está en el ojo del huracán por los casos de corrupción que se han suscitado –que por cierto no tienen su origen exclusivo en el Departamento–, y que por eso es necesario ejecutar los recursos por fuera de la isla.
¿Cuáles son los otros debates programados?
Adelantaremos también un debate con la cartera de Infraestructura, porque vemos nuevos ‘elefantes blancos’ dando vueltas en San Andrés: la Casa de la Cultura de North End, Tropical Park o el Hipódromo; en este último caso, se desembolsaron más de 7 mil millones de pesos en anticipos, y el contratista solamente descapotó el terreno y de ahí en adelante nada más se ha hecho.
La gente está desesperada viendo que no arrancan las obras y que otras quedaron empezadas, como la via Cundinamarca. Por eso citamos a la secretaria Ninosthka Hudgson Hernández, para que explique qué pasa con esas construcciones y que, si es que no va a pasar nada, que nos diga cómo piensan recuperar los recursos que ya se han girado y si se aplicarán las pólizas respectivas, para que esos dineros vuelvan a las arcas departamentales.
También se tiene en carpeta, realizar un debate sobre el tema de seguridad para lo cual está citado el secretario de Gobierno, Rómulo Areiza Taylor.
La idea que teníamos y sé que así lo comparten varios ciudadanos, es que teniendo militares como gobernador (e) y como secretario de esa cartera, el tema de seguridad tendría que mejorar. Pero ha sido todo lo contrario, ahora se presentan robos a plena luz del día en casas, entidades financieras y en empresas; además que hay mucha circulación de armas.
Moción de censura y salud
El secretario Areiza Taylor es mi paisano, ambos somos de Providencia; pero si él no da la talla, tendremos que ponerle una moción de censura para que abandone su cargo y que pongan a alguien con una visión más clara de cómo sacar adelante a la isla en ese sentido.
En este mismo debate, se tratarán además las medidas gubernamentales relacionadas con el horario de funcionamiento de algunos establecimientos comerciales; con esas normas se está restringiendo el libre derecho al trabajo de muchas personas principalmente en los barrios. Así que solicitaremos que nos muestren qué aspectos han mejorado en materia de seguridad, desde la entrada en vigor de dicha prohibición.
Por último, también llevaremos a cabo un debate en torno a la salud, propuesto desde hace varios meses por la difunta honorable diputada, María Said Darwich, al cual hemos convocado a los principales actores del sector para que expliquen qué pasó con la licitación para una nueva administración a partir de agosto de este año y en qué quedó la propuesta de un modelo mixto de operación en el Departamento, que entre otras cosas ordenó el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
