La ocupación pacífica del lote, que lleva ya más de 200 días, tiene una solución única. La Policía debería devolverlo porque le fue cedido de manera ilegal y tenerlo desprestigia a esta institución ya muy cuestionada por sus pocos logros en controlar la inseguridad y narcotráfico y su precaria relación con el pueblo nativo / raizal.
También porque tiene connotaciones más allá de lo legal por cuanto personifica dificultades y contradicciones de la política oficial colombiana de meras buenas intenciones de proteger y respetar los intereses raizales, en especial el nexo entre derechos étnicos y territorio ancestral, una aspiración que no avanza.
Hay que reconocer que ello es en parte porque no estamos unidos alrededor de un proyecto único y, peor aún, no hemos podido postular fórmulas y mecanismos viables que atiendan bien las diferentes dimensiones involucradas, en especial la de soberanía nacional, el derecho de personas no raizales y la tenencia de terrenos adquiridos de manera legal.
Tampoco hemos podido definir si, establecido el nexo, se mejoraría la condición étnica y la situación socio-económica raizal. Esto ha llevado a muchos a ver las demandas raizales más como una mera aspiración de poder y autonomía etno-política, en detrimento de otras comunidades e incluso de los mismos raizales por la incertidumbre y las dificultades que ello pudiera traer.
Por eso es tiempo de ir más allá de la pura retórica, con propuestas concretas y viables, pero desde una plataforma más democrática, con un enfoque más global de las islas y no limitado a grupos de reivindicación étnica. Esto último es absolutamente necesario para poder legitimar las aspiraciones raizales.
La Corte Constitucional ha declarado a todo el archipiélago como territorio étnico de la comunidad histórica raizal, pero falta aterrizarlo, bajarlo de las nubes legales y conceptuales donde está, y ver cómo se aplica en la realidad.
La falta de mecanismos e instituciones prácticas y concretas para ligar lo raizal con un territorio étnico tiene una dimensión internacional importante que hace concentrar la atención en las deficiencias de las relaciones entre el Gobierno Nacional y la comunidad raizal.
La inexistencia de derechos étnicos especiales sobre el territorio y el manejo de las islas como parte de una unidad nacional indisoluble, podría ser contraria a los argumentos presentados en La Haya que específicamente asocian el territorio y aguas de las islas con un contexto étnico e histórico específicos.
¿Se habría hecho esto para calmar ánimos en las islas y para responder a tendencias en La Haya o viene de una convicción colombiana de que algún día algo se otorgaría?
Es una estrategia que podría debilitar los argumentos de Colombia. En La Haya los jueces han estudiado varios casos que dan validez jurídica al nexo etnia-territorio, muy relevante para lo que Colombia en estos momentos argumenta. Ello no tendrá efecto alguno sobre las fronteras definidas en el 2012 pero podría inclinar a los jueces a instar a las dos partes a sentarse a negociar e, igual de importante, arrojará luces sobre el tratamiento oficial colombiano a la etnia raizal y dejaría claro el contraste entre lo que se dice y lo que se hace en la realidad.
Control sobre el terreno
Precisamente limitar el control y la posesión de la comunidad étnica raizal de espacios territoriales ha sido parte del control hegemónico histórico de Colombia en las islas y sus mares. Esa estrategia ha perdido validez en la presente coyuntura de mejor posicionamiento de los derechos étnicos, ayudados por las mismas leyes colombianas.
La situación del lote de enfrente a la policía es por lo tanto un reflejo de asuntos políticos e institucionales que esconden preocupaciones oficiales en relación a las aspiraciones raizales de lograr un mayor control sobre un territorio étnico que se comparte con otras comunidades y que precisamente hace más difícil inclinar la balanza hacia lo raizal.
No es un secreto que el lote es muy simbólico para la reivindicación raizal por el intento de recuperación y preservación de espacios territoriales como factor determinante para la existencia, recuperación y reivindicación étnica.
Pero para esas aspiraciones tener éxito alguno a cualquier nivel, es necesario expandir su apoyo. Esto se logra traspasando un trámite legal y étnico e involucrar a toda la comunidad isleña, con la premisa de que los lotes y el territorio tienen una función social comunitaria, y un simbolismo étnico-histórico.
También es necesario concentrarse en el estado de muchos terrenos que son o fueron parte del patrimonio departamental pero que no han sido bien manejados.
Muchísimos lotes y propiedades han terminado en manos privadas (algunos que llegaron de la SAE) y no existe un control para verificar si las condiciones de algunos traspasos se han cumplido (como el lote de la Policía) y si debieron ser devueltos.
Existe cierta preocupación oficial de que de aceptar restituciones de lotes pueden aumentar las demandas de más y no hay deseo de dar eco a las aspiraciones raizales de recuperar lotes.
Pero eso no debería ser excusa para evitar atender la urgente necesidad de hacer algo por la conservación étnica y de atender mejor los lotes del patrimonio local que deben ser destinados a usos comunitarios de todos los isleños.