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Las alertas rojas no atendidas sobre el archipiélago

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Un informe de la Contraloría General fechado en enero de 1995 afirmaba que una deficiente gestión ambiental causaba pérdidas incalculables en los ecosistemas del archipiélago de San Andrés y Providencia, al tiempo que señalaba como los problemas ambientales de mayor magnitud la contaminación hídrica, el volumen de basuras y la superpoblación. (http://correoconfidencial.com)

Hace un par de semanas la misma entidad en un informe de auditoría realizada sobre el archipiélago, señala como amenazas graves la filtración de aguas residuales, la contaminación del mar y el eventual desbordamiento de su relleno sanitario. Así pues, 23 años después la situación que ya se planteaba como muy riesgosa, no ha cambiado y por supuesto se ha agudizado dramáticamente.

La falta de gestión institucional y la desarticulación entre las entidades encargadas de la planificación territorial y ambiental son señaladas como las principales responsables de acuerdo con el ente de control, lo cual resulta inadmisible teniendo en cuenta que desde el año 2000  el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue declarado Reserva de Biosfera por la Unesco, lo cual implica que los esfuerzos estatales deben dirigirse a la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social y el mantenimiento de los valores culturales asociados (Unesco 1995).

Adicionalmente Colombia convirtió 65.000 km² de esa reserva en área marina protegida, adquiriendo el compromiso de desarrollar allí prácticas de pesca sostenible y acompañar de cerca la conservación de los ecosistemas.

Solo para mencionar algunas de sus características, se trata de la reserva de biosfera con mayor área marina que existe, con una barrera de coral que es la tercera en el mundo, donde se encuentran dos tercios de las especies de peces que hay en el Caribe, de donde los pescadores artesanales obtenían su sustento, y que ya cuenta con alertas rojas dado que el 90% de sus especies de coral y la mitad de sus especies de aves están amenazadas.

El informe de la Contraloría muestra la indolencia y la falta de cumplimiento de sus funciones por distintas autoridades nacionales y locales, especialmente las ambientales,  en relación con varios asuntos que se repiten sin solución año tras año:

1. A la escasez de agua dulce se suma la contaminación de acuíferos por aguas residuales por irresponsabilidad de la empresa que presta el servicio de alcantarillado, incumpliendo los parámetros que establecen límites a los contaminantes que pueden contener las aguas vertidas. Se detectó también que las aguas negras sin tratamiento están siendo vertidas a escasos 500 mts de la costa contaminando las aguas marinas.

2. La empresa prestadora del servicio de acueducto no cumple con su obligación de mejorar los índices de agua no contabilizada que es un importante parámetro de eficiencia de los prestadores de servicio de agua potable para reducir las pérdidas.

3. San Andrés estaría ad portas de una emergencia sanitaria debido a una política inadecuada para el manejo de residuos sólidos que trae como consecuencia el agotamiento del relleno sanitario, a lo cual se añade el mal manejo de los lixiviados que se filtran y contaminan suelos y aguas subterráneas. La disposición de residuos no se resuelve a pesar de contar desde el 2013 con una planta para el tratamiento de residuos sólidos, con capacidad para generar energía, la cual no opera supuestamente por desacuerdos entre la empresa y la Gobernación.

4. En las áreas protegidas se ha construido infraestructura que debería estar prohibida, ante la mirada impasible de las autoridades, al tiempo que existe infraestructura que no se usa para el propósito que fue construida.  Según el informe mencionado la autoridad ambiental (Coralina) no es eficaz en el cumplimiento de sus funciones y su falta de gestión es notoria.

5. En la realidad casi ningún servicio público funciona ni atiende adecuadamente las necesidades de sus pobladores.  Hace dos años el servicio de acueducto en toda la isla no superaba el 60%, mientras la cobertura en alcantarillado era de un 34%. Hace tres semanas  se produjo una crisis por medicamentos e insumos en el hospital local de San Andrés, imputable a la gobernación que no ha brindado las garantías para la prestación del servicio, por lo cual el operador solicitó su retiro. También el personal asistencial denunció incumplimientos en materia de contratación.

