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Niegan residencia temporal al director de BanRepública

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La Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), negó la solicitud de prórroga de residencia temporal presentada por el director del Centro Cultural del Banco de la República de San Andrés, Weildler Guerra Curvelo, para continuar en el desempeño de su actividad. El ente le confiere tres meses a partir de la notificación de esta decisión para gestionar su salida de la isla.

Como se recordará, el antropólogo de profesión y escritor de origen_wayuu, desempeña dicho cargo desde el año 2016, tiempo durante el cual permaneció en el territorio insular de manera regular. No obstante, la Occre aduce una serie de argumentos legales por los cuales Guerra Curvelo no aplicaría para una nueva prórroga de residencia en el Departamento, motivos que se describen en el siguiente documento:

RESOLUCIÓN NÚMERO

( )

“Por medio del cual se resuelve una petición de Residencia Temporal”

La Directora Administrativa De La Oficina De Control De Circulación Y Residencia “Occre”, Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, En Ejercicio de sus facultades legales, en especial la contenida en el Decreto 2762 de 1991, Procede a resolver la solicitud presentada por el ciudadano Weildler Antonio Guerra Curvelo, para la renovación de su tarjeta temporal de residencia en la isla de San Andrés.

ANTECEDENTES

Mediante oficio del 17 de enero del 2019, radicado en la Gobernación del Departamento, bajo el número 1564, el Sr. Weildler Antonio Guerra Curvelo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79’150.050, en su condición de Gerente titular del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés, solicitó la renovación de su tarjeta temporal de residencia para continuar en el desempeño de su actividad.

De igual manera solicitó la renovación de la tarjeta temporal correspondiente a su cónyuge, la Sra. Natividad López Pulido, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40’916.193, indicando que tanto él como su cónyuge residen en el Archipiélago desde el año 2016.

El peticionario adjunta a su petición, copia de los siguientes documentos:

1. Certificación laboral expedida por el Banco de la República, suscrita el 17 de enero del 2019 por la Jefe del Área Registro y Servicios, de acuerdo con la cual el peticionario presta sus servicios en el Banco desde el 21 de febrero del 2011.

2. Copia de la Resolución No. 001924 del 8 de marzo del 2018 de la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

A efectos de tomar la decisión en torno a la expedición o no de la tarjeta de residencia temporal para el peticionario Weildler Antonio Guerra Curvelo, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 310 de la Constitución Política de 1991 consagra un régimen especial para el Departamento del siguiente modo:

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador.

Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago.

El 13 diciembre de 1991, con fundamento en precisas facultades constitucionales, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2762 de 1991, por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En la sentencia C-530 de 1993, la Honorable Corte Constitucional, declaró la exequibilidad del Decreto 2762 de 1991, en el entendido que los servidores públicos nacionales que ejercen jurisdicción o autoridad política, judicial, civil, administrativa o militar, al igual que todos los integrantes de las fuerzas militares o de policía y los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que ingresen en ejercicio de sus funciones al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son ciertamente objeto de la tarjeta de residente temporal, pero con fines de registro mas no de control, de suerte que no les son aplicables las normas relativas a el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso segundo del artículo 8°, ni el tiempo de duración de la tarjeta (art. 10), ni las causales de pérdida de la tarjeta (art. 11), ni tendrán que pagar por la tarjeta (art. 32). (negrillas y subrayado no corresponden al texto original).

La Corte fue enfática en que este grupo de servidores públicos del nivel nacional, por las razones explicadas en la misma, son acreedores de un trato distinto, acorde con la naturaleza de su vinculación y la función que desarrollan.

Corresponde al Despacho entonces, establecer si el peticionario en su condición de Gerente Cultural del Banco de la República, se encuentra en una de las situaciones contempladas en la sentencia C-530 de 1993.

A pesar de haber sido beneficiario por el lapso de tres años de la tarjeta de residencia temporal en aplicación de las excepciones contempladas en la Sentencia C-530 de 1991, el ciudadano Weildler Antonio Guerra Curvelo no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas en la sentencia por cuanto no es un servidor público del orden nacional ni ejerce jurisdicción o autoridad política, judicial, civil, administrativa o militar. Tampoco es integrante de las fuerzas militares o de policía ni funcionario del extinto DAS ni de la entidad que asumió sus funciones.

El artículo 371, inciso primero, de la Constitución, asigna al Banco de la República una naturaleza jurídica especial y propia, es decir, la de una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeta a un régimen legal propio, rasgos distintivos que permiten concebir al Banco como un órgano independiente y autónomo. La trascendencia de la labor de esta institución se confirma, además, si se recuerda que, con arreglo al último inciso del citado artículo 371, el destinatario natural de sus informes es la primera autoridad legislativa del país, el Congreso.

El inciso segundo del artículo 371 de la Constitución claramente establece que "serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno".

En la sentencia C-521 de 1994, la Corte Constitucional resumió del siguiente modo las funciones del Banco de la República:

“…Por su parte, el artículo 372 precisa que "la junta directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley," y el artículo 373 señala que "el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda".

