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¿Quién controla al Contralor?

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HAROL.BUSH2En la actual coyuntura de crisis acentuada por la desconfianza en las instituciones y la precaria gobernabilidad, no se sabe a dónde acudir para lograr que se atiendan adecuadamente muchos problemas. Peor aún, es que no hay confianza en acudir a las entidades de control ‘de última instancia’ (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía).

Esto último para asegurar que con presión hacia el Gobierno local se cumplan las cosas, que se rectifiquen irregularidades o negligencias de funcionarios, o que éstos y/ o los contratistas paguen por hechos ilegales cometidos. Es extremadamente importante que los tres entes hagan un buen trabajo, especialmente ahora.

Sin embargo, facilitan un eslabón perdido que impide que funcione bien la administración pública local, con su ineficiencia, lentitud y poca acción incluso frente a evidentes anomalías. Su increíble poder radica en el temor a una sanción disciplinaria o penal que a su vez incentiva a funcionarios a hacer bien las cosas. Pero no ejercen debidamente ese poder.

Más bien dan la impresión de usarlo selectivamente y para todo menos mejorar la administración pública. Se puede argumentar que el pez gordo está sancionado, pero aún tiene influencia en la administración local, puede volver y además hay mucho, muchísimo  más debajo de la superficie que no se ha tocado.

Uno llega a esas conclusiones por muchas razones, la más evidente es que de llegar las investigaciones a un final adecuado, poco se hace para hacer correctivos y no se adoptan medidas punitivas de acuerdo a las irregularidades, a juzgar por el informe de auditoría de la Contraloría de 2017, en relación al cual poco se ha hecho a pesar de las serias anomalías disciplinarias y penales señaladas.

En algunos casos simplemente archivan todo a pesar de poseer indicios de serias anomalías. ¿Porqué? Se pierde una línea de acción disciplinaria y legal que debería ser inmediata y continua y con ello las posibilidades de un buen manejo de recursos y consecuentemente el mejoramiento socioeconómico y físico de las islas.

La percepción general es de que no se hace lo suficiente para rectificar o sancionar la severidad de irregularidades que todo mundo ve, menos ellos. Pero es difícil esconder anomalías en un sitio tan pequeño y en una era de medios sociales y noticias instantáneas, incluso con el internet y la telefonía celular defectuosa en las islas.

Esta semana la Contraloría estuvo en Providencia haciendo auditoría especial a varios contratos y se anunció que el Procurador General personalmente rechazó la labor de la Procuraduría local al echar para atrás la decisión de archivar la investigación sobre la elección irregular del anterior jefe de la Contraloría Departamental.

Las implicaciones son profundas porque el futuro de 11 diputados, y de funcionarios de la Procuraduría local, pende de un hilo.

Se debe hacer más contra la corrupción que le niega una mejor calidad de vida a los isleños y porque somos el hazme reír de muchos. No es solo por la pena que da, sino porque por esa monumental corrupción dejamos de percibir recursos y ayuda internacional.

En círculos diplomáticos en Bogotá se evitan por esa razón. Los organismos de cooperación japonesa y coreana se han ido. Funcionarios nacionales opinan que las islas son de los sitios más corruptos que jamás hayan visto.

Prueba de fuego para la Procuraduría

La suspensión del Gobernador no fue suficiente y es solo la punta del-iceberg. Incluso puede haber sido una oportunidad perdida de proyectarlo para un uso disuasivo y que sirva para probar que la mano dura de la justicia le puede caer a todos los que cometen irregularidades. Quedan pendientes los aspectos penales y fiscales, y no solo disciplinarios. La Fiscalía y la Contraloría deberían ejercer un papel más activo, por el bien de las islas.

Por eso la labor fundamental de los organismos de control de asegurar un eslabón sano entre funcionarios y buen manejo público tendrá su prueba de fuego con la definición del futuro del gobernador sancionado, cuya segunda suspensión de tres meses vence el 22 de octubre próximo.

A propósito, el gobernador suspendido se ve desafiante en un vídeo que circula en las redes sociales y comentarios de sus voceros señalan que está seguro de volver el otro mes al Coral Palace.

Ello sería una burla al principio de la responsabilidad por hechos irregularidades y todos los intentos de sanar a la administración pública local que profesan Contraloría, Fiscalía y Procuraduría

Otro problema muy grave es que de volver la Procuraduría sería vista como una entidad que ignora o perdona irregularidades de manera selectiva: otros gobernadores, tres raizales, recibieron sanciones mucho más drásticas por corrupción o incumplimiento de funciones. ¿Acaso no hay similitudes entre los casos?

Desde luego toda decisión debe estar basada en las normas, pero a la Procuraduría le quedaría difícil justificar un retorno así como le queda difícil justificar su falta de actividad frente a los múltiples irregularidades que la comunidad y la Contraloría le han transmitido.

La suspensión definitiva sería lo adecuado frente al mar de anomalías que la misma Procuraduría y la Contraloría han encontrado. Por si no encuentran suficientes argumentos para ello, la Procuraduría los hallará en el informe de auditoría de 2017 de la Contraloría que señala suficientes y sólidas evidencias de irregularidades para ameritar una destitución fulminante de muchos empleados.

Faros y controles funcionando mal

Como el 'monumento' al faro multimillonario que nada aporta a la solución de los problemas y se convierte en un monumento a la crisis, los entes de control están siendo cuestionados cada vez con más fuerza por su inactividad frente a serias evidencias de anomalías.

