Este miércoles se realizó en San Andrés la audiencia pública de rendición de cuentas, de las acciones en 2017 y 2018 por parte de la Procuraduría Regional y las procuradurías delegadas para Asuntos Ambientales y de Salud. El ente se compromete a dar continuidad a la vigilancia en estos asuntos sensibles en el archipiélago.
Durante el primer foro, moderado por el magistrado José María Mow, intervinieron el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco; el Procurador Delegado para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, Luis Díaz-Granados; la Procuradora Regional de San Andrés, Karina Causil; la Procuradora Judicial II de Familia, Martha Hernández; y el Procurador Judicial II Penal, José Osorio (en la foto superior, de izquierda a derecha).
Inicialmente, el procurador Blanco dio a conocer las actuaciones en materia ambiental que ha desarrollado su cartera; resaltando la capacitación y articulación de estrategias implementadas con varias entidades en la isla para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Además, el seguimiento de varias obras en el Departamento tales como la ampliación en la pista de aeropuerto (de Providencia) El Embrujo, la construcción de las plantas desalinizadoras y los muelles de lancheros y de Johnny Cay.
“A lo largo de este tiempo, y particularmente con la experiencia de San Andrés, hemos visto como han aumentado las denuncias en materia ambiental ante la Procuraduría; y deducimos que es porque la ciudanía encuentra eco a sus peticiones en el poder Judicial. Aquello no pasa en el Legislativo, porque es un organismo que está muy lejano a las personas; y el Ejecutivo está muy atomizado en sus competencias”, comentó Blanco.
Otras actuaciones de la Procuraduría
Adicionalmente, el procurador Díaz-Granados comentó las acciones emprendidas en materia de Salud, cuando se evidenció a nivel nacional la gravedad de esta problemática en las islas.
“Cuando comenzamos las inspecciones en el hospital departamental, nos encontramos sólo en ese momento del año 2018, con más de 200 cirugías represadas, la existencia de un solo cirujano y falta de pago continuo a sus trabajadores. A partir de esos hallazgos, fuimos nosotros quienes sugerimos un nuevo modelo de salud que atendiera las necesidades particulares del departamento y se instalaros las mesas de trabajo para su diseño de manera colectiva”, afirmó.
Por su parte, la procuradora Espitia detalló las labores que a nivel preventivo, disciplinario y de intervención, realiza la entidad y como desde sus competencias, han hecho estricto control y vigilancia al Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.
De otro lado, la procuradora regional Causil, enumeró las cuantiosos acciones sancionatorias que ha adelantado su despacho en el último periodo; mencionando sonados casos de suspensión en el ejercicio de funciones e inhabilidades de distintos ex servidores públicos.
También mencionó su intervención en la aguda crisis de la salud y en el caso de la vía principal del barrio Los Corales.
Por último, el procurador judicial penal Osorio, dijo que el caso más relevante que ha tenido en sus manos en este periodo, fue el de los nueve funcionarios de la Gobernación hoy judicializados; también mencionó la judicialización de los diputados Bradinson Fernández y Milton López, quienes actualmente cumplen detención domiciliaria.
En general, los funcionarios anunciaron la continuidad en el trabajo de control y vigilancia en el archipiélago, “entendiendo que son múltiples las necesidades de su comunidad”.
La Salud: un problema estructural
A manera de cierre del primer panel, los delegados Blanco y Díaz-Granados, dieron unas declaraciones extra ante los medios de comunicación en los temas de salud y medio ambiente.
Con respecto a la firma de un ‘otro sí’ en el contrato de la Salud, para que Sermedic siga prestando sus servicios hasta el mes de julio, Díaz-Granados afirmó que se trata de una medida temporal, mientras se desarrolla un nuevo modelo para el Departamento y hasta tanto se tenga definido el operador entrante; siempre bajo la vigilancia de la Procuraduría, tomando las decisiones que corresponda en marco de sus competencias.
“Todo el proceso de diseño, desarrollo y futura implementación de un nuevo sistema de salud para las islas, está bajo la lupa de la Procuraduría; y cabe recordar que se han llevado a cabo más de 24 mesas de trabajo, con vigilancia constante del ente para su cabal desarrollo”, añadió el procurador en temas de salud.
Díaz-Granados aseguró que el desarrollo de ese modelo, irá en paralelo con la continuidad del servicio e idoneidad del operador que debe garantizar esta prestación de manera ininterrumpida.
“El Departamento ha tenido un problema histórico en materia de Salud y tiene como isla unas condiciones muy particulares; pero no por eso merece tener un servicio de segunda categoría, que no garantice la oportunidad ni la integralidad de la atención…
…Resaltamos que hoy una decisión política de implementar un modelo que responda a esas necesidades del ente territorial, pero sobre todo de las personas,y eso es lo que vigila la Procuraduría; instando a una reforma estructural en todo sentido, en su operación, financiación y administración”, puntualizó.
Residuos hospitalarios
En el mes de diciembre se supo que mediante una decisión del Tribunal de San Andrés, se dio vía libre a la operación del equipo incinerador de residuos hospitalarios que por más de cinco años venía prestando ese servicio en el hospital.
Sin embargo, el operador del equipo ‘autoclave’ afirma que aún no ha podido reiniciar sus labores, e incluso se conoció hace poco del envío de más de tonelada y media de desechos peligrosos, vía marítima hacia el continente.
Al respecto, Blanco dijo: “No teníamos conocimiento de esta situación, pero la próxima semana habrá una verificación_in situ de la Procuraduría General de la Nación y allí en el hospital lo verificaremos”.
El delegado explicó que luego de producirse una acción popular, el Tribunal dispuso una serie de ordenaciones orientadas al mejoramiento en la prestación del servicio de salud, claramente deficiente, según sus palabras.
“En paralelo y más allá de la prestación en sí misma, la forma como se estaban disponiendo estos tóxicos, en cercanías al área de ingreso de las personas, en coincidencia evidente con la entrada de alimentos y demás aditamentos al hospital, fueron contenidos a través de la concesión de medidas cautelares de urgencia que pidió el Ministerio Público a través de las procuradurías delegadas de Salud y Medio Ambiente…
…El proceso sigue bajo custodia del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y una de sus órdenes fue precisamente utilizar esa máquina incineradora; así que lo verificaremos la próxima semana”, manifestó el procurador ambiental.
Para concluir, Blanco dijo que el tema de la chatarra les preocupa mucho y que es inconcebible que siendo ésta una Reserva de Biosfera, este material “sea manejado de manera tan deficiente, produciendo un impacto evidente sobre los ecosistemas que se anidan a la isla”.
La audiencia de rendición de cuentas culminó con un segundo panel, esta vez moderado por la procuradora judicial ambiental de San Andrés, Sara Pechthalt; y contó con los panelistas Lyle Newball, Alex Barrios y Ofelia Livingston, a cerca de los ‘Retos y desafíos en materia ambiental y salud en el archipiélago’.
