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Principio 10: Tratado vinculante en América Latina y el Caribe

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PINEDA.MUNOZEl pasado 3 de marzo en San José de Costa Rica, 25 países de América Latina y el Caribe firmaron un tratado que materializa el Principio 10 de la Declaración de Río, logrando con ello un compromiso vinculante que busca fortalecer la justicia y la democracia ambiental en toda la región.

La firma de los representantes de cada nación se dio tras la novena reunión del ‘Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia’ llevada a cabo del 28 de febrero al 04 de marzo en Costa Rica. La negociación que habría tardado seis años en lograr el consenso, logra un acuerdo sin precedentes para toda la región.

¿Qué es el Principio 10?

El principio 10 de la declaración de Rio, es un principio establecido en la Declaración de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en el cual se plantea que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, quienes deberán tener acceso adecuado a la información ambiental, la oportunidad de participar en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.1

Adicionalmente, el Principio plantea que cada país debe “garantizar un entorno seguro propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Lo anterior resulta de gran importancia para nuestra región teniendo en cuenta que las últimas estadísticas muestran que América Latina es una de las regiones más peligrosas para los activistas ambientales, pues tan solo el año pasado 197 activistas fueron asesinados a nivel mundial de los cuales el 60% serían de América Latina y el Caribe.

Negociación del Principio 10

Colombia adoptó la Declaración de Río en 2012 en el marco de la conferencia de las naciones unidas sobre el desarrollo sostenible (Rio+20), y en 2014 los países tratantes decidieron iniciar las negociaciones para crear un instrumento regional para América Latina y el Caribe, pero tardó diversas reuniones y otros cuatro años adicionales poder tener un consenso respecto a algunos puntos del acuerdo.
El proceso de negociación de este instrumento regional, cuenta con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas que actúa como secretaría técnica de este acuerdo, y reúne a los 25 países signatarios de la Declaración de Río. Antes del inicio de las negociaciones, se llevaron a cabo cuatro reuniones de los puntos focales de los países signatarios y 14 encuentros de los grupos de trabajo.

Fue precisamente durante la segunda reunión de los puntos focales en 2013, que Colombia adhirió a la declaración y se incorporó al proceso como coordinador del grupo de fortalecimiento de capacidades nacionales y cooperación, junto con Jamaica.1

Posteriormente, en 2014 se adoptó la decisión de Santiago que estableció el mandato de dar inicio a la negociación del instrumento regional, para lo cual se creó un comité de negociación, integrado por representantes de todos los países signatarios de la declaración y del público. Así mismo, se designó en 2014 una mesa directiva del comité, la cual está conformada por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Chile y Costa Rica.

Durante las negociaciones, Colombia adoptó una posición para los acuerdos definida como resultado de consultas y reuniones interinstitucionales previas a cada negociación y ha mantenido como una constante, la defensa de principios orientadores como la progresividad, la flexibilidad, la cooperación y el reconocimiento a las diferentes capacidades de los estados.

Principalmente el país se encontraba en desacuerdo (junto con México y Jamaica) con no poder guardar reservas posterior a la firma del tratado, ya que consideraban que no todos los países deberían estar en la obligación de cumplir todos los puntos pactados pues no se encontraban en las mismas condiciones. Adicionalmente, los delegados de Colombia no estaban de acuerdo con que hubiese un comité de seguimiento, sin embargo, al finalizar el encuentro nuestro país finalmente accedió a los puntos anteriores.

Implicaciones del Tratado Vinculante

Para lograr lo estipulado en el Principio 10, los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes, y deberá haber seguridad para los ambientalistas en cada país. Para cumplimiento de los acuerdos, se creará una Conferencia de las Partes la cual será convocada por el CEPAL en un año después de la firma del tratado.

Colombia venía ya adelantando acciones concretas en democracia y justicia ambiental en el país que garantizaran el cumplimiento del Principio 10, por lo cual se ha avanzado en el fortalecido el Sistema de Información Ambiental, la adopción de la Política de Gobierno Abierto, la expedición de la Ley estatutaria de participación ciudadana, el establecimiento del Sistema de información de registro y seguimiento de las emisiones y transferencias de contaminantes, entre otros.1

De hecho, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido mecanismos de consulta al público, una Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), infografías, enlaces de interés y un espacio para que la ciudadanía participe, los cuales se encuentran disponibles para la comunidad en la página web de la entidad.

El reto, sin embargo, se encuentra en solucionar los temas relacionados con seguridad de los ambientalistas y líderes indígenas que protegen los recursos, quienes en el país han sufrido amenazas, atentados y han sido asesinados a lo largo de los años, sin acciones contundentes por parte del gobierno que reflejen su seguridad. Con este nuevo tratado, esperemos, podamos darle pronta solución a esta problemática, y seamos todos los colombianos partícipes de las decisiones ambientales, tal como nos lo permite hacer este Principio de justicia ambiental.

Literatura citada
1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2018. Declaración del Principio 10 para América Latina y el Caribe. En: http://www.minambiente.gov.co


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