Ante el impacto por el fallo de la Corte Internacional de Justicia –según expertos, producto de un mal manejo del diferendo con Nicaragua, cuya responsabilidad es compartida con gobiernos anteriores-,  el gobierno nacional planteó el Plan Archipiélago en cabeza del cual puso a Rudolf Hommes. El exministro renunció dos años después aduciendo la falta de ejecución de los proyectos que comprometían a distintas entidades nacionales y regionales, en un territorio donde subsiste “el ingreso más bajo por habitante y la peor calidad de servicios públicos de la región”. Lamentó en su carta de renuncia, no haber podido combatir con contundencia las bandas criminales que se estaban apoderando del archipiélago a nivel territorial y político.

En efecto, la ubicación geográfica cercana a América central inserta al archipiélago en las rutas del narcotráfico seduciendo a los jóvenes principalmente, y poniéndolos al servicio de bandas criminales herederas del paramilitarismo, como una alternativa a la falta de empleo y de oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Las disputas por el control territorial y de las rutas del narcotráfico generaron profundos cambios en las islas, permearon sus instituciones y llevaron la violencia y el miedo a sus habitantes.

La isla del mar de los siete colores se parecía cada vez más a la Colombia continental cruzada por el conflicto armado asociado al narcotráfico y la consecuente violencia (asesinatos, extorsiones, desapariciones, amenazas) cuyas víctimas en su mayoría son también jóvenes. El pacifico paraíso turístico que le presentaron en julio del 2015 al ministro de defensa las autoridades de la isla, fue duramente controvertido por los hoteleros y comerciantes de San Andrés, quienes enviaron una carta llamando la atención sobre “la grave y preocupante situación” de seguridad por la guerra entre bandas criminales.

Ni siquiera el desafortunado fallo de la Corte Internacional de La Haya y el interés del gobierno central por captar la atención de la población del archipiélago y ejercer soberanía territorial,  ha movilizado realmente políticas públicas, entidades y recursos para atender las demandas planteadas de manera especial por la población nativa del archipiélago, los raizales, quienes han sido objeto de desplazamiento  territorial, cultural social y económico.

Así lo vienen expresando desde años atrás y especialmente en la Declaración de Autodeterminación de 2002, donde señalan que el estado colombiano persiste en su política integracionista frente a la población raizal, y afirman que “el régimen impuesto en nuestro territorio ha servido para depredar y destruir a nuestros recursos naturales y biodiversidad, impedir la implantación de nuestras propias prioridades de desarrollo, y ocasionarnos graves perjuicios económicos, sociales y políticos”.

La afectación a los raizales por cuenta de la violencia es gravísima, alcanzando un impacto demográfico y generacional. De acuerdo con un documental de la BBC realizado en 2015, hasta 800 hombres de Providencia se han perdido en el mar o cumplen sentencias en el exterior, lo que representa casi una cuarta parte de la población masculina.

No avanzan mucho los procesos de consulta y concertación con los raizales reconocidos como una población étnica diversa. El Estatuto Raizal lleva cinco años en ese proceso sin lograr mayores acuerdos, mientras los problemas de pérdida de sus tierras, la sobrepoblación, la destrucción de su hábitat terrestre y marino, la discriminación socioeconómica, la exclusión política, la imposición lingüística y la desestructuración cultural, avanzan a pasos acelerados.

¿Qué se necesita para que el gobierno central ponga atención a la problemática del archipiélago, más allá de trasladar el desfile militar del 20 de julio a las islas o diseñar planes desde la capital, que después resultan difícilmente realizables? ¿Qué se requiere para el gobierno departamental desanude los problemas que son de su resorte e implemente las políticas y estrategias concertadas y definidas de manera participativa con los distintos sectores que habitan el archipiélago? ¿Dónde están los organismos de control y vigilancia ejerciendo sus funciones de la manera más eficaz y expedita posible para proteger y defender los derechos de la población isleña, especialmente de la nativa raizal, pero también los derechos de la naturaleza, ambos continua y sistemáticamente violados en esa región?


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Última actualización ( Lunes, 30 de Abril de 2018 09:26 )  

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