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OSWALDO.SANCHEZ“La Corte decide por encima y, si es del caso, en contra de la ley y del debate político que la configuración de la ella supone. La Corte decide contra el mismo texto constitucional...

... La Corte legisla por lo negativo tumbando leyes a su juicio inconstitucionales y por lo positivo, creando verdadera fuente de derecho. La Corte, además, crea políticas públicas sin tener competencia para ello y define monumentales erogaciones presupuestales sin que el país tenga con qué pagarlas”.

La anterior diatriba del docente y columnista, Rodrigo Pombo Cajiao, en contra de la Corte Constitucional (CC) deja al lector sin aliento y conmocionado. Y al lado de él otros opinadores como María Isabel Rueda y Rafael Nieto Loaiza, implacables con la CC, rematan al ya desvencijado lector 

El pasado 6 de junio la CC emitió el comunicado de prensa N° 18 (el fallo no se ha publicado) en el que informa que “la corte decidió que son inconstitucionales las normas legales que establecen una prohibición genérica y amplia al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público y en espacios privados abiertos al público o que trascienden a lo público, de forma irrazonable, por ser una medida que o bien no es idónea para alcanzar el fin buscado (en los casos en que el consumo no impacta la convivencia o la integridad del espacio público) o bien no es necesaria, por existir otros medios para alcanzarlo”.

Semejante pronunciamiento produjo una oleada de protestas, escritos y comentarios igual o superior al estupor provocado por lo que afirmaba la CC. Tanto, que la Comisión Accidental para la Infancia del Senado espera que los magistrados expliquen el alcance del pronunciamiento, ya que "Queremos entender hasta dónde se puede limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes consumen alcohol o sustancias psicoactivas, de tal forma, que no se atente contra el derecho de los niños".

A tal punto ha llegado el desconcierto causado, que Nieto Loaiza no vacila en calificarla de “insensata e irresponsable”, pues en su opinión “La Corte prefirió defender a los consumidores, y de paso el negocio de quienes les venden alcohol y drogas, que proteger a los niños…”. Por su parte, Pombo, recuerda lo que los profesores Fabricio Mantilla y Tatiana Oñate afirman en su escrito ‘La dignidad de la Corte Constitucional’: “el lenguaje de los ‘derechos a…’ (asumida por la Corte con base en la Dignidad Humana)… favorece las reivindicaciones individuales narcisistas por encima de las colectivas”.

No de otra manera uno puede pensar al ver que se legisla a favor de unos pocos en perjuicio de la mayoría, en este caso los niños y las familias quienes son los principales usuarios de los espacios públicos conocidos como parques o zonas verdes. Y si avezados congresistas reconocen sus limitaciones para poder entender lo que quieren decir los togados, con mayor razón los simples ciudadanos.

Por ejemplo, si existe y está vigente la Ley 1335 de 2009 “por medio de la cual se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco”, y pretende, entre otras cosas: “Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco y proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco”, prohibiendo de manera expresa el consumo de tabaco y sus derivados en lugares públicos.

Entendidos, claro está, como “Todos los lugares accesibles al público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quién sea su propietario o del derecho de acceso a los mismos”, ¿cómo entender que salga ahora la CC con que consumir alucinógenos o ingerir licor en los espacios públicos no es problema y que es inconstitucional su prohibición con el peregrino argumento del libre desarrollo de la personalidad?

Dice el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia (CPC): “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. La CC, una de las ramas del poder público que conforman el Estado, tiene, por tanto, la obligación de velar por su cumplimiento; pero cuando personas en estado de alicoramiento o consumiendo alucinógenos estén haciéndolo en estos espacios públicos, pues su sola presencia es intimidante y amenazadora, coartando el derecho de niños y familias al pleno goce de una sana y tranquilizante recreación.

Todo lleva a concluir que la decisión tomada por la CC es un adefesio, una “absurda sentencia”, e invalida el artículo 44 de la CPC que afirma que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, incluidos los defendidos por la CC. Tiene razón el columnista de-El Nuevo Siglo, Diego Arango O.: “¡Qué falsa corte!”


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Última actualización ( Sábado, 29 de Junio de 2019 06:08 )  

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