La administración pública en las islas ha pasado de ser un puente para la solución de problemas a convertirse en parte integral de los mismos al haberlos creado, empeorado o ignorado, o una combinación de las tres cosas. Ronald Reagan decía que la señal evidente de un mal gobierno es cuando además de no contribuir a solucionar problemas se convierte en parte de estos.
Lo anterior no podría ser más cierto que en las islas. A todo lo anterior se añade el inadecuado uso de recursos públicos y que las instituciones de control no hacen su trabajo a cabalidad. Le han fallado a las islas y permiten que la situación se vuelva cada día peor.
Para muchos, los gobiernos –local y nacional– han empeorado las cosas porque tras la suspensión del Gobernador, lejos de aliviar el sufrimiento y desespero, no han avanzado mucho en soluciones y el Coral Palace parece hoy tierra de nadie, con falta de liderazgo, y congelado por una parálisis institucional que asusta.
Frente a las circunstancias, es natural que haya indecisión y reticencia en tomar decisiones, tal vez para no terminar empapelados por cuestionados contratos, como el de casi 4000 millones para eventos, una modalidad de ‘contratos sombrilla’ que combinan mucho y parecen reemplazar a los convenios interinstitucionales.
Todo su accionar está marcado y estancado por la papa caliente del hospital que poco ha avanzado, del cual nadie quiere hacerse cargo y que, desde luego, requiere una mayor inyección de dinero.
¿Donde están los gremios?
Sorprende sobremanera el silencio de los gremios económicos locales y que no hayan sido más activos buscando soluciones. No se acepta la vía de la declaratoria de emergencia, que podría tal vez liberar obligaciones contractuales y permitir comenzar desde cero, pero tampoco proponen o entregan una alternativa. Ni rajan ni prestan el hacha.
El gobierno local además tiene las manos maniatadas por la incertidumbre legal de la suspensión temporal y existe una situación crónica de años de irregularidad institucional, a lo cual se agrega un asunto coyuntural de poco tiempo y una débil autoridad y mandato para ofrecer cambios significativos a unos problemas profundos que datan de años, agravados por la parálisis contractual que trajo la ley de garantías electorales.
Pero se esperaba algo más…
Un común denominador de los frentes en crisis es el manejo inadecuado de dineros públicos, no necesariamente la falta de los mismos. La mayor inversión pública de que se tenga memoria no ha resultado en el mejoramiento de la calidad de vida de los isleños y más bien ha ido en paralelo a la profundización de problemas. Un barril sin fondo de obras inconclusas.
Debemos contribuir a cambiar esto y a que el sector público deje de ser un mar de problemas, con menos indiferencia y más denuncias e ideas, e incentivarlo –como también al sector privado– a hacer más y mejores obras.
Es cierto que hay poca confianza en el sector público pero es nuestro único instrumento real y efectivo para solucionar gran parte de los problemas, teniendo en cuenta que los gremios poco hacen más allá de generar empleos y pagar sus impuestos, aunque sus actividades contribuyen a generar muchos de los problemas crónicos, casi todos derivados de la sobrepoblación.
El descenso de visitantes pondrá presión tanto en ellos como en los gobiernos local y nacional para buscar salidas adecuadas a los diferentes frentes en crisis. Una de esas podría ser algo que presionaba la Procuraduría, aunque ha bajado el perfil de la propuesta, la declaratoria de emergencia.
Hay una situación de emergencia en todo menos en nombre pero hay mucha reticencia en declararla. En otros lugares ya se habría hecho. ¿Con menos turistas llegando habría más argumentos para hacerlo?
No declararla podría considerarse una irresponsabilidad porque pondría en peligro muchas vidas. Incluso la de los turistas que no quieren espantar los gremios con su declaratoria, pero se podría usar esa declaratoria para tomar medidas que incentivarían a más turistas a venir.
De momento, el hospital no funciona bien, la cámara hiperbárica de San Andrés no está operando y si hay una emergencia seria que involucre a muchos no hay forma de atender bien a los isleños y menos a los turistas.
El gremio hotelero debe aceptar que su tendencia a defender el estado de cosas y concentrarse sólo en promover a las islas sin duda está agravando la situación y en efecto matando lentamente la gallina de los huevos de oro.
¿Un Gobierno Nacional indiferente frente a la crisis?
La suspensión del Gobernador confirma predicciones sobre la deficiente gobernabilidad en las islas y existe la sospecha de que hay muchas, demasiadas, ollas podridas aún por destaparse. Es bueno que se destapen, aunque lo paradójico es que también se paralizan cosas y posponen quizás el camino hacia soluciones.
Se esperaba un respiro, respuestas, un nuevo camino y una mayor participación nacional en las soluciones. Pero hay una sensación de indiferencia oficial nacional. Se esperaba algo más de decisiones y mano dura, pero el Gobierno Nacional ha tomado un camino medio de hacer lo mínimo. No ha mostrado liderazgo en la crisis como hizo por ejemplo en La Guajira. Se esperaba un esfuerzo especial con las islas, pero esas esperanzas quedaron en agrias decepciones.
¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver que algunos que manejan asuntos de las islas desde Bogotá estén salpicados por los escándalos locales? No puede toda una comunidad pagar para proteger a un puñado de empleados o funcionarios.
La Procuraduría, cuando ve algo, es muy lenta. Debe actuar de manera más eficiente y severa para no seguir siendo parte integral de los problemas isleños. Antes por su indiferencia e inacción, ahora por la incertidumbre e indefinición que ha paralizado la gobernabilidad en las islas.
Debe actuar rápido para que importantes decisiones se puedan tomar, como la de nombrar a una primera autoridad de tiempo completo y efectuar cambios profundos y necesarios en la administración pública local.
