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¿Guardacostas salvavidas?

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HAROLBUSH1La Armada Nacional debe garantizar la seguridad externa de las islas incluida la de evitar la llegada de drogas con la ayuda de equipos de radares, escuchas y visión nocturna, todo lo cual eventualmente también ayuda a salvar vidas. Últimamente también ha estado ayudando con la seguridad interna en San Andrés y por años en diversos frentes sociales y ecológicos donde fallan las autoridades gubernamentales.


Pero esa labor importante se opaca por errores y atropellos cometidos por algunos de sus miembros contra la población civil, como lo ocurrido recientemente de manera violenta en Santa Catalina. Además, con su comunicado la Armada parece justificar el uso de esta acción contra unos pescadores artesanales que nada hicieron de malo.


Al llevar a cabo un supuesto control de tráfico de drogas se puso en peligro la vida de varias personas y se vulneraron unos derechos humanos étnicos, al tiempo que se evidencian serias deficiencias en las operaciones de la institución que al parecer se quieren tapar.


No es la primera vez que ocurren hechos simulares. En una ocasión anterior una embestida de lancha guardacostas contra bañistas en Providencia casi le representa a una niña menor de edad la pérdida de un pie. En otro incidente al chocar contra el Puente de los Enamorados se causaron serios daños que aún no han sido reparados adecuadamente.


Las fallas se pueden explicar por varios factores que van desde la inhabilidad de los militares de manejar lanchas rápidas en un mar picado con arrecifes y canales de navegación difíciles de sortear, hasta el no uso o desconocimiento del inglés y/o el creole que como idioma oficial de las islas debería  ser empleado, pero no se hace.


Todos los testigos presenciales en Santa Catalina señalan que los guardacostas chocaron deliberadamente contra la lancha de los pescadores y que no se siguieron los procedimientos normales de operativos anti-drogas como lanzar luces de bengala para tener una visión mejor a la otorgada por sus aparatos de visión nocturna, avisar sobre el operativo en ambos idiomas y abordar la lancha para revisarla. Y la grave sospecha es que los guardacostas estaban bajo la influencia del alcohol.


No se encontraron drogas en la lancha que se perseguía, que en todo caso no tenía el perfil de una go-fast sino el de una de pescadores artesanales normales. Por la fuerza de los motores eso era evidente.  Sin embargo, fue inmovilizada, al parecer como forma de justificar una tarea que resultó mediocre que por haberse adelantado en buena parte de manera irregular.


Todo trae a colación un incidente similar ocurrido en San Andrés cuando se vulneraron derechos humanos de unos pescadores artesanales raizales al dispararles y haber puesto en peligro sus vidas. Los hechos nunca se esclarecieron y existe temor de que éste tenga la misma suerte porque los guardacostas están cobijados por el fuero militar y no tienen que hacer públicas sus investigaciones.


Es por esta razón que los líderes raizales que se reunieron esta semana con la comandancia militar de las islas –y que de manera extraña no sacaron un comunicado condenando el incidente de Santa Catalina– deben exigir que la investigación que se prometió se haga pública.


Las repercusiones de estos hechos son profundos porque tocan el sentimiento y generan el rechazo de muchos raizales, profundizando la desconfianza histórica que existe contra las fuerzas del orden, cuyas relaciones con el pueblo raizal históricamente no siempre han sido las mejores, no solo por atropellos sino también porque muchos isleños la ven como garantes de una soberanía forzada y la pérdida de espacios políticos y socio-económicos de los raizales.


Una prueba de fuego


Los esfuerzos genuinamente adelantados por ganarse la confianza de del pueblo raizal quedaron seriamente afectados por este nuevo hecho y agravado más aún por la versión oficial de la Armada que parece sacada de un libro de fantasía y además porque el comportamiento en el pasado del personal de guardacostas da fuerza a las versiones de los no pocos testigos oculares.


El manejo del incidente será una prueba de fuego para el nuevo comandante del CESYP y puede afectar la imagen de la institución, lo cual debilita su aceptación comunitaria y rango de acción.


El personal militar cometió serios errores y posibles delitos penales de daño a bien ajeno, intento de homicidio y, el más patente, haber abandonado a su suerte a un herido en el mar. Y aunque los cobija la jurisdicción especial militar porque estaban en ejercicio de sus funciones, la imagen por tanto tiempo y esfuerzo labrada quedó severamente afectada.


La institución pudo haberse marcado un autogol porque sigue firme con su plan de instalar una estación de guardacostas y establecer un control militar en la bahía de Providencia entre Old Town y Jones’s Point, el cual fue rechazado en consulta previa porque el esquema viola derechos raizales. Este incidente hará concentrar mentes y enfilar baterías hacia su mayor rechazo.


Parte del rechazo de la estación es el temor de que se cometan más abusos como estos contra la población civil y se limitan aún más sus derechos de pesca que son sagrados y gozan de protecciones a través de normas internacionales, que garantizan dichas costumbres  que son una proyección de sus tradicionales y de su identidad étnica.


Una acción legal contra la Armada, de llegar a ser posible, puede poner a prueba y a  forzar a definir una sentencia de la Corte Constitucional que dice que todo el archipiélago es territorio étnico de los raizales.


En la práctica como raizales no tenemos jurisdicción propia sobre ese territorio étnico y por lo tanto hay limitaciones para aplicar jurisdicciones étnicas especiales que podrían limitar la labor de los guardacostas.


Las islas son territorio étnico en abstracto y no en lo práctico por la falta de desarrollo legal de la sentencia C-053 de 1999 y del artículo 310 de la Constitución, aunque el Convenio 169 o Ley 21 tienen elementos que se también podrían aplicar, pero no se hace.


Por eso éste incidente puede tener serias repercusiones no sólo en relación al accionar de la Armada Nacional en las islas y sus labores de control de drogas, sino asociadas a la definición y respeto de unos parámetros para asegurar el ejercicio de actividades étnicas raizales tradicionales.


De momento es importante puntualizar dos cosas. La primera es que los pescadores artesanales no necesitan permiso para salir a pescar y menos ceñirse a un horario que la Armada sostiene erróneamente que existe. Las aguas son de los raizales y Colombia se lo ha dicho a los jueces en La Haya en sus argumentos recientes.

Salir a pescar a la hora que se desea es una tradición de años y es una forma de proyección de una identidad cultural que se debe respetar y proteger. El incidente no pasará desapercibido, por lo tanto, por los abogados nicaragüenses frente a La Haya porque contradice argumentos centrales de Colombia.


La segunda es que si había sospecha de alguna actividad ilegal, se debieron haber seguido procediéndose claros fijados por la ley que en este caso no se llevaron a cabo. Testigos indican que no se formuló la advertencia de requisa, ni siquiera en castellano, pero de haberse hecho sólo en ese idioma –como alega la Armada–, ridiculizaría el argumento de que hubo aviso previo que se ignoró y que el comunicado usa para justificar una acción que resultó ser muy violenta contra la lancha, porque una notificación tiene validez si el destinatario tiene la capacidad de entenderlo y si fue hecha debidamente.


En todo caso, el comunicado de la respetada y respetable institución generó más preguntas que respuestas, ha exacerbado los ánimos de muchos y está encaminado a no llegar al fondo de los hechos. La Armada Nacional debería admitir que se equivocó, presentar excusas y formular los reparos correspondientes.


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