En 1995 El Tiempo publicó una noticia sobre el descaro con el que se ha burlado el fallo que condiciona las licencias de construcción en San Andrés, a la entrega de proyectos de infraestructura vitales para la población. Hay muchas causas que merecen atención, y si hay algo que valga la pena recordar en San Andrés un día antes de ir a votar, es nuestro silencio.
En una ciudad pequeña el silencio es un aliado, menos hablas, menos te molestan. Pero la tibieza puede salir cara. En mi caso personal, el costo es la paz mental tras recordar las condiciones en las que hace veinticuatro años, en el ‘94, un fallo de la Corte Constitucional, el máximo órgano judicial de este país, obligó a la Gobernación Departamental y a la Junta de Planeación del Departamento, a la famosa suspensión de licencias de construcción.
En 1995, a punta de silencios, ya nos habíamos pasado a la Corte por la faja. En ese año, de todas formas, un informe de la Procuraduría General de la Nación obligó a la suspensión de 71 licencias que se encontraban activas a pesar del fallo de tutela, que obligaba al departamento a ampliar las redes del alcantarillado, y a evitar el aumento poblacional, antes de admitir nuevos desarrollos inmobiliarios que no tuvieran un objeto social.
Ninguna de las dos cosas se han cumplido hasta hoy, y lo que continúa vigente es tanto el fallo de tutela, como el Decreto 325 de 2003, el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual además se prohíben expresamente las construcciones hoteleras en predios rurales.
Hace dos semanas hubo una reunión entre los hoteleros y la Occre. El gremio está preocupado por la crisis de personal que enfrenta para operar normalmente. La noticia dice que hay hoteles que tienen hasta 130 vacantes, y que a pesar de sus esfuerzos, los locales rechazan los trabajos, o saltan de uno a otro creando inestabilidad. Preocupa especialmente la falta de obreros de la construcción.
La impaciencia es legítima, pero los hoteleros, en ejercicio de la proyección visionaria y de la responsabilidad social que debe caracterizar a los líderes empresariales, bien harían en enfocar sus presiones sobre todo en la Gobernación del Departamento, para que resuelva definitivamente el problema de infraestructura básica de servicios públicos, en vez de prolongar silencios que hospedan a más y más elefantes blancos en forma de promesas, que acaban siendo soluciones inviables para el Archipiélago (como la planta de tratamiento de aguas residuales ‘Krofta’ que arregla un problema pero crea dos más, o la incineradora de residuos sólidos que es la misma historia).
La Corte Constitucional es clara: el fallo proferido se extendió incluso a los hoteles denominados “autosostenibles” –como el Sunrise Beach según cita la sentencia, que tiene plantas propias de desalinización y de tratamiento de aguas–, porque de todas formas no contribuyen a la solución definitiva del problema. Una sentencia de tutela previa del máximo tribunal –la T-366 del ‘93– recomendaba a todos los entes territoriales no otorgar licencias en sectores con precaria infraestructura, incluyendo aquella necesaria para la disposición correcta de residuos sólidos.
El tema se espina más cuando nos movemos a los predios rurales. Corren rumores de grandes proyectos hoteleros que se estarían aprobando al sur de la isla, inclusive sin el trámite de la consulta previa obligatoria. A pesar de que la prohibición de hoteles en zona rural es clarísima en el POT, los constructores se cobijan en la figura permitida de “comercios turísticos”.
Parece una broma, pero no lo es: el bosque seco tropical, el abastecimiento de agua, el nivel de pluviosidad, y las declaradas zonas de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera de la Humanidad Seaflower, están en peligro a causa de 24 años de evasivas e ilegalidades.
Los desarrolladores argumentan que en el área hay otros hoteles construidos, y las autoridades estiman suficiente un principio de igualdad sustentado de forma superflua para silenciar completamente al POT, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría, a los veedores, a periodistas y activistas, y a todos los ciudadanos que nos preocupamos por el inminente deterioro de la Reserva, y por supuesto, a la Occre, que tendrá que hacer maromas para permitir la entrada de trabajadores del continente, aunque no haya cómo disponer correctamente ni de su primera ida al baño, ni de la primera botella de agua que tiren al cesto de basura.
En abril del año pasado la Procuraduría solicitó al Tribunal de Cartagena, el que prohibió las licencias en el ’94, declarar el desacato del fallo de la Corte Constitucional. Desconozco qué ha pasado desde entonces, pero espero el momento en el que el silencio se rompa de nuevo. Primero el mío, y luego el de todos los demás. Todos los actores involucrados debemos hallar un acuerdo para una solución a todas luces conveniente incluso para valorizar aún más las inversiones privadas en esta isla. No hay de otra, sino todos vamos pa’bajo. Peace out.