Lo expuesto muestra que el Banco de la República está llamado, dentro del criterio de mantener la estabilidad del valor de la moneda, a responder de una importante serie de asuntos, dentro de las cuales se destacan las siguientes: ejercer el monopolio de la emisión de la moneda de curso legal, con poder liberatorio; ocuparse de su retiro y destrucción; fijar el encaje efectivo de los establecimientos de crédito; efectuar operaciones de mercado abierto; en general, tomar determinaciones sobre circulación monetaria; para apoyar transitoriamente la liquidez de los establecimientos de crédito, hacer uso de descuentos y redescuentos, y, así mismo, regular el crédito interbancario; intermediar líneas de crédito externo; prestar servicios fiduciarios tales como depósitos, compensaciones y giros; administrar fondos de la Nación y de otras entidades públicas; brindar el servicio de cámara de compensación a la banca comercial; en forma excepcional y por corto tiempo, señalar las tasas máximas de interés remuneratorio que los establecimientos de crédito cobren o paguen a sus clientes; sentar las bases para valorar en pesos las unidades de poder adquisitivo constante; actuar como agente fiscal del Gobierno en la contratación de créditos; con el voto unánime de la junta directiva, financiar al Estado; prestar al Estado la asesoría técnica que requiera; y, administrar las reservas internacionales inembargables de la República”.

Es indudable la importante labor que cumple el Banco de la Republica de acuerdo con el diseño institucional que hiciera la Constitución Política.

Sin embargo, no puede perderse de vista, en primera instancia, que de conformidad con lo así establecido en la Ley 31 de 1992 y los Estatutos del Banco de la República, las actividades culturales, son actividades conexas a las funciones principales del Banco y que en el Archipiélago de San Andrés, el Banco de la República únicamente tiene su centro cultural.

Respecto al régimen laboral de las personas vinculadas al Banco establece la ley 31 de 1992 lo siguiente:

Artículo 38. Naturaleza de los empleados del Banco. Las personas que bajo condiciones de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del Banco de la República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y contratos vigentes, son trabajadores al servicio de dicha entidad, clasificados en dos categorías, como enseguida se indica:

a) Con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros de la Junta Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central y su forma de vinculación es de índole administrativa. El régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos de la banca central será establecido por el Presidente de la República.

b) Los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral propio consagrado en esta Ley, en los Estatutos del Banco, en el reglamento interno de trabajo, en la Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que no contradigan las normas especiales de la presente Ley.

Parágrafo 1º. Los pensionados de las diversas entidades oficiales que el Banco de la República administró en virtud de las normas legales y contratos celebrados con el Gobierno Nacional, continuarán sujetándose al régimen laboral correspondiente a ellos aplicado, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. Parágrafo 2º. Las autoridades competentes del Banco no podrán contratar a personas que estén ligadas por vínculo matrimonial o de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con cualquier funcionario o trabajador del Banco.

Por su parte, el Decreto 2520 de 1993, por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República, establece del siguiente modo el régimen laboral del Banco:

Artículo 46. Naturaleza de los empleados del Banco. Las personas que bajo condiciones de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del Banco de la República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y contratos vigentes, son trabajadores al servicio de dicha entidad, clasificados en dos categorías, como enseguida se indica:

a) Con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros de la Junta Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central y su forma de vinculación es de índole administrativa. El régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos de la banca central será establecido por el Presidente de la República; Los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral propio establecido en la Ley 31 de 1992, en estos Estatutos, en el reglamento interno de trabajo, en la Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que no contradigan las normas especiales de dicha ley y estos Estatutos.

Las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus trabajadores continuarán siendo contractuales y rigiéndose por el Código Sustantivo del Trabajo con las modalidades y peculiaridades que se derivan de su carácter de empleados del Banco de la República, que se expresan dentro de las normas que constituyen el Régimen Jurídico del Banco, descrito en los presentes Estatutos.

Las relaciones entre el Banco y sus pensionados continuarán igualmente regulándose por el Código Sustantivo del Trabajo, con las modalidades y peculiaridades del mismo régimen jurídico del Banco.

Parágrafo 1°. Los pensionados de las diversas entidades oficiales que el Banco de la República administró en virtud de las normas legales y contratos celebrados con el Gobierno Nacional, continuarán sujetándose al régimen laboral correspondiente a ellos aplicado, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Parágrafo 2°. Las autoridades competentes del Banco no podrán contratar a personas que estén ligadas por vínculo matrimonial o unión permanente o de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con cualquier funcionario o trabajador del Banco.

Realizado el análisis anterior, este Despacho concluye que el peticionario no se encuentra en ninguna de las excepciones contempladas en la dado que de conformidad con el artículo 38 de la Ley 31 de 1992, sólo los miembros de la junta Directiva del Banco, salvo el Ministro de Hacienda y Crédito Público, tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central y su forma de vinculación es de índole administrativa.