Su labor de faro o guía correctiva a través de sanciones a la administración pública se ha perdido en un mar de irregularidades e ineficiencia cometidas por ellas mismas: permisividad, hacerse los de la vista gorda o no monitorear adecuadamente a sus propios funcionarios.

No sorprende entonces que la percepción que se tiene es de que las tres están igual de desprestigiadas que la administración local y los entes nacionales que operan en las islas. Los responsables de rectificar gran parte de la crisis ya son vistos como parte de la crisis.

Todo parece ocurrir en cámara lenta, y el mismo Contralor Departamental se quejó de que procesos penales por detrimento patrimonial que la Fiscalía inicia luego de pasarle un expediente pueden durar hasta cinco años y su misma entidad puede demorarse hasta dos y medio en terminar una investigación.

Pero que no avancen es en buena parte culpa de la entidad.

No se hace un esfuerzo suficiente por hacer más y mejor. Si algo se hace es muy lento y demoran años en terminarlo, con investigaciones de la anterior Gobernadora, por ejemplo, y Alcalde aún sin definirse. El Contralor debe ser más laborioso y dinámico y no actuar por debajo del radar y al nivel mínimo de lo que se puede hacer.

Su responsabilidad es con la comunidad y no con los políticos y empleados públicos a quienes parece no querer ofender.

Incluso cuando se termina todo el proceso investigativo, sorpresivamente, casi nadie es encontrado culpable, y solo por presiones de la opinión pública local o desde Bogotá es que se hace algo de gran impacto. El Contralor Departamental no quiso sancionar al Gobernador, y solo se hizo tras una enorme presión ciudadana que llevó a la Procuraduría a tomar cartas en el asunto.

Lo que hay que cambiar

Hay una combinación de elementos estructurales, institucionales y coyunturales que explican un funcionamiento poco apropiado.

La Contraloría nacional hace monitoreo del gasto de más o menos el 70% de lo invertido o gastado en las islas por la Gobernación, todo lo que proviene de transferencias nacionales. La auditoría de lo ‘nacional’ a su vez está dividida entre la que se hace desde Bogotá, solamente lo de Regalías, y lo que se hace desde las islas, que mira el resto.

La Contraloría Departamental monitorea exclusivamente el otro 30% que son de ingresos propios del Departamento. Pero su nombramiento por la Asamblea y su presupuesto dependiente del Departamento aseguran cierta lealtad o dependencia política.

1) Lo anterior hace concentrar la atención de la opinión pública más en las entidades departamentales y no nacionales. Esto es un error. Más monitoreo se debe prestar a las entidades nacionales que ejecutan mucho dinero del presupuesto nacional en las islas. 

2) El informe de auditoría de Contraloría del 2017 da la impresión de ser un estudio muy independiente (aunque falta ver la reacción tras los descargos aparentemente presentados por los contratistas y empleados), pero pocas acciones se han tomado a posteriori de su preparación, a pesar de que hay motivos para todo tipo de medidas disciplinarias y penales.

3) Existe una colisión de funciones entre las contralorías nacional y departamental que puede llevar a conflictos dentro de la misma institución en las islas. El Contralor nombrado por Bogotá para supervisar dineros del presupuesto nacional manejados por la Gobernación podría estar de acuerdo con un acto contra un funcionario pero el Departamental se puede oponer. 

Esto ocurrió cuando se quiso separar del cargo al gobernador Housni y su secretario de Salud por manejos en el hospital, pero al final la Contraloría Departamental no aceptó proceder, aunque la Procuraduría tomó el caso y suspendió al Gobernador.

4) Compromisos o intereses políticos o personales podrian impedir que el Contralor Departamental y Procurador local adopten una política de mano firme. Muchos funcionarios de los entes de control permanecen cercanos y cooptados por la administración local y las cabezas de esos entes poseen demasiados compromisos locales.

5) La rigurosidad en cada proceso administrativo hace difícil llevar a cabo una mejor labor de control. Colombia es extremadamente garantista y legalista y por eso los procesos duran demasiado tiempo. Hasta tres meses puede tomar la notificación de una providencia y solo se puede hacer por 4/72. El mismo Contralor actual se queja de que el anterior Alcalde de Providencia no se dejaba notificar de decisiones y sin esa notificación es imposible proceder. 

6) La opinión pública en esto también ve interferencia indebida y deliberada, es decir, corrupción, dentro de las mismas entidades destinadas a controlar la corrupción y es por lo tanto importante que haya más veeduría externa ciudadana sobre el manejo de las investigaciones.

7) La Contraloría debería insistirle a la Procuraduría y Fiscalía que se abran investigaciones en relación a lo que se les remita. Podría ejercer presión utilizando los medios de comunicación y la ciudadanía que son sus aliados naturales en la lucha contra la corrupción, como lo insinuó el mismo Contralor Departamental cuando asumió en enero de 2017.

Prometió una participación más activa de su ente en la moralización de la administración pública, pero a casi dos años de haber sido elegido, y a un poco más de uno de salir del cargo, aún debe convencernos de que lo está logrando.

Pidió más participación de la comunidad en denuncias pero la Contraloría no ha respondido adecuadamente a esa mayor participación, que se está dando, con investigaciones exhaustivas y más que todo con sanciones.

Debe por lo tanto el Contralor hacer lo que prometió cuando la Asamblea lo eligió en enero de 2017, y la Asamblea debe tomar nota de su desempeño, como lo hace con mucha atención la opinión pública...


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Última actualización ( Domingo, 30 de Septiembre de 2018 10:35 )  

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