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El debate a la SAE: esto recién comienza...

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HAROL.BUSH2Más que un juicio de responsabilidad política, las serias irregularidades señaladas en los debates adelantados en el Congreso y en la Asamblea Departamental, requieren severos juicios de responsabilidades administrativas, fiscales y judiciales para los involucrados. Léase, en su orden: la SAE, Fontur, la Gobernación, la misma Fiscalía y otros más.

No basta con denunciar; hay que pasar las evidencias a las autoridades de control y hacer una auditoria integral e histórica de los administradores, de los bienes y del destino de los recursos. También es necesario tomar acciones para prevenir una mayor presencia del narcotráfico en el tejido social y económico de las islas.

Aparte de posibles nuevos administradores para los bienes aún no vendidos, no es mucho lo que se logró para las islas. Aún estamos sin una idea clara de qué pasó con muchos bienes y el dinero que fueron decomisados y puestos en manos de la Fiscalía y de la Gobernación para beneficio social de las islas.

La SAE no se defendió bien pero atendió las duras críticas que se le hizo abriendo una inusual nueva convocatoria para la asignación de nuevos administradores o para los bienes que quedan.

Se teme que esto llevará solo a un traspaso de manos reflejando la nueva realidad política como ‘endulzante’ para evitar una indagación más exhaustiva y salvar lo que queda de su reputación.

Es importante por lo tanto que se haga con total transparencia y los nuevos administradores sean personas o entes idóneos y libres de toda interferencia política.

Con investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, y mucha transparencia, se debe cerrar el círculo de irregularidades de años en relación a los bienes incautados.

Y esto es urgente porque los ingresos por rendimiento y la venta de los bienes deben entrar al fisco Departamental para invertir en programas sociales… Ciertamente, se dejó de percibir mucho dinero por esas irregularidades.

Llama más la atención lo que no se tocó

Aunque el debate destapó buena parte de eso, quedó corto en arrojar luces sobre áreas grises, como el manejo y destino de dineros y bienes entregados a la Gobernación y la influencia política que facilita irregularidades en la decisión de la SAE y Fontur de quiénes administran algunos bienes, así como en el manejo de los mismos y los destinos de los ingresos que generan.

Tampoco se tocó el tema de la devolución de bienes a los dueños que prueban su adquisición legítima, en cuyo caso la Nación deberá devolverlos en el estado en que estaban al momento del decomiso, más lucro cesante y otros tipos de compensaciones. La cuenta será de miles de millones.

Pero lo más sorprendente fue que se desaprovechó una oportunidad ideal de hacer un debate más general sobre las afectaciones del narcotráfico a la seguridad interna amenazada por bandas criminales asociadas al negocio de la micro-venta, y el control de barrios enteros por fracciones opuestas (cuyos territorios son delimitados por ‘fronteras invisibles’) que extorsionan y a veces cometen delitos atroces.

Asimismo, del montaje de una estructura criminal para facilitar el tránsito de la droga por las islas, que ha incentivado la proliferación de armas de fuego usadas ya en múltiples muertes en las islas, y que ha causado el asesinato o desaparición de cientos de jóvenes isleños en alta mar o en países vecinos.

Y también cómo el narcotráfico en las islas es facilitado no solo por su posición geográfica sino por su economía de puerto libre y las construcciones (el destino de mucho dinero ilegal a juzgar por lo incautado). El lavado de activos se puede facilitar a través de la importación de productos y la compra de inmuebles, algo muy relevante ahora debido a un nuevo ‘boom’ de la construcción que se está dando en San Andrés.

En ese contexto, faltó también mirar posibles fallas en los controles del sector financiero, uno de los mecanismos más efectivos para dar golpes al tráfico de drogas. Es importante asegurar que los bancos reportan adecuadamente posibles irregularidades.

Colombia montó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)  que usa algoritmos y sofisticados computadores para detectar en movimientos bancarios transacciones sospechosas que pueden indicar lavado de activos, enriquecimiento ilícito por narcotráfico o por corrupción, y personas prestándose como testaferros –un fenómeno creciente en las islas– para no llamar la atención o evitar la generación de conflictos de intereses en la contratación pública.

Últimamente se han detectado movimientos bancarios multimillonarios entre Providencia y San Andrés y viceversa, y los protocolos de lavado de activos debieron haber sido activados.

Una cadena de irregularidades

Quedó un largo listado de irregularidades en la cadena de responsabilidades del manejo de los bienes y dinero en efectivo. Lo más destacado fueron los 30 millones de dólares o más entregados a la Fiscalía pero que no se sabe a dónde han ido a parar.

Es claro que ha habido manejo irregular y omisión de las acciones obligadas por ley a tomarse por parte de las entidades involucradas que a la larga favorecen intereses particulares; que permitieron serios daños físicos y por ende detrimento patrimonial que afectan las finanzas del Departamento por falta de captación de dinero o por tener que deducir de los ingresos para mantenimiento de algunos bienes.

Por otra parte Fontur, que por la Ley 1558 de 2012 se encarga de los hoteles, firmó contratos de manejo de los mismos muy favorables a los administradores y bastante desfavorables al fisco departamental.

Tasa los cánones de arrendamiento a precios irrisorios y la diferencia con el precio real termina en manos privadas, lo cual representa menos dinero para el fisco departamental y para obras sociales.

La Fiscalía falla también por las pocas investigaciones y condenas por delitos asociados al tráfico como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y testaferrato. Hay personas en las islas que ostentan una sorprendente y rápida prosperidad económica, pero no se generan investigaciones por enriquecimiento ilícito. Por su parte, la Procuraduría no interviene para ver si las instituciones relevantes hacían o hacen las cosas adecuadamente.

Por último, la Gobernación falla porque nunca ha mostrado gran interés en el manejo de los bienes o en explicarle a la comunidad en qué gasta lo que recibe. Debió además haber estado más pendiente de las propiedades y sociedades para evitar detrimentos patrimoniales.

Además, la Gobernación desconoce el valor real o comercial de ciertos bienes. Esto genera una contabilidad ficticia, que puede llevar a que sean subvalorados a la hora de ser vendidos, algo que puede favorecer a aquellos cercanos al poder, como ocurrió con la venta de los muchos apartamentos del complejo Sunrise por parte de la predecesora de la SAE que se liquidó por serias irregularidades.

El enfoque del problema y un debate más general y profundo deberían ser trasladados hacia las islas, centrados en la Gobernación y asumidos por la Asamblea. La Gobernación no ha rendido informes de lo que recibió y cómo ha manejado o gastado lo recibido. Es tiempo de que lo haga.

 


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Última actualización ( Domingo, 23 de Septiembre de 2018 11:14 )  

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