El peticionario al no ostentar la calidad de miembro de la junta Directiva del Banco, es un trabajador del Banco sometido al régimen laboral propio establecido en la Ley 31 de 1992, en los Estatutos, en el reglamento interno de trabajo, en la Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

No encontrándose en ninguna de las excepciones que contempla la sentencia C-530/93 para la aplicabilidad del Decreto 2762 de 1991, se concluye que las disposiciones del mismo se aplican en todo su rigor a la solicitud de residencia bajo estudio.

El Decreto 2762 de 1991 en su artículo 10º, establece del siguiente modo el límite máximo de tiempo por el cual se puede otorgar residencia temporal a una persona:

Artículo 10. Los residentes temporales podrán permanecer en el territorio del departamento Archipiélago durante el tiempo que se les ha autorizado para el desarrollo de la actividad que motivó el otorgamiento sólo para el cumplimiento de dicho propósito.

En todos los casos de la residencia temporal será otorgada por períodos máximos de un año, prorrogable hasta por el tiempo sin que sumados sobrepasen los tres años.

Revisado el reporte de ingresos y salidas del Archipiélago del peticionario, se registra que efectivamente el peticionario tiene residencia temporal en el archipiélago desde el año 2016, fecha en la que ya no ingresó más como turista sino bajo la condición de residente temporal, situación que es confirmada por el mismo peticionario desde su solicitud cuando indica que tanto él como su cónyuge residen temporalmente en el Archipiélago desde el año 2016.

Tenemos entonces que de conformidad con los términos del artículo 10 del Decreto 2762 de 1991, no es posible otorgar una prórroga o renovación de la tarjeta de residencia temporal del Sr. Weildler Antonio Guerra Curvelo y de su cónyuge, la Sra. Natividad López Pulido por cuanto con ello se superaría el término máximo de los tres años.

De tal modo que la suscrita Directora Administrativa de la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE, procederá a negar la solicitud de residencia temporal, indicándole al peticionario que habiendo agotado el tiempo máximo de residencia temporal, lo procedente es su salida del Departamento Archipiélago y en caso de considerarlo pertinente, una vez haya salido del mismo, solicitar la residencia definitiva ante la Junta Directiva de la OCCRE siguiendo el artículo 3º del Decreto 2762 de 1991, el cual es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 3º Podrá adquirir el derecho a residir en forma permanente en el Archipiélago quien:

a) Con posterioridad a la fecha de expedición de este decreto, contraiga matrimonio o establezca unión permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común en el departamento, a lo menos por tres años continuos. Al momento de solicitar la residencia se deberá acreditar la convivencia de la pareja.

b) Haya permanecido en el departamento en calidad de residente temporal por un término no inferior a tres años, haya observado buena conducta, demuestre solvencia económica y, a juicio de la Junta Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, resulte conveniente su establecimiento definitivo en el archipiélago.

La Junta decidirá sobre la conveniencia de que trata el literal anterior, tomando en cuenta la oferta de mano de obra en el departamento archipiélago, la densidad poblacional en el mismo y las condiciones personales del solicitante.

Teniendo en cuenta que el peticionario había sido beneficiado con tarjetas de residencia temporal otorgadas por la Occre, que lo hacían confiar legítimamente en una nueva renovación o prórroga, se concederá el término de tres (3) meses para su salida de la isla, término que se considera prudencial para organizar lo pertinente, así como para no afectar la gestión cultural del Banco en el Archipiélago.

No puede el Despacho, dejar pasar la oportunidad para poner de presente que en el territorio del Archipiélago hay personas que pueden asumir la gestión cultural del Banco en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente se precisa que la no renovación de la tarjeta de residencia temporal del peticionario y su cónyuge no limita su ingreso al territorio del Departamento en calidad de turistas, en los términos de las normas de circulación y residencia vigentes para el archipiélago.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NIÉGUESE la renovación o prórroga de residencia temporal solicitada por el doctor Weildler Antonio Guerra Curvelo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79’150.050, en su condición de Gerente titular del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NIÉGUESE la renovación o prórroga de residencia temporal solicitada por el doctor Weildler Antonio Guerra Curvelo, a favor de su cónyuge, Natividad López Pulido, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40’916.193, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Concédase el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este acto administrativo, al Sr. Weildler Antonio Guerra Curvelo y a su cónyuge, Natividad López Pulido para su salida de la isla.

ARTÍCULO CUARTO: notifíquese personalmente al peticionario de la decisión adoptada en el presente acto administrativo remitiendo la citación a la Avenida Colón No. 2-74 Centro Cultural del Banco de la República en la isla de San Andrés.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición, ante el mismo funcionario que la expidió y de apelación ante el Sr. Gobernador del Departamento. Los recursos deberán interponerse por escrito en la diligencia de presentación personal o por escrito radicado dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. En ese caso se radicarán en las instalaciones de la Gobernación del Departamento en el horario de 8:00 AM a 12: 00 M y de 2: 00 a 6: 00 PM.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


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Última actualización ( Martes, 12 de Marzo de 2019 13:38 )  